Aun con la extensión del decreto para regularizar vehículos usados de procedencia extranjera hasta el 30 de junio de 2023, la regularización de los denominados autos chocolate está en descenso en Baja California. Mientras que el año pasado se llegaron a atender “casi 2 mil” solicitudes por día en los módulos del Registro Público Vehicular (Repuve), actualmente se da trámite a alrededor de 300, según refirió el subsecretario de Tecnologías de Información, Telecomunicaciones y Sistemas Institucionales para la Secretaría de Hacienda del Estado, Emeterio Flores Landaverde.
Si bien el funcionario aseguró que el promedio de personas que requieren poner en regla su vehículo disminuyó, usuarios del Repuve atribuyeron que el programa de regularización presenta dificultades para concretar el trámite.
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A decir de Flores Landaverde, a comienzos de 2022 el Gobierno de Baja California tenía como meta regularizar 370 mil vehículos, en tanto que este año se requiere revisar el “pronóstico inicial”, pues la demanda de atención ciudadana ya no es tanta. Con “260 mil” autos regularizados a la fecha, “ya no estamos tan lejos (de cumplir el cometido), el detalle que ahorita es importante comentar es que aun y que tenemos muchos puntos de atención, la cantidad de gente buscando hacer su trámite se ha reducido mucho”, manifestó en entrevista con ZETA.
“Estadísticamente como que ya llegamos a la curva donde ya se aplana la de la demanda de atención ciudadana, y seguramente estamos cerquita de cubrir el grueso del universo de gente que sí quiere y está en posibilidad de regularizar su vehículo”, asentó.
En contraparte, testimonios remitidos a este Semanario dieron cuenta de que el Repuve suele rechazar las solicitudes de regularización, pese a reunirse los requisitos para llevar a cabo el trámite y acreditar en el “sistema federal” que el vehículo no es robado. Aunado a ello, un abogado consultado por esta casa editorial aseguró que a partir de 2023 el Gobierno de Baja California se apartó de los principios del decreto consistentes en facilitar el procedimiento a los solicitantes.
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Conforme a las experiencias reveladas, a dos ciudadanos les fue rechazada su solicitud el 19 de abril en Tijuana y Rosarito, respectivamente, bajo el argumento de que el que el título que acredita la propiedad de la unidad presentó irregularidades.
A otra ciudadana radicada en Tijuana también se le denegó la regularización el 15 de marzo, con la justificación de que el título no coincidía “con la fecha”. A 9 de 10 personas que para entonces había formadas en el módulo del Repuve, les fue imposible concretar el trámite por problemas con el consabido documento.
“Tú título ya fue actualizado y este no, en pocas palabras me dijo que mi título estaba actualmente actualizado y que no pasaba”, expuso a este Semanario la solicitante, quien dijo llamarse Flor.
En alusión al encargado de módulo que la atendió, “me dijo ‘Ya aquí ya no pasa, pero en otra parte puede pasar, tienes que pagar’; no sé qué me dijo, porque yo estaba molesta, no le dije nada al señor, pero sí me molesté. Le dije: cómo es posible que no pase si está desde 2004, mi título está bien, no es falso, es original; y me dice: ‘Aquí ya no pasó en el decreto’, así en pocas palabras me lo dijo. Ya si tú lo quieres importar por otras partes, sí va a pasar”.
Afirmó que dos días después de haber acudido al módulo, regresó “porque saqué un récord del carro y una señora que anda ahí, bien prepotente, me dijo que, si yo ya había intentado una vez, que aquí ya no viniera, que fuera allá a Recaudación de Rentas, para que me dieran un trámite para que me regresaran el dinero”.
Antes de acudir a los módulos del Repuve, los usuarios deben efectuar un pago de 2 mil 500 pesos por concepto de “derechos”. Dinero que ingresa al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Para la devolución del recurso, el usuario debe llenar un formulario a efecto de obtener un formato de solicitud en Recaudación de Rentas, subsecuentemente habrá de tramitar una firma electrónica ante el SAT.
“Fui a Recaudación de Rentas a Plaza Monarca y resulta que tienes que tener la firma electrónica, sacar la cita, son varios requisitos para que te puedan devolver tu dinero”, manifestó la entrevistada. “Hasta la fecha no hay devolución del dinero, porque me acaban de dar la firma electrónica, tengo que escanear varios documentos y es muy tedioso, la verdad”, añadió.
El abogado José Evaristo Zepeda aseguró que “Gobierno del Estado, a diferencia de otros estados, no está haciendo el trámite como se tiene que hacer”; las autoridades competentes “no le están dando la facilidad a la gente para que realice su trámite de regularización de los vehículos de procedencia extranjera”. Manifestó que, con base en una métrica referente a los casos que le ha tocado atender, 7 de cada 10 trámites se frustran.
Para que el procedimiento prospere, bastaría con la autorización que arroja el sistema a nivel federal en el que se introduce la serie del vehículo, de manera que quede establecido si fue fabricado o ensamblado en México, Estados Unidos o Canadá y no tenga reporte de robo.
Zepeda cuestionó que en casos como el de la señora Flor, personal del Repuve argumente que el título fue actualizado con todo y que la unidad ya fue dada de baja en Estados Unidos.
“Argumentan que ese título no es el último, que porque en el sistema de Estados Unidos se actualizó algún domicilio y no fueron a recoger el último título” previo a dar de baja el auto.
Señaló que el Gobierno del Estado se vale de un programa denominado CARFAX para revisar el historial del automóvil, sin embargo, “el decreto no te dice ‘acredita esto, acredita aquello’, dice que los estados deben facilitar la regularización, apoyar en el decreto a todas las personas, y eso se venía haciendo bien el año pasado, en 2021, 2022 y cambió en enero de este año, se detuvo, como si en el Gobierno del Estado o los encargados de realizar estos trámites quisieran rechazar la mayor cantidad de vehículos para que el programa fracase en Baja California”, reclamó.
“Obviamente sé que tienen que checar los documentos de que no tengas una INE falsa, una licencia falsa, algo falso nada más, pero de repente el problema ahora es que tu título está bien, los papeles están bien, nada más que te están diciendo ‘ya checamos en nuestro sistema y tu carro no pasa’. Oye, pero por qué, si mi carro cumple con todos los requisitos del decreto, aquí está establecido. ‘No, nosotros ya checamos en un sistema que tenemos aquí, y ya no’”, describió.
El año pasado, dijo, si había una irregularidad con la licencia o con el propio título, se requería al solicitante regresar una vez que enmendara la inconsistencia. “Entonces regresaba la gente y ya les arreglaban sus carros, sin problema. Ahora no. Ahora cualquier cosa ‘No, sabes qué, en el sistema me sale algo mal, en el sistema sale algo allá’, pero es a criterio de ellos y el programa que está checando es CARFAX, ese es el único programa que hay historial en Estados Unidos, que puedes revisar”, expresó el entrevistado.
En 2022, 9 de cada 10 usuarios lograban sacar adelante el procedimiento. José Evaristo Zepeda indicó que la disminución de trámites exitosos constituye un “problema” que sólo se presenta “aquí en Baja California”.
En otras entidades “te dicen ‘ráetelo a Baja California Sur, tráete el carro a Sonora, a Durango, no importa, acá sí van a pasar los vehículos por decreto, siempre y cuando cada quien tiene derecho a pasar un vehículo por el decreto’. Si tú ya tienes uno registrado a tu nombre, y ya aprovechaste el decreto, ya no puedes agregar otro vehículo, porque el mismo sistema a nivel federal reconoce tu CURP”, mencionó.
Se dijo renuente a pensar que en BC se estén poniendo trabas a quien solicita la regularización, de forma tal que tenga que optar por la vía del coyotaje para tener en regla su vehículo.
“Sabemos bien que hay coyotes alrededor de la dependencia esta del IMOS y también allá en Rosarito, a un lado del Palacio Municipal, donde está el módulo del Repuve, ahí también hay coyotes, donde te pasan tus carros por 10 mil, 15 mil pesos”, acusó.
“TENEMOS UN ECOSISTEMA DESAFORTUNADO DE GESTORES”: SUBSECRETARIO
A decir del subsecretario de Hacienda del Estado, no es de extrañar que entre la gran cantidad de personas propietarias de vehículos usados de procedencia extranjera haya “gente que desafortunadamente no tiene toda la documentación que pueda cumplir cabalmente los requisitos del trámite”.
Emeterio Flores Landaverde asumió que con la ampliación del decreto “hay un problema desafortunado, donde hay gente que toma ventaja de esa ampliación y quiere colocar vehículos irregulares que no cumplen con las características para la tramitología”.
Conforme al decreto emitido el 31 de marzo de 2023, las unidades que se pretenda regularizar ya debieron haberse encontrado en el territorio de las entidades contempladas en esa disposición al 19 de octubre de 2021. Los estados donde opera la regularización son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
El funcionario estatal habló de ciudadanos que en su momento no cumplieron con el Artículo 2, en el que se establece la antigüedad relativa a la internación de la unidad.
“Eso por un lado, la otra problemática es que en alguno de los casos la gente no tenía forma de comprobar que tenía el título, sí son casos desafortunados, pero luego, como tenemos un ecosistema desafortunado también de gestores, pues toman ventaja y les venden documentos apócrifos, a la expectativa de que la gente piensa que con eso es fácil concluir su trámite. Tenemos antecedentes donde se ve clarito que el documento es apócrifo”, indicó.
A su vez, admitió que los reclamos “seguramente sí tienen un fundamento”, con el pormenor de que “el fundamento tiene que ver con documentación que difícilmente va a cumplir las características de las reglas de operación”.
Abordado por ese medio, el secretario de Hacienda en el Estado, Marco Antonio Moreno Mexía, confirmó que la administración estatal contrató los servicios de la empresa CARFAX en un afán de “validar que el título no estaba asociado a un vehículo que hubiese sido robado o que tuviera un título falso”.
Afirmó que se detectaron “varios casos en ese sentido”, por tal motivo, “queremos asegurarnos de que los vehículos fueron introducidos en México, pero que el origen del vehículo es totalmente legal”, asentó.
Flores Landaverde informó que “el de rechazo de los trámites es alrededor como de un 7%”.
En cuanto a la denuncia de que a partir de 2023 ha habido mayores dificultades para regularizar el vehículo, aludió a un “plan de escalamiento” en el que “sistemáticamente se han ido mejorando las validaciones que se hacen en el trámite”, de modo tal que “empezamos con puros papeles, buena voluntad, (y) ahorita para llegar a la escala de 2 mil trámites al día tuvimos que sistematizarlo, digitalizarlo y fuimos incorporando mecanismos de cotejo electrónico en base de datos que permitían tener certeza de que el trámite se estaba haciendo conforme a las reglas de operación”, explicó.
El funcionario no negó que, previo a reforzamiento de los mecanismos de validación, se haya colado documentación que no cumplía con los requisitos.
De cualquier manera, “el mismo Repuve federal ha hecho ejercicios de revisión donde como Estado nos pide que revisemos y auditemos expedientes físicos de ciertos trámites porque tienen inconsistencias, entonces, de un volumen muy grande se han hecho peticiones al Repuve federal para darle reversa a esta tramitología”, sostuvo Moreno.
Con base en esa política, alrededor de 70 procedimientos “ya fueron cancelados”.
