Con 3 votos en contra y 2 sufragios a favor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó, el 7 de junio de 2023, una propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, para desechar la controversia interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), contra una parte del llamado “plan B”, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena.
El proyecto de Esquivel Mossa planteaba que se desechara la controversia constitucional 261/2023, por ser notoriamente improcedente, al declarar fundado un recurso de reclamación que presentó la Mesa Directiva del Senado, para impugnar la admisión a trámite de la demanda, dictada el 24 de marzo de 2023, por el ministro Javier Laynez Potisek.
Junto a Esquivel Mossa, la ministra Loretta Ortiz Ahlf también votó a favor del proyecto, mientras que Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales y Alberto Gelacio Pérez Dayán sufragaron por declarar infundadas las reclamaciones de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y de ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Estos últimos alegaban que la controversia del Instituto Nacional Electoral no debió ser admitida por la SCJN, porque el artículo 105 de la Constitución prohíbe expresamente este tipo de juicio para impugnar normas en materia electoral.
Por lo anterior, siguen vigentes las impugnaciones promovidas por el INE contra el decreto por el que se reformaron las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y de Partidos Políticos; así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Asimismo, debido a que fue rechazado el proyecto de Esquivel Mossa, el ministro Aguilar Morales realizó el engrose de la sentencia, en la que se declararon infundados los recursos de reclamación y se confirmó la admisión de la controversia constitucional del INE.
Laynez Potisek admitió a trámite, el 5 de mayo de 2023, cinco demandas de controversias constitucionales que interpusieron diputados y senadores de oposición, así como por los presidentes nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI), Marlo Cortés Mendoza y Alejandro Moreno Cárdenas, respectivamente, además de Gonzalo Sánchez de Tagle, titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Ello contra el decreto publicado los primeros minutos del 2 de marzo de 2023, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Según los registros públicos de la SCN, el ministro Javier Laynez también determinó negar la suspensión solicitada por estos cinco promoventes, debido a que ya había sido concedida la medida cautelar al Instituto Nacional Electoral (INE).
“Infórmeseles que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que […] mediante acuerdo de 24 de marzo de 2023 dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional, el ministro instructor decretó ya la suspensión de los efectos del decreto”, indicó la resolución del ministro de la SCJN.
Laynez Potisek admitió a trámite, el 28 de marzo de 2023, dos demandas de controversias constitucionales que interpusieron los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) -aunada la que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE)-, contra el decreto publicado los primeros minutos del 2 de marzo de 2023, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Los partidos de oposición MC y PRD también solicitaron la suspensión del decreto, pero el ministro Laynez Potisek negó conceder dicha medida cautelar, porque ya la había otorgado en la controversia constitucional que promovió el INE, con lo que sumaban tres juicios constitucionales admitidos a trámite en la SCJN, contra el llamado “plan B” electoral.
