Moreno, delgado, más bien bajo, con apenas 13 años de edad, Mauricio Daniel cargaba una pequeña caja con chicles que ofrecía en venta en el Malecón de Playas de Tijuana. Debajo de esa mercancía cargaba otra mercadería ilícita: dosis individuales de drogas.
Las ventas que hacía eran vigiladas de cerca por su madre, Patricia Domínguez, de 40 años (Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP), quien también vendía dulces en la zona.
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Esta actividad criminal ejecutada por el menor, coordinada por la mujer, terminó expuesta públicamente porque el adolescente fue baleado, resultando con “lesiones en ambas extremidades superiores”, reportó la denuncia al número de Emergencia.
Incluso viendo a su hijo herido y sangrando, la mujer tuvo la tranquilidad para sustraer la droga de los dulces que el menor vendía, esconderla y asegurar que no sabía qué había pasado, incluso opinó que los homicidas fallidos se habían equivocado.
Minutos después del ataque armado, Eduardo de 22 años y Brajin de 21 fueron detenidos con el arma y la vagoneta Mazda color gris usados en el crimen, estos dijeron a sus aprehensores que los habían mandado a eliminar al niño porque estaba vendiendo droga del Cártel Arellano Félix, una mafia contraria a la de ellos.
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En entrevista informal, Mauri, como lo apodan, admitió vender droga y dónde la escondía. Pero después con su madre al lado, se negó a declarar, y la madre sin mayores problemas recuperó al menor al salir del hospital. Lo registró como madre soltera, son oriundos de la Ciudad de México y están solos en Baja California, por lo que el adolescente está a su completa disposición. Esto sucedió en marzo del año pasado, y ninguna autoridad le ha seguido la pista.
En entrevista con ZETA, Mónica Vargas, directora del Sistema DIF, expuso que la mayoría de los casos en que los padres usan a los hijos como accesorio o los tienen junto a ellos mientras cometen un delito, están en Tijuana, “puede ser proporcional por el número de habitantes”, agregó.
En esas condiciones, en lo que va de 2023, en Baja California 19 menores han sido retirados de la custodia de sus padres y entregados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que depende del DIF, once en Tijuana.
Al igual que el fiscal Ricardo Carpio, Vargas consideró que la incidencia de este tipo de casos no ha aumentado comparado con otros años, “pero ahora son más complejos, el nivel del riesgo en el que ponen a los menores ha sido mayor”.
El 10 de abril, Arturo Pérez García, de 47 años y Alejandra Ramos Pérez, de 40 (Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP) fueron detenidos; de acuerdo al parte de Policía, asaltaron una papelería y huyeron de la escena del crimen transportando a sus seis hijos con ellos en el auto.
“Llevan a los niños cuando van a cometer sus crímenes, para ser menos sospechosos al momento de huir, para que los policías vean sólo una familia circulando normalmente y no a delincuentes en fuga”, comentó un uniformado.
Según el reporte de los hechos, el atraco ocurrió a las 15:09 horas en una papelería ubicada entre las calles Alona y De las Hojas del fraccionamiento Las Huertas Tercera Sección de Tijuana. Los responsables huyeron en un vehículo Honda Odyssey gris, placas de circulación 6FSF750 del Estado de California, con número de serie 5FNR118674B020895; fueron detenidos en Bulevar Díaz Ordaz, frente a la Clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La víctima identificó al conductor, dijo que había entrado al comercio amenazándolo con un arma de fuego para despojarlo de mil 500 pesos en billetes de diferentes denominaciones, así como de un teléfono celular iPhone, para después salir del comercio y huir en compañía de una mujer.
Al realizar la inspección del vehículo, los agentes encontraron dos armas de utilería y el importe de lo robado, acompañando a la pareja identificada como presuntos, seis infantes identificados como Manuel -1 año-, Dulce María y María Luisa -3 años-, originarios de San Diego, California; además de José Arturo -6 años-, Patricia -9 años- y Alessandra -10 años-, originarios de Los Ángeles, California.
Pérez García y Ramos Pérez fueron vinculados a proceso por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero llevarán el proceso en libertad por no ser un delito grave y ser primodelincuentes; como medida cautelar se les impuso la firma periódica.
Los menores quedaron a cargo del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (SDIF), donde se informó que, a pesar que la madre es residente en Estados Unidos, este fue el segundo ingreso de las dos hijas mayores, Patricia y Alessandra, quienes ya habían sido remitidas a la institución el 13 de marzo de 2020 por una denuncia anónima contra sus padres por omisión de cuidados.
Antes, el 24 de marzo, Ian Cárdenas y Selina Becerra fueron capturados mientras circulaban en un pick-up rojo en la delegación Centenario, en las inmediaciones de la Garita de Otay; transportaba 28.7 kilos de metanfetamina en 54 paquetes, junto a los adultos viajaban dos menores.
Durante 2022, hubo otros tres informes de capturas de personas detenidas en posesión de armas acompañadas de menores, en dos de los casos eran adolescentes. En el tercer evento llevaban un bebé. José Soto y Kimberly Chavira, detenidos el 2 de agosto de 2022 tenían la pistola escondida en la pañalera.
Los casos más comunes son de personas detenidas circulando con menores en posesión de auto robado, quienes, al no ser imputados como ladrones, no tienen mayores problemas para recuperar a sus hijos.
PADRES IMPUNES, AUTORIDAD OMISA
En vísperas del 30 de abril, Día del Niño, Ricardo Carpio Sánchez, fiscal general en Baja California, fue entrevistado respecto a este tema por los diarios locales, argumentando que cuando los padres usan a los menores de edad como accesorios para delinquir, o los incluyen dentro de su actividad delictiva directamente, estos adultos podrían ser acusados por el delito de trata de personas, cuando los usan para entregar la droga que ellos venden, o para fingir que casas de seguridad con drogas, armas o personas privadas de la libertad son casas familiares. Sin embargo, después de 17 meses de gestión, ninguno de esos padres ha sido juzgado por los actos cometidos contra sus hijos.
“Habría que estudiar algún caso en concreto, pero en efecto, el empleo de menores de edad para la comisión de un delito puede ser materia de investigación para la obtención de datos de prueba que posiblemente podrían resultar en la existencia del delito de trata de persona”, reiteró Carpio el 7 de junio.
“Ha habido gran actividad en la Dirección Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes, ya sea cuando son víctimas o participantes en alguna investigación, ha habido una mejora del 60% en casos atendidos y resueltos”, dijo.
Al reiterar la pregunta de cuántos casos contra los padres en su gestión, admitió que ninguno. “Hasta este momento no traigo en mis registros de memoria que me hayan informado que algunos de estos adolescentes hayan sido usados por un padre de familia, pero sería cosa de revisar”, respondió.
NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS
“Siempre se ha hablado de que en DIF quitamos niños, pero las instancias encargadas de ponerlos a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cuando se dan cuenta que se ha cometido un delito y que hay menores involucrados, son las secretarías de Seguridad Pública de los municipios o la Fiscalía del Estado” manifestó Mónica Vargas, directora del DIF Municipal.
Sin embargo, la mayoría de los casos de menores hijos de padres involucrados en delitos están institucionalizados, “los padres no hacen su mayor esfuerzo y no completan los programas, acuden a una o tres citas y abandonan”.
Oficialmente, el protocolo para devolverlos es definir cuál o cuáles derechos del niño fueron vulnerados para definir el programa de restitución de derechos que debe seguir el padre, el cual incluye que incluye que realicen algún tipo de tratamiento psicológico o de desintoxicación, de ser necesario; exámenes médicos y psicológicos; valoraciones de trabajo social con visitas a los vecinos y la familia extendida; así como valoraciones de convivencia. Una vez que se entregan los menores, las valoraciones continúan por un año, cada uno o dos meses. Primero procuran colocarlos con la familia extendida, tíos, abuelos, hermanos que puedan hacerse cargo con valoraciones psicológicas, de trabajo social y no antecedentes penales; si no reúnen los requisitos, los colocan programa Familias de Corazón, mientras se resuelve su situación jurídica, se determina el estado de abandono y los incluyen en el programa de adopción. Sin embargo, en la mayoría de esos casos “se establece la institucionalización y permanecen hasta que cumplen la mayoría de edad”, indicó Vargas.
NORMALIZAR EL CRIMEN
El sábado 2 de julio de 2022, Héctor Infante el Tolín, narcotraficante que sirve al Cártel de Sinaloa -de acuerdo a información de la Mesa de Coordinación-, fue atacado a balazos por un comando de hombres con armas largas en seis camionetas que dispararon más de 300 tiros.
Durante el ataque, Infante y su hijo de 15 años repelieron la agresión, ambos disparando pistolas calibre .9 milímetros. La vida de este menor se puso en riesgo y se le hizo partícipe de un delito; su hermano de 10 años también resultó herido.
Ambos fueron entregados al seno familiar, sin mayores trabas ni requisitos, actualmente el padre sigue preso, con orden de extradición pendiente.
“Lo que vemos con preocupación es que cada día más jóvenes, incluyendo mujeres, se están involucrando en diversas actividades delictivas, diversos delitos patrimoniales como el robo de vehículo, a comercio, a transeúnte, pero también ya vemos en algunos casos portando armas de fuego o armas de utilería. A final de cuenta es igual robo con violencia, porque no te vas a poner a revisar si el arma es real o no”, expuso José Fernando Sánchez González, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana.
“A veces tiene que ver con el problema de la disociación o de la disfunción de un entorno familiar, lo que ves en tu casa, te empujan fuera y te refugias en la calle, es más fácil que te enganches en consumo de droga y delitos, siempre hay alguien interesado en decirle ‘yo te voy a cuidar, te voy a dar un arma de fuego’ y así sigue la ruta. El porcentaje más alto que recibimos al 911 es violencia en el hogar, de ahí se desprenden muchas cosas”, agregó el funcionario municipal de Tijuana.
MÁS ADOLESCENTES COMETIENDO DELITOS
“Más menores que detienen armados, no sólo de 17 años -que era el más común en el pasado-, estamos deteniendo jóvenes de 12, 13, 14 años. Hace poquito, dos menores de 14 tenían amagada y ya estaban amarrando a la señora de una tienda de abarrotes para robarla en la colonia Libertad, se implicaron en privación de la libertad por el dinero de la venta del día”, ejemplificó Fernando Sánchez.
Apenas el 4 de junio, hubo dos denuncias de delitos en Tijuana, en los que los presuntos responsables fueron adolescentes.
Una víctima de robo declaró ante los policías que las menores Amairani Yamile, de 12 años Y Ángela Nataly, de 13, llegaron a su casa en el Cañón Herradura del Pedregal de Santa Julia en Tijuana y le pidieron dinero para pagar un taxi.
Momentos más tarde, detrás de las adolescentes aparecieron Carlos Antonio -17 años- y Edgar Enrique -16- e irrumpieron al domicilio por la fuerza, amenazando con un arma, le robaron y huyeron. Al ser detenidos la Policía se dio cuenta de que la pistola era falsa.
El mismo domingo, otro menor fue entregado a la Dirección Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes de la FGE: Aarón, de 16 años, quien en compañía de dos adultos jóvenes trató de robar un auto que el empleado de una veterinaria lavaba frente al negocio ubicado en las calles Bahía de la Paz esquina con Agustín Lara de la colonia Miramar.
Le pidieron las llaves, como le dijo que los jóvenes “ingresaron a la veterinaria exigiendo las llaves y despojaron de sus pertenencias a los clientes y empleados del lugar”, unode los empleados se opuso, pelearon y resultó lesionado de bala. Al huir, dos de ellos fueron detenidos por víctimas que los persiguieron, el presunto ladrón mayor de edad peleó y terminó con la cara lesionada a golpes.
Dos meses atrás, el 10 de marzo, Kira Amairani de 16 añosy Alejandro Duarte, quien primero fue presentado como menor, pero resultó ser mayor de edad, fueron encontrados mientras intentaban huir de la casa marcada con el número 14 en Riberas del Bosque, en el segundo piso de la casa localizaron el cadáver de un hombre asesinado con balazos en cuello y la cabeza, maniatado y envuelto en una sábana.
Robo, narcomenudeo, portación de arma y homicidio …seguir leyendo
También encontraron un narcomensaje:“Esto le va a pasar a todos, los que anden brincando el cerco, el terreno ya tiene dueño, alinéense a la verga porque voy a barrer con todo el que ande de chapulín, se alienan o los alineo hijos de su puta madre. Atentamente El 16 y sus batacas”.
De acuerdo a las primeras versiones, los jóvenes no mataron a la víctima, pero los asesinos lo habían ejecutado en la casa y les habían ordenado tirarlo junto con el mensaje.
Ricardo Carpio, titular de la FGE, insistió en que la mayoría de las veces los adultos detrás de las actividades delictivas de los menores no son los padres, “reconocemos que ocurren ese tipo de eventos, son los menos, y las víctimas no saben que están siendo víctimas de trata de personas”.
Por último, habló de las edades:
“Típicamente por meses o un año están a punto de cumplir la mayoría de edad, generalmente tienen desorientación y desconocimiento de la Ley; pueden saber qué es correcto o incorrecto, pero no conocen la trascendencia legal”.
(Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP)
