Un nuevo debate por la autonomía de los organismos públicos se está llevando dentro del sector público de Baja California, pues el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) anunció acciones legales contra que el Congreso del Estado nombre al titular del Órgano Interno de Control (OIC), ente símil de las funciones de un contralor o auditor superior.
El 22 de junio, el magistrado presidente del TEJA, Carlos Rodolfo Montero Vázquez, presentó una controversia constitucional en contra de la convocatoria emitida el 12 de mayo, donde Poder Legislativo invitó a profesionistas especializados en el ramo de la contabilidad y afines, a inscribirse como candidatos a ocupar la titularidad del OIC del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) y del propio TEJA.
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En 2017 se llevó a cabo una reforma constitucional que deja en manos de los diputados el nombramiento de los contralores de los entes públicos autónomos, con el objetivo de que la persona encargada de la fiscalización de las cuentas y acciones de funcionarios que pudieran considerarse corruptas, sean revisadas por un profesionista que no dependa de los titulares del organismo en cuestión.
Durante casi seis años, el Poder Legislativo fue omiso en el nombramiento de auditores internos, por lo que utilizaban sus propios mecanismos para autorregularse.
El recurso legal presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tiene la intención de evitar el nombramiento de dicho órgano, toda vez que -aseguran- viola la autonomía de la institución.
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“La designación del titular del Órgano Interno de Control de un Tribunal por parte del Congreso del Estado, constituye un incentivo estructural que puede llevar a la intromisión, subordinación o dependencia de ese poder, respecto de un ente público que por mandato constitucional es autónomo e independiente”, refiere un documento ofrecido por el TEJA a esta casa editorial como parte de su respuesta.
El diputado Juan Manuel Molina, de Morena, consideró que se trata de un argumento fuera de toda lógica, toda vez que los mismos magistrados son designados por el Congreso y nadie se ha inconformado por ello.
OCHO ASPIRANTES, UNO ES ASESOR DEL CONGRESO
Ocho aspirantes los que pretenden ocupar el OIC del TEJA, los cuales cumplieron con todos los requisitos de elegibilidad para el Poder Legislativo.
En la lista se ubican actuales funcionarios, ex funcionarios, asesores del Congreso y del Ayuntamiento de Mexicali. Sin embargo, el nombre de Jesús Antonio Lepe Flores destaca entre todos, toda vez que además de que fue diputado suplente de Juan Manuel Molina cuando era representante del partido Movimiento Ciudadano en 2013, actualmente es asesor jurídico en materia laboral del Legislativo. También fue funcionario del Congreso la primera vez que Molina García ocupó una curul, emanado del PAN.
Un contrato obtenido por ZETA confirma que el abogado tiene una relación de servicios con el Poder Legislativo como asesor externo para la Unidad de Asuntos Jurídicos del Congreso, donde cobra 40 mil pesos al mes.
Cuestionado al respecto, el diputado Juan Manuel Molina expuso que el jurista cumple con todos los puntos de la convocatoria y no tiene impedimentos para aspirar al cargo.
“Sigue siendo asesor y los impedimentos y requisitos están marcados en la Ley; de no haber sido tal cosa, no veo yo que esté dentro de ellos, es un tema a analizar también, pero que tenga decisión dentro de los diputados pues no, cada quién tiene su función, pero que puedan mandar hacia arriba, pues no. Al contrario, inclusive, tienen que acatar las instrucciones en el caso de asuntos jurídicos o consultoría legislativa”.
El resto de los aspirantes son Ángel Vivanco Uribe, jefe del Departamento de Contabilidad del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (Cobach); Luis Omar Aguilar Flores, analista especializado máximo en Contraloría Interna en Cobach; Carlos Enrique Romero Soto, auditor en la Auditoría Superior del Estado; Jessica Lizzeth Barrera Bañuelos, secretaria de acuerdos del TEJA; Alberto Guerrero Romo, ex tesorero de Movimiento Ciudadano, asesor de la regidora morenista y ex secretaria de Juan Manuel Molina, Suhey Rocha Corrales; César López Padilla, ex secretario Ejecutivo del ITAIP y jefe de archivo del Poder Judicial; Jesús Antonio Lepe Flores, asesor del Poder Legislativo en materia laboral y ex suplente de Molina cuando fue diputado por Movimiento Ciudadano; t Juan Carlos Ramírez Preciado, ex titular de Asuntos Jurídicos de la CEE durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.
Para el abogado Héctor Ibarra Calvo, no podría establecer con toda certeza si se trata de un acto de conflicto de interés, aunque consideró que existe un acto de intromisión o invasión del Poder Legislativo en contra del TEJA con nombramientos afines que se encargarían de fiscalizar las acciones de un ente autónomo, lo que representaría una medida de presión en diversos temas, incluso en sentencias delicadas que pudieran emitir los magistrados.
Uno de los puntos en los que el ex regidor del PAN fue enfático, es que la Ley del TEJA contempla que los titulares de los OIC deben cumplir con los mismos requisitos que el auditor superior, entre los que destaca contar con una carrera de contabilidad o “afin”.
El texto cierra con ese término, pero la convocatoria emitida por el Congreso del Estado especifica el término “afín” agregando varias profesiones, desde Ciencias Políticas y Administración Pública, Ciencias Sociales, Contaduría, Derecho, Economía y Finanzas.
Para Ibarra Calvo, los diputados están interpretando la Ley para buscar una convocatoria “a modo”, pues extienden el catálogo de profesiones cuando la “afinidad” sólo se contempla en conceptos ligados a la misma carrera. Es decir, licenciado en Contabilidad y contador, por mencionar algún ejemplo.
Agregó que durante su experiencia académica nunca recibió clases de contabilidad en la licenciatura, no así en la maestría, donde puede entrelazarse la actividad.
Al respecto, Molina opinó que dicha aseveración es errónea, puesto que existen orígenes en las profesiones, hay vínculos y relaciones entre ellas. Incluso, unas son herramientas de otras, como el caso del derecho y la contabilidad, por lo que no es un acto que intente crear una convocatoria a modo para un aspirante en específico.
RECIBIMOS EN PROMEDIO CINCO QUEJAS AL AÑO: TEJA
El magistrado presidente del TEJA, Carlos Montero Vázquez, comentó que anualmente -en promedio- reciben cinco quejas administrativas por el actuar de servidores públicos, de las cuales prácticamente todas se derivan de retrasos en la entrega de copias u otras diligencias simples, mismas que se resuelven dentro del propio pleno del TEJA.
Montero Vázquez se dijo respetuoso de la decisión del Legislativo, pero indicó que nombrar a un integrante del OIC representaría un gasto de entre 120 mil y 200 mil pesos mensuales para nómina, material, personal y lo necesario para que opere un ente de esta naturaleza, por lo que consideró que pudiera erogarse en otros temas, máxime cuando aproximadamente el 80% del dinero del TEJA (alrededor de 90 millones de pesos) se van en nómina.
“Te hago énfasis, si se nombra es bienvenido. Ahora, a mi juicio es desproporcionado para el número de casos que hemos recibido. Hay que recordar que el presupuesto es de los ciudadanos y hay que gastarlo de la forma más eficaz, quizá sea más eficiente intentar abrir otro Juzgado o reforzar con secretarios de acuerdos a gastarlos en esta figura, pero te digo, respeto al Congreso”, recalcó.
Asimismo, indicó que ya hay antecedentes en México donde la SCJN considera inconstitucional el nombramiento del titular del OIC dentro de organismos autónomos, como lo ocurrido en Oaxaca, donde el Poder Legislativo hizo lo mismo que se intenta en BC y los ministros consideraron que se vulneraron los principios de autonomía e independencia del órgano jurisdiccional.
Lo anterior puede constatarse en la controversia constitucional 122/2021, pues según indicó el magistrado, el marco legal de Oaxaca es prácticamente igual (al menos en un 90%) al que planteó el Congreso local.
Por su parte, el diputado Juan Manuel Molina dijo que hay entes cuyos contralores no son designados por el Legislativo, como los institutos o tribunales electorales, debido a que sus nombramientos emanan de dichas instituciones.
“Todos tienen derechos y, si hay una vía, se le respeta a cualquiera. ¿Cuál puede ser la intención? Preservar su autonomía jurisdiccional, pero qué preocupación si están haciendo las cosas bien, que venga un órgano interno de control designado por el Congreso, pensando que sus nombramientos también provienen del Congreso o desconfían del Congreso que los designó. Uno no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo”, refirió el legislador.
Desde su perspectiva, no es justificación la cantidad de denuncias que se tienen, pues al final se trata de las sentencias o conclusiones a las que lleguen esos expedientes.
Será en próximos días cuando la SCJN determine sí hay materia para analizar el caso ofertado por el TEJA, que -según indica- busca su autonomía. De ser admitido, se iniciaría un proceso legal que podría tambalear el venidero nombramiento del propio Congreso.
