Tras casi seis años de incertidumbre, exigencias y cientos de personas desaparecidas, el Congreso del Estado de Baja California por fin llevó a cabo las mesas de trabajo, con 22 de 27 colectivos, para generar la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas de la entidad.
El proyecto de ley elaborado por la XXIV Legislatura, consta de 83 artículos, sin embargo, con las mesas de trabajo realizadas se espera añadir otros y modificar algunos, así como definir la participación y obligaciones de autoridades e instituciones como la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado.
Según la diputada del distrito XV de Playas de Rosarito, María del Rocío Adame Muñoz, esta ley no se homologara con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares que existe a nivel federal desde 2017, sino que se hará en base al propio contexto del Estado.
“No es una homologación, tenemos que generar esta ley con el contexto de Baja California, que no es igual al de los del sur del país; aquí tenemos un tema migratorio y hay personas desaparecidas de otros Estados y países”, explicó.
Exigencias de los colectivos
Entre las exigencias que realizan los colectivos en la nueva Ley en Materia de Desaparición Forzada de Baja California está que dicho delito sea considerado de alto impacto; que la Fiscalía y la Comisión Local de Búsqueda tengan personal suficiente para atender los casos que existen, así como que esta última tenga especialistas en integración de expedientes y conocimientos forenses; que las estadísticas reales de desapariciones sean actualizadas y públicas; que se cree un banco de datos de muestras ADN.
También que los municipios tomen responsabilidad en el delito de desaparición y destinen un porcentaje de su derrama económica para fortalecer labores de búsqueda; crear estrategias de prevención para disminuir las desapariciones, pero sobre todo que la ley nazca con un presupuesto mínimo de 60 millones de pesos para operar; y que sea aprobada antes de noviembre de este año, que es cuando se asignan los presupuestos.
“Esta ley tiene que nacer con presupuesto. Se comentó que el presupuesto fuera de 60 millones, se me hace poquito para ver resultados; por eso queremos integrar a los municipios con su derrama económica, más el porcentaje del Estado y el presupuesto de la Federación, que no va a llegar si siguen escondiendo las cifras reales de cuántos desaparecidos hay. Vamos a presionar porque la ley sea aprobada antes de noviembre porque si no va a salir pobre”, comentó Angélica Ramírez, coordinadora del colectivo “Una Nación BuscandoT”.
Sin embargo, aunque la diputada María del Rocío señaló que se espera subir el proyecto de ley al pleno en octubre de este año y que ésta nazca con presupuesto, la cantidad no será la exigida por los colectivos sino que podría ser de entre 17 a 24 millones de pesos, algo que ya se ha solicitado revisar a la Secretaría de Hacienda del Estado.
De acuerdo con colectivos de búsqueda, hay más de 20 mil personas ausentes de 2006 a la fecha en Baja California.