Y de repente, ante la supuesta amenaza y la falsa austeridad, las dos mujeres que gobiernan, una el Estado y la otra Tijuana, decidieron mudarse de residencia.
Primero lo hizo Marina del Pilar Ávila Olmeda, la gobernadora, quien, aseguran, a partir de diciembre de 2022 habita la que fue Casa de Gobierno durante las administraciones priistas desde Roberto de la Madrid en 1977, hasta Xicoténcatl Leyva Mortera en 1989; posteriormente ahí residieron los panistas, iniciando con Ernesto Ruffo Appel en 1989, para concluir en 2019 con Francisco Vega de Lamadrid.
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Cuando arribó al Gobierno del Estado el morenista Jaime Bonilla Valdez, en concordancia con el discurso nacional de austeridad, decidió no vivir en la Casa de Gobierno. Su razonamiento era que pasaría mayor parte de su tiempo oficial en Tijuana, dado que en la ciudad más poblada hay mayor número de asuntos que atender, y mantener la Casa de Gobierno para estar ahí uno o dos días, representaría no sólo una alta erogación, sino también innecesaria.
Bonilla se hospedaba en el Hotel Lucerna de Mexicali los días que despachaba oficialmente en aquella ciudad, o se trasladaba a San Felipe, donde hacía lo mismo. En Tijuana mantuvo su residencia particular en las torres de condominios New City, muy cerca de la Línea Internacional de San Ysidro.
Bonilla planeó entregar la Casa de Gobierno en donación, como lo hizo con el edificio oficial en Zona del Río, a la Universidad Autónoma de Baja California, para que se convirtiera en un lugar de alojamiento para estudiantes provenientes de otros municipios. Incluso desarrolló el proyecto de remodelación para la casa del estudiante, pero ya no lo concretó.
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Un año antes, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había decidido que no viviría en la Residencia Oficial de Los Pinos, que por cuestión de austeridad, mantendría su domicilio particular, lo que sí cumplió, aunque posteriormente se mudó -por cuestión de logística- al nada modesto Palacio Nacional, según ha asegurado, a un área de departamento que fue habilitada por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Otros gobernadores, como Bonilla en 2019, siguieron el ejemplo del mandatario nacional y dejaron de utilizar las casas oficiales instauradas por los gobiernos priistas. Ejemplo de ello es el de Baja California Sur. El morenista Víctor Castro Cossío no ocupa la que fue la residencia oficial de los sudcalifornianos, una amplia propiedad con vista al mar. Mantiene su residencia personal y renta la oficial, incluso a un hotel. Recurso que, ha dicho, se dispone para los ayuntamientos más necesitados.
Marina Ávila Olmeda, la primera mujer gobernadora de Baja California y también morenista, no siguió los consejos de austeridad del Presidente de la República y rehabilitó a un costo millonario la Casa de Gobierno de sus antecesores priistas y panistas para utilizarla como residencia oficial junto a su familia, su esposo y dos hijos, a pesar que contaba con una vivienda en un residencial privado en la llamada Zona Dorada de Mexicali, con seguridad propia y oficial.
Al costo del mantenimiento de la Casa de Gobierno que no se tuvo durante dos años -los de Bonilla-, se suman los 10 millones de pesos que, aseguran, costó la remodelación de la casa abandonada para que fuera habitada por Marina.
En Tijuana, por supuestas “amenazas” de las cuales no se tiene evidencia oficial, pues contrario al actuar institucional, la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez decidió “no denunciar”, también se ha alejado del discurso de austeridad. Por el momento y en un dejo de inmenso derroche (la redundancia aplica), es custodiada por un aparatoso y costoso equipo de seguridad en diez camionetas de reciente modelo, todas blancas y ocupadas por elementos de la Guardia Nacional, haciéndola sin duda, la funcionaria más “protegida” del país.
La realidad es que al menos el narcotráfico no la ha amenazado públicamente, las narcomantas que han llevado su nombre han sido para “indicarle” la corrupción que los criminales asumen, existe en la corporación policíaca municipal. Y tan reaccionó favorablemente a la investigación de la Fiscalía General del Estado sobre el atentado a su escolta, que días después de sucedido, “prescindió” de los servicios de Rosalva González Molina, la persona que se supone era el blanco del ataque no dirigido a la alcaldesa.
En la misma dinámica, sin mediar un análisis de riesgo o de crisis por parte de su Secretaría de Seguridad o de la del Estado, Caballero Ramírez “acató la sugerencia” de la Guardia Nacional para mudarse de su domicilio particular en un seguro residencial de condominios, a las instalaciones militares del 28 Batallón de Infantería en la zona conocida como Aguaje de la Tuna, donde junto con su hijo, ocupará una de las casas que ahí fueron construidas para uso y servicio de altos y medios mandos del Ejército Mexicano en la II Zona Militar.
Caballero dejará de residir en el condominio que habitaba para estar bajo resguardo militar con todo y el recurso que ello precisa, y se convierte en la primera presidenta municipal en tener una residencia oficial dentro de instalaciones militares a cargo del erario federal. Todos los anteriores alcaldes y alcaldesa residieron en sus casas particulares cubriendo con sus recursos los costos correspondientes. Sólo el Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, cuando fue secretario de Seguridad de Tijuana y ante las probadas y evidentes amenazas que recibió de los cárteles de la droga (lo atacarían finalmente en Ciudad Juárez años después), residió donde hoy es la vivienda oficial de la alcaldesa Caballero.
El último mandatario del que se tenga memoria, y evidencia de haber recibido amenazas fue José Guadalupe Osuna Millán, quien, cuando encabezaba la administración estatal, fue asediado por el Cártel de Sinaloa, particularmente por la célula entonces encabezada por Teodoro García Simental, el Teo. Sin embargo, no se refugió en instalaciones militares. Mantuvo, como era entonces la tradición institucional, su residencia en la Casa de Gobierno en Mexicali, y, el domicilio particular en Tijuana.
Pero, sea por falsa modestia o por supuestas amenazas que siguen infundadas, las dos primeras mujeres electas para gobernar Baja California y la ciudad de Tijuana decidieron mudarse, sin importarles, en el caso del Estado, la afectación al erario, y desde el Ayuntamiento, pese a que esta acción terminará por enviarle a toda la ciudadanía un mensaje claro: para estar seguros en Tijuana, hay que vivir en un cuartel.
