“Es preferible la compañía de los cuervos a la de los aduladores, pues aquellos devoran a los muertos y estos a los vivos”
-Diógenes.
El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, ha asegurado varias veces que hay indicios que vinculan a la Juez con la defensa de Itiel Palacios García alias “El Compa Playa”; pero más allá de las acusaciones públicas misóginas y que hablan bastante mal de una persona que se jacte de decente, la realidad es que no ha mostrado ni tampoco ha mencionado que tenga una sola prueba.
El 5 de junio del presente año, tan solo dos días después de que ordenara la liberación del imputado Palacios, la Señora Juez Angélica Sánchez Hernández, fue detenida en un operativo de la Policía Estatal de Veracruz. En dicha acción policiaca se mostró la fuerza -que no la razón- del Gobernador de Veracruz; y el parangón que hacen ahora los ciudadanos veracruzanos es que si la policía que detuvo a la Juez también debería de detener a los homicidas, ladrones o violadores que abundan en dicho estado, que vive en una sociedad totalmente abandonada por la Fiscalía y por las fuerzas de seguridad púbica.
A la Juez le acusaban de que supuestamente disparó contra los agentes de la policía. Sin embargo, la mujer relató posteriormente que eso nunca había pasado; que había sido llevada por policías a un sitio en donde la encerraron durante cinco horas aproximadamente con la cabeza tapada, la mantuvieron incomunicada y fue objeto de tortura psicológica por parte de la policía durante el tiempo en que permaneció detenida. Además, aseguró que le obligaron a disparar un arma de fuego para simular el supuesto ataque. A las horas, la Juez Sánchez fue liberada porque no había pruebas suficientes en su contra. Esta detención ilegal, abusiva e irregular, fue el factor principal para que el Instituto Federal de la Defensoría Pública se sumara a su defensa.
La polémica sobre la Juez Sánchez, que por cierto es egresada de la Universidad Veracruzana, trascendió en todas las fronteras nacionales. Días después de aquella primera detención, cuando un comando de la Guardia Nacional sin identificarse ninguno de los participantes en el operativo que quedó debidamente grabado en video y fue transmitido a las diferentes cadenas de televisión y radio, fue arrestada otra vez, en esta ocasión en un hotel de la Ciudad de México.
De nueva cuenta todas las alertas se encendieron. El país empezó hablar nuevamente de ella, y decenas de organizaciones civiles, colegios y barras de abogados, así como especialistas en el tema condenaron la persecución feroz, brutal e irracional que ha ejercido el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en un grave desacierto y con falta de tacto político muy criticado respaldo a su incondicional gobernador, quien unos días antes había encabezado una grotesca manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevando diversos ataúdes, uno de los cuales tenía el nombre de la Ministro Presidente Norma Lucía Piña Hernández. Con ese acto servil y vergonzoso el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se agenció la simpatía del Presidente de la Republica de la cual ya gozaba, aunado al hecho de que el Ejecutivo Federal sostiene una guerra contra el Poder Judicial de la Federación.
En este contexto, la Juez Sánchez fue sometida a una audiencia para ver si el Juez de Control de “Garantías” la vinculaba a proceso, por ser un asunto con recomendación expresa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y teniendo como empleados a la presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y a los Jueces de Control. Como era de esperarse, esta jornada estuvo marcada otra vez por graves irregularidades: por un lado, el Juez no permitió que la Defensoría Pública representara a la Juez Sánchez en su defensa, con el inocuo argumento que no se podía mezclar a defensores públicos y privados. Tampoco permitió que ingresara una Delegación de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.
La audiencia se realizó a puerta cerrada, violando uno de los principios fundamentales que consagra la Constitución para el Sistema Penal; esto es la Garantía de Publicidad, que consiste en que cualquier persona puede asistir y presenciar las audiencias, que las audiencias son públicas y después de varias horas el Tribunal determinó por vincularla a proceso por dos delitos.
Por si esto fuera poco, el Tribunal le dictó una año de prisión preventiva por dos delitos a los que normalmente no les otorga este tipo de medidas, por no ser considerados como delitos graves, basando su absurda decisión el Juez en la falta de arraigo, ya que después de su primera detención, la policía buscó a la Juez Sánchez en su domicilio, pero no la encontró, explicando uno de sus defensores que no tuvo confianza en regresar a su casa por temor de ser detenida y sufrir tortura de nueva cuenta.
P.D. Envío un saludo respetuoso a mi amigo y lector Lic. Jesús Moreno Guzmán.
Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
