Estudiantes egresados de Instituto Progressa, antes Instituto Galardones, en Rosarito, interpusieron su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por el delito de fraude, tal como sucedió con los alumnos de CEATT y CEBC a inicios de este año.
En entrevista con ZETA, Paulina Chavarín, una de las afectadas, relató que ella ingresó a estudiar la preparatoria en el plantel de la colonia Plan Libertador, en enero de 2022, para graduarse en un año.
Sin embargo, en marzo fue su graduación y no le dieron su certificado; esperó un mes y seguían sin resolverle, después se enteró que otros egresados, tanto de preparatoria como de Enfermería, también seguían sin sus certificaciones, algunos desde 2021.
“En el transcurso de mi curso en esa escuela, nosotros empezamos a notar muchas anomalías que no nos cuadraban…”, explicó.
Una de ellas fue el cambio de ubicación del plantel a dos meses de iniciar clases, sin previo aviso, y de estar cerca del puente Machado se fueron a la colonia Plan Libertador; además, tampoco les daban recibos de pago cuando cubrían el costo de inscripción, libros o uniformes.
Una maestra fue la que se dio cuenta que las cosas no estaban bien y cuando comenzó a preguntar, fue despedida sin justificación aparente; sin embargo, a partir de las distintas excusas para no recibir su certificación ya pagada, los alumnos acuden a la Secretaría de Educación Pública para verificar que la escuela cuenta con la documentación pertinente.
“Ahí es donde nos damos cuenta que vienen arrastrando certificados desde el 2020, 2021, 2022 y 2023… cuando vamos a reclamar, nos dicen que vayamos con el señor Abraham -López Rosales-, porque él es el que prestó el RVOE (Registro de Validez Oficial de Estudios)”. Comentó.
Chavarín recordó que descubrieron que López Rosales pasó por una situación difícil y les “rentó” el RVOE que él tenía de su propia escuela particular en Tijuana, llamada Centro Tecnológico del Noroeste, con la clave estatal 02pct0038x, y el registro 200041134, sin embargo, al ingresar esos datos en la página de la Secretaría de Educación Pública (https://sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/mvc/consultas) menciona que es inexistente.
El RVOE fue rentado a Gabriela Barbosa Colín, y al ver lo lucrativo del negocio, abrió otras tres escuelas junto con sus hermanas Edith, Esther y Susana, así como sus respectivos maridos.
Los estudiantes afectados afirmaron que dos de ellas imparten clases, mientras que otras dos fungen como directoras; sin embargo, ninguna tiene los estudios y las certificaciones correspondientes para ostentar esos títulos.
Por el momento, se han interpuesto siete denuncias por el delito de fraude y lo que resulte, además de que más exalumnos del plantel se han enterado de la situación y tienen el mismo problema, por lo que es probable que aumente el número de denuncias ante la FGE.
Por su parte, Ricardo Iván Carpio Sánchez, fiscal general del Estado, comentó que las siete denuncias están en estado de integración, y una instrucción para que los fiscales regionales neutralicen ese tipo de actividades, se identifiquen a los responsables se ejerza acción penal.
Asimismo, agregó que ya se tienen identificados a los presuntos responsables, por lo que pronto se les hará llegar una citación y continuarán con la investigación.
