En un año, van dos ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) con Exámenes de Confianza aprobados, uno adscrito a la oficina del fiscal Ricardo Carpio, y el otro a la fiscalía regional, que han sido detenidos por cruzar droga a Estados Unidos.
Respecto al origen de la droga, en ambos casos se desconoce, “es de los decomisos” aseguraron algunos agentes de la propia FGE, que pidieron anonimato. “Eso sería casi imposible, porque nosotros aseguramos droga en cantidades menores”, manifestaron desde la Unidad de Narcomenudeo.
Ana Sofía López Osuna, de 32 años, llevaba ocho años en la FGE bajacaliforniana. Desde 2016 trabajaba en la regional de Tijuana. El jueves 22 de junio de 2023, pidió a su directora Paulina Velázquez, permiso para salir 10 minutos antes a su hora de comer -de 15:00 a 18:00 horas-, algo poco usual, pero que no resultó sospechoso.
De acuerdo a las pruebas de confianza, la mujer presuntamente vivía acorde a su sueldo, 12 mil 053.54 pesos más 21 mil 446.60 de compensación, que dan un total 33 mil 500. 14 pesos mensuales. “Se había puesto la banda gástrica” y “traía una bolsa muy bonita”, fue el único comentario en contra hecho por sus compañeros, aludiendo a un artículo caro de marca que no especificaron, y en ambos, de alto desembolso económico.
Ese jueves, López Osuna cruzó a Estados Unidos a las 15:25 horas, fue detenida alrededor de las 17:00 horas y formalmente arrestada a las 21:00 horas.
En EU la acusaron junto con un hombre llamado Oliver Alan Rosas Gómez, ambos fueron procesados porque “… se combinaron, conspiraron y se pusieron de acuerdo juntos y con cada uno con otro, y con otras personas conocidas y desconocidas, para distribuir una mezcla y sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Lista II; en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 841(a)(l) y 846”.
Entre seis y siete de la tarde de ese jueves, en la FGE la directora informó al fiscal regional, Edgar Mendoza, que la MP no había regresado, que le marcaban al celular y no respondía. Pero fue hasta la mañana del viernes 23 de junio cuando recibieron información, mínima, dos líneas: el nombre de la agente y la palabra “detenida”. El mismo día se levantó un acta administrativa por ausencia, y al completar las tres faltas, iniciaron el trámite para darla de baja.
“La familia también nos informó”, declaró el titular de la FGE, Ricardo Carpio Sánchez.
La madre de López, con 16 años de servicio en la fiscalía y su hermana, que tenía meses de haber sido contratada, también quedaron fuera de la institución, al renunciar voluntariamente.
“Nos informan -de Estados Unidos- y dimos aviso a Fiscalía General de la República, ya que son hechos evidentemente de competencia federal” para investigación, agregó el funcionario.
Sofía López no fue sorprendida en posesión de la droga como se había informado al principio de manera extraoficial. Sin embargo, de acuerdo a Rosas, su presunto cómplice, López cruzó los 37.9 kilos de cocaína en su auto de Tijuana a San Ysidro. El sujeto “declaró que recibió el Malibu de LÓPEZ, y retiró los paquetes de narcóticos ocultos dentro del Malibú antes de devolverle el Malibu a LÓPEZ”, como se lee en la acusación del caso, 323-mj-02251.
Rosas también “admitió que transportaban narcóticos al condado de Los Ángeles y declararon que le estaban pagando aproximadamente $4,000 para hacerlo”.
Consultados los compañeros de López, dijeron que era una empleada tranquila, que cumplía su trabajo y horarios, seria, “no daba el perfil de delincuente”, manifestaron sus superiores.
Durante sus nueve años en la FGE, no tuvo ningún proceso administrativo en su contra. En septiembre de 2020 había aprobado los Exámenes de Confianza vigentes por tres años como agente del Ministerio Público. Y oportunamente, tenía cita para su próxima evaluación en julio.
De acuerdo a sus jefes, el cargo que ostentaba la detenida implicaba “labores administrativas y seguimiento de exhortos, atención de requerimientos y contestación de oficios”, para estos trabajos hay dos asistentes ministeriales y dos ministerios públicos que se desempeñan bajo las órdenes de la directora Paulina Velázquez, quien trabaja de la mano del fiscal regional.
La joven López ingresó como canalizadora en diciembre de 2015 a la Dirección de Averiguaciones Previas, bajo la supervisión de Nelson Iván Garza Rodríguez; en agosto de 2016 pasó a la Agencia de Robos Domiciliarios y en noviembre del mismo año fue transferida a la Agencia del MP con Detenido; menos de un mes después fue reubicada a la Supervisión de Unidades de Investigación de nuevo con Garza ya en la Fiscalía Regional de Tijuana, encabezada por Jorge Álvarez. En 2017 tuvo una promoción como Auxiliar del Ministerio Público.
El 31 de mayo de 2020, fue designada Agente del Ministerio Público y, el 8 de junio de 2020, a través de un oficio firmado por el entonces fiscal central Hirma Sánchez, se informó que por instrucciones del entonces fiscal general, Guillermo Ruiz Hernández, López Osuna quedaba adscrita a la Fiscalía Regional de Tijuana, encabezada en aquel momento por Hortensia Noriega. Cargo que conservó a la llegada de actual titular Edgar Mendoza, de acuerdo al reporte oficial enviado al fiscal general Ricardo Carpio.
EL MALIBU 2012
De acuerdo a lo reportado en el documento de la acusación 323-mj-02251, López Osuna fue intervenida alrededor de las cinco de la tarde, policías investigadores la retuvieron después que abandonó la pequeña Plaza Square, ubicada en 1495 East Plaza Boulevard en National City. Se fue alrededor de la 16:49 horas, cuando Oliver Alan Rosas Gómez le regresó su auto, un Malibu LTZ dorado 2012 con placas mexicanas, el mismo con el que había cruzado la garita de San Ysidro a la hora de comida, cruce que de acuerdo a tiempo promedio en ese horario debió llevarle 20 minutos por Sentri, o 110 minutos por Ready Lane.
“Las bases de datos policiales mostraron que el Malibu fue cruzado por LOPEZ a través del puerto de entrada de San Ysidro aproximadamente a las 3:25 PM”, se lee en la acusación. Pasó rápido del lado estadounidense y tenía buen tiempo para regresar.
El lugar donde la agente López y el sujeto Rosas intercambiaron carros por primera vez, no está registrado en el expediente de la acusación primaria, ni se mencionó en la audiencia del martes 27 de junio, cuando los acusaron.
Consultado el sistema Google, indicó que el tiempo estimado de un traslado de la garita al domicilio vigilado donde los investigadores vieron por primera vez el vehículo, es de aproximadamente 18 minutos.
Respecto a la participación de Sofía, la imputación refiere: “Las autoridades policiales siguieron a LÓPEZ mientras se alejaba en el (auto marca) Malibu. Las autoridades policiales observaron a LÓPEZ hacer un cambio de carril inseguro sin señalizar y exceder el límite de velocidad y realizó una parada de tráfico. LÓPEZ, les dijo a las autoridades policiales durante la intervención de tráfico que iba de compras, durante su descanso para almorzar en el trabajo en Tijuana, Baja California, México. El Equipo de Fuerza Canina realizó un olfateo en exterior del auto y un Perro Detección de Narcóticos alertó sobre el panel basculante del lado del conductor del Malibu. Las autoridades policiales localizaron un compartimento que no era de fábrica en el parachoques trasero del Malibu, que estaba vacío”.
Lo que desconocía la agente del Ministerio Público era que su presunto cómplice, Oliver Rosas, era objetivo de vigilancia policíaca y de una investigación. La participación de la mujer fue descubierta mientras daban seguimiento al sujeto.
De acuerdo a la acusación textual presentada ante el juez Daniele Carnicero y firmada por Robert Forbes, oficial de la Fuerza de Tarea Investigaciones de Seguridad Nacional, el 22 de junio de 2023, las autoridades policiales estaban realizando “vigilancia frente a una residencia en el 620 E. 4th Street en National City, California. La residencia es un alquiler a corto plazo (Airbnb).
“Aproximadamente a las 3:45 PM, las autoridades policiales vieron por una cámara un Chevrolet Malibu LTZ dorado 2012 -el carro de la agente López- con placas mexicanas llegar a la residencia conducido por un hombre, más tarde identificado como Oliver Alan ROSAS Gómez, y lo metió a la cochera. Aproximadamente a las 4:49 PM, ROSAS condujo el Malibu a un centro comercial”, ahí fue donde observaron a Sofía subir a su auto y llevárselo.
LA BRONCO
Entonces, en el mismo estacionamiento, Oliver Rosas caminó y abordó una Ford Bronco Sport 2021 color azul claro. Como él era el primer vigilado, continuaron la vigilancia mientras regresó a la casa en la calle del 620 E. 4th Street en National City y metió el auto a la cochera “aproximadamente a las 5:06 PM”, para después sacarlo al callejón “aproximadamente a las 5:22 PM (…) luego salió por la puerta principal hacia el Bronco poco tiempo después, autoridades policiales detuvieron” para que no destruyera las pruebas, al ser aprehendido dijo “I fucked up” y así lo registraron en el expediente.
Con Rosas, de nuevo usaron al equipo canino, esta vez por fuera de la Bronco y olfateó narcóticos, fue en la llanta trasera del lado del conductor. Con estos antecedentes, “las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley solicitaron y se les concedió una orden de registro estatal para el Bronco y la residencia”, la cual ejecutaron “aproximadamente a las 7:50 PM”.
El mismo jueves las autoridades policiales registraron la unidad Bronco y descubrieron “31 paquetes en una gran bolsa de lona en el área de carga trasera del vehículo, con un peso total aproximado de 37.9 kilos (83:55 libras)”, y el muestreo dio positivo a cocaína. En la casa no encontraron nada.
El expediente penal del caso 3:23-MJ-02251 indica que Samuel R. Figueroa compareció como abogado de López y que en la orden de detención se informa sobre la renuncia de los acusados a la libertad bajo fianza, situación que puede modificar una moción mediante la cual la Corte ordena a los Estados Unidos cumplir con el deber continuo de revelar pruebas que sean favorables al acusado.
“QUÉ BUENO QUE LA AGARRARON”: CARPIO
“En mi opinión personal, no vemos, del contenido de lo que nos han compartido, no es un tema de mula ciega, es un caso de conspiración, estamos colaborando”, expuso respecto a la captura de López el fiscal general de Baja california, Ricardo Carpio.
También dijo que “era una investigación que tenía varios meses”, y agregó, “qué bueno que la agarraron”.
Cuestionado por la prensa tijuanense como parte de la conferencia mañanera del miércoles 28 de junio, respecto a la deficiencia de los controles en temas de corrupción por parte de la FGE, intentó restar impacto al hecho de que dos ministerios públicos, con Exámenes de Confianza aprobados, uno adscrito a su oficina y el otro a la fiscalía regional, hayan sido detenidos cruzando droga en el último año.
Contrastados estos hechos con sus estadísticas, en la que reportó que en los últimos 10 meses la fiscalía ha ejercitado acción penal en contra de 23 servidores públicos de la institución -67% superior a otros años-, la mayoría por abuso de autoridad, seis por violencia familiar, bajas por consumo de drogas, han hecho 2 mil 700 exámenes toxicológicos.
También han presentado los casos de 57 funcionarios de la fiscalía a la Comisión de Disciplina, de los cuales 52 han terminado en investigación de seguimiento por temas relacionados con su situación patrimonial.
ASISTENTE DEL FISCAL, DETENIDO CON METANFETAMINA
Un año antes, el 7 de junio de 2022, Octavio Andrée Espino Torres, agente del Ministerio Público de la FGE, con cargo de asistente en la oficina del titular Ricardo Carpio, fue detenido cruzando la Garita de San Ysidro, ya que en diversos compartimentos hechizos en su auto, los agentes encontraron 29. 34 kilos de metanfetamina.
Él también había aprovechado su hora de comida, en día laborable, para ir hacer compras a San Diego. Dijo que iba adquirir unos trajes acordes a su actual cargo. Se presentaba como secretario particular del fiscal.
El Departamento de Justicia de Estado Unidos lo acusó: “…a sabiendas, trajo metanfetamina a los Estados Unidos (…) comenzando en una fecha desconocida y terminando en/o alrededor del 7 de junio de 2022, hubo un acuerdo entre dos o más personas para cometer al menos un delito… y se convirtió en miembro de la conspiración”.
Durante diez meses, su abogado realizó varias mociones, en una de ellas, logró que el 2 de septiembre de 2022 le otorgaran el beneficio de llevar el proceso en libertad bajo fianza. Espino se había declarado no culpable y pretendió ser considerado mula ciega, personas que cruzan de manera contante a Estados Unidos, a las que les “siembran droga” en los autos sin su autorización, y la cruzan a Estados Unidos sin saber.
Estaba citado para el 12 de abril del 2023, para comparecer en audiencia frente la jueza Linda López, pero no se presentó; tampoco lo hizo el martes 18 de abril, al inicio de su juicio. Poco antes, había sido informado de los elementos de prueba que tenía la oficina del fiscal en su contra.
De los cruces indicaron que, en tres años, sólo había pasado 15 veces por las garitas, tres de ellas a pie, pero “los registros de cruce fronterizo de (TECS) documentan que el acusado ingresó a los Estados Unidos en cuatro ocasiones distintas en el mes anteriora su arresto, sin incluir la entrada y arresto del acusado”.
De los mensajes destacaron: “En cuatro ocasiones antes del arresto del acusado el 7 de junio, el acusado hace planes con Mario para viajar a la Estados Unidos. El acusado luego envía un mensaje a Mario después de ingresar a los Estados Unidos para obtener más instrucciones. Mario y el demandado discuten el pago de estos viajes”.
Al no presentarse al juicio, Espino evadió la justicia y “El gobierno -de Estados Unidos- tiene la intención de presentar una moción de confiscación de bonos” de los 40 mil dólares que se habían dejado como fianza, pero no fue declarado prófugo.
Hay que destacar que en BC, Espino también tenía vigentes los Exámenes de Confianza. Brenda Valdez, entonces directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza, detalló que en noviembre de 2021 lo habían aprobado para ser Agente del Ministerio Público, pero aclaró, “no para la oficina del fiscal”; también habían informado al entonces fiscal Guillermo Ruiz Hernández de algunas observaciones “que consideramos podrían ser un riesgo para la institución”.
Días después de facilitar esta información, la funcionaria fue removida del cargo.
OPERATIVO LUZ VERDE
Once años antes, el 22 de julio de 2010, Jesús Quiñonez, entonces director de Enlace de la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy FGE) con 14 años de servicio, fue detenido al concluir una reunión en las oficinas de la Policía de San Diego.
Al día siguiente las autoridades de EU informaron que el agente mexicano era uno de los 32 detenidos como resultado del Operativo Luz Verde dirigido por el FBI, en el que se había detectado a 42 operadores criminales encabezado por Armando Villarreal y su jefe del Cártel Arellano Félix (CAF), quien entonces era Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero.
Durante años Quiñones se declaró inocente, lo acusaron de conspiración para lavado de dinero, además de proporcionar y manipular información a favor del CAF. Como pruebas presentaron el contenido de cinco llamadas del enlace con José Alfredo Nájera Gil, también ex empleado de la procuraduría y en ese momento lugarteniente del cártel. La investigación, que llevó seis meses, tenía grabadas 50 mil conversaciones de 40 teléfonos y se evitaron 25 incidentes violentos.
Al inicio del juicio, la defensa citó a declarar al entonces procurador Rommel Moreno Manjarrez, bajo el argumento de que el fiscal le había dado instrucciones de mantener comunicación con ex agentes ligados a los cárteles para tener información de los delitos y que Nájera estaba registrado como su “informante”, pero el funcionario no respondió y ninguna autoridad lo requirió.
Por recomendación de su abogado, Quiñonez terminó declarándose culpable para purgar una condena de 7 años en lugar de 30, sentencia que ya cumplió.
La detención del escolta de alcalde Tecate …seguir leyendo
