Tardan tres años: la FGR para imputarlos, y fiscalía bajacaliforniana para lograr sentencias de agentes estatales detenidos en flagrancia. Alrededor de 150 agentes estatales denunciados en el morenismo bajacaliforniano, siguen impunes
Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California fueron sentenciados a 55 años de prisión por lesiones, privación de la libertad y tortura; otros están siendo procesados por romper sellos y alterar una escena del crimen; unos más tienen carpetas iniciadas por liberar criminales; y los más, denunciados por robo, lesiones y abuso de autoridad.
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En algunos casos, existen señalamientos y la presunción de que los agentes cometieron esos delitos con la intención de robar droga y dinero, pero no han sido acusados por falta de elementos.
En un largo proceso judicial, el 9 de junio de 2023, Jesús León Beltrán, Jesús Moraila Gaxiola y Alejandro Toledo Casillas, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad de Baja California (FESC), quedaron sujetos a proceso; los sorprendieron después de que ingresaron a buscar droga a una casa -se ignora si la encontraron-, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) les dejó el inmueble en resguardo.
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A partir del 19 de enero de 2020, tres años debieron pasar para que el laxo brazo de la justicia los alcanzara. No será así en el caso del cuarto agente, Gerardo Gómez Quezada, quien está en la lista de imputados, pero murió en tiempos de la pandemia debido a complicaciones de una “neumonía atípica” tres meses después de los hechos.
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De acuerdo a datos expuestos ante el juez, los agentes antes mencionados “pusieron el trabajo”. El 19 de enero de 2020, llamaron a la delegación de la FGR para informar que tenían elementos de prueba para presumir la presencia de droga en el domicilio ubicado entre las calles Tezozomoc y calle Tonatiuh de la colonia Aztlán en Rosarito.
Un juez concedió el acceso a los agentes federales, ingresaron y aseguraron 82 kilos 674 gramos de metanfetamina y otros 4 kilos 751 de heroína. Al retirarse pusieron sellos y dejaron a los agentes León, Moraila, Toledo y Gómez resguardándolo.
Un poco más tarde, el agente del Ministerio público se dio cuenta que, pese a haber dado instrucciones, no habían asegurado una computadora que localizaron en la escena y envió por ella.
Al llegar los federales, observaron que los policías del Estado se habían retirado, pero antes habían roto los sellos del aseguramiento, revuelto la casa y hecho hoyos en varias paredes, buscando “algo”.
Previamente, durante el cateo habían insistido con la versión de que había un clavo- dinero- en la casa.
Moraila Gaxiola ya había sido detenido el 19 de noviembre de 2016 al intentar cruzar por la Garita de San Ysidro, ya que tenía una orden de aprehensión por abuso de autoridad. Acusación por la que se amparó y evidentemente libró. Posteriormente, el 5 de mayo de 2020, en su día de descanso fue atacado a balazos cuando acudió a un taller mecánico en Cañón Las Palmeras en Tijuana; la investigación por ese ataque no registró avances.
En cuanto a León Beltrán, tenía una denuncia de abuso de autoridad previa a 2019, y no hay registro de antecedentes de Toledo en archivos públicos.
Cuarenta meses después de iniciada la investigación por la FGR, los agentes están enfrentando cargos por quebrantamiento de sellos, delito previsto y sancionado en el Artículo 187 del Código Penal Federal; y por alteraciones, modificación, destrucción y perturbación del lugar relacionado con los hechos delictivos, delito previsto y sancionado en el Artículo 225, fracción XXXI del Código Penal Federal.
La penalidad por el primer delito es “… de treinta a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad”, y por el segundo “(…) de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días multa”. Más el agravante por ser agentes policíacos.
Se ignora si los agentes encontraron dinero o droga, pero después de invadir y destruir la escena del crimen, no reportaron ningún hallazgo. La fiscalía tampoco investigó.
En este juicio, los delitos presuntamente cometidos por los agentes no son considerados graves, razón por la cual están llevando su proceso en libertad.
Como medida preventiva, el juez les ordenó acudir cada 15 días a firmar ante el Juzgado e impuso una fianza de 6 mil pesos.
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ZETA preguntó a la secretaría a través de Comunicación Social de Gobierno del Estado, si León Beltrán, Moraila Gaxiola y Toledo Casillas estaban suspendidos o seguían en servicio, pero al cierre de edición, no había dado una respuesta.
Este cuestionamiento se hizo porque previamente ya se le había preguntado al secretario de Seguridad, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, de la situación laboral de otro agente, Sotero GR, quien está siendo investigado por el delito de violación impropia en una carpeta iniciada el 24 de abril de 2023 (NUC 024-2023-17834), de quien el General informó, actualmente se encuentra laborando.
La razón expuesta por el funcionario fue, que ni él, ni la secretaría que titula, van a realizar juicios a priori, y no consideró necesario suspenderlo del servicio en beneficio de las investigaciones, hasta que sean acusados formalmente.
En junio, la casa en la que actualmente viven la joven que lo denunció y su madre fue reportada anónimamente como un punto donde se realizaron detonaciones de arma de fuego droga, lo que resultó en un intento de irrupción de la Policía Municipal de Tijuana, quienes enterados de la denuncia previa contra Sotero, sospecharon del agente estatal como posible autor de la llamada.
LA DENUNCIA DEL GENERAL
A pesar de que la fiscalía bajacaliforniana tiene varias carpetas abiertas en contra de elementos de la FESC, en entrevista reciente con este Semanario, el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California consideró a su policía depurada y aseguró que sólo se había registrado una denuncia en el presente año.
Este caso en particular se inició ante la fiscalía a instancias del General Aguilar, quien prácticamente envió al denunciante; el secretario habló de “una colaboración con narcotráfico”.
El 26 de junio en Tijuana, agentes de la FESC intervinieron y detuvieron a un hombre en posesión de un polvo blanco, al parecer cocaína, pero entonces llegaron sus mandos y les dijeron “Váyanse, nosotros nos encargamos” y al final ni el sujeto ni la droga fueron puestos a disposición.
Los agentes en cuestión son Eduardo Alberto Ramírez García, Christian Noé Orozco Garay y Héctor Benítez Torrecilla.
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Como la fiscalía considera tiene poca evidencia para un crimen mayor, decidió iniciar la carpeta por el delito de coalición de servidores públicos, “los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una Ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas”, el cual tampoco es grave y se sanciona de dos a siete años de prisión y multa de 30 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, UMA (de 3 mil a 31 mil pesos) en el momento de la comisión del delito.
Ramírez García tiene una denuncia previa por tortura, en 2018 Orozco se amparó contra procedimientos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Torrecillas no registra información pública.
CONTINÚAN DENUNCIAS
Con el objetivo de acabar con una fama de corrupción y abusos, las fuerzas operativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California han cambiado de denominación en tres ocasiones.
Fueron Policía Estatal Preventiva (PEP) de 2002 a noviembre de 2019; en esa fecha y bajo la administración del ex gobernador Jaime Bonilla, cambiaron su nombre a Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) hasta diciembre el 31 de diciembre 2021; y a partir del 1 de enero de 2022, se convirtieron en la FESC.
En su segunda década de existencia, la Policía Estatal empezó a ser contantemente señalada públicamente por usar la “inteligencia” de la corporación para identificar presuntos criminales y después robarles droga, dinero, armas y extorsionarlos. También, extorsionar y torturar a gente inocente a quien invariablemente le preguntaban dónde tenían escondida la droga y el dinero.
A pesar de la mala fama pública, resulta que pocas denuncias se han materializado, y algunas de las que se presentaron, simplemente se congelaron.
Las estadísticas oficiales en la Fiscalía Regional de Tijuana, donde esta corporación tiene más denuncias, informaron que las carpetas iniciadas contra elementos estatales son:
De la extrañamente reducida estadística anterior resulta, que las 23 denuncias de la FESC de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, y las 29 contra la GESI de Bonilla, están muy por encima de las cuatro en contra de la PEP registradas los tres años previos.
Al momento, las administraciones morenistas, en esas 52 carpetas, acumulan un promedio de 150 a 200 policías estatales denunciados -usualmente laboran en unidades con tres o cuatro agentes-, la mayoría sin ser procesados.
Antes, en 2014, el entonces delegado de la FGR, Rafael González Cervantes, entregó en a la fiscalía estatal encabezada en aquel momento por Perla Ibarra una lista de 300 denuncias contra elementos estatales acumuladas en dos años, en entrevista realizada en aquellos tiempos, la procuradora reconoció la existencia y, frente a los reporteros de ZETA, dio la orden de entregar la información de los presuntos delitos de los estatales investigados al Semanario, para después, en lo privado, advertir a su personal, que debían ocultarse de la prensa.
Del periodo de Ibarra (2013-2016), el siguiente fiscal sólo encontró registros de 151 carpetas iniciadas contra elementos estatales en todo el Estado. Más del 90% no registraba avance.
TRES AÑOS PARA SENTENCIA
El caso de éxito más reciente de la FGE, tratándose de policías del Estado, fue el fallo condenatorio dictado el 23 de diciembre de 2022 en contra de los agentes Martín German Hernández Ojeda, José Iribe López y Esteban Leonel Castillo, cada uno sentenciado a 55 años de prisión y un pago de 4 mil 500 UMA, alrededor de 463 mil pesos.
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En la carpeta inicial, se inició proceso en contra de los elementos estatales David Herrera Macklís, Martín Germán Hernández Ojeda, Luis Fernando Muñoz Flores, Jorge Germán Campos Flores, José Iribe López, Francisco Javier Aguilar Torres; y el agente municipal de Tijuana, Castillo Rodríguez, detenidos en presunta flagrancia y vinculados a proceso el 16 de octubre de 2019 por el delito de secuestro exprés.
Los agentes llegaron a la casa de una familia en la colonia Artesanal en Tijuana amagando a un hombre al que le exigían la droga y el dinero, que según ellos tenía enterrado debajo de uno de los autos en su estacionamiento. Fueron sorprendidos por una pareja de agentes municipales que presuntamente al pasar, escucharon los gritos de auxilio y al ingresar encontraron en el patio a un hombre con heridas punzocortantes en rostro y manos, heridas de bala en ambas piernas, y sometido; su esposa estaba en un baño, amarrada con cinchos de plástico y una menor de 10 años a su lado.
Respecto a este caso, se informó que Iribe, Castillo, Aguilar, Muñoz y Campos están internos purgando condena; Herrera Macklís fue liberado el 15 de diciembre de 2022, mientras German Hernández y Jorge German Campos no han sido detenidos.
