Karla Aguilar Pastrana, madre de tres hijas víctimas de abuso sexual por parte de su padre, exigió a las autoridades la destitución de dos ministerios públicos y la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Adriana Lizárraga, por omisiones en la carpeta de investigación que permitieron el sobreseimiento de uno de los tres casos.
En entrevista con ZETA, la madre refirió que tres de sus cuatro hijas fueron víctimas de su padre, Sam “N”, cuando éstas quedaban a su cuidado durante la custodia compartida.
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La mayor de sus hijas le confesó la verdad en 2019, cuando ya tenía 12 años, pero el abuso ocurrió cuando tenía 8, por lo que al enterarse acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer la denuncia correspondiente.
Por las influencias que pudiera tener su exesposo, al tener amistades dentro del Ayuntamiento de Tijuana, empresarios y la misma FGE, Karla buscó asesoría jurídica y posteriormente fue referida a la fiscal Adriana Lizárraga, así como a la ministerio público Lourdes Pérez.
En un inicio la investigación parecía avanzar, sin embargo, la menor no tuvo un perito en psicología que la atendiera, y la perito médica tuvo una actitud indiferente, no apta para tratar a un menor de edad.
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Después se descubrió que las otras dos menores también habían sido afectadas, entonces ya eran tres carpetas: la primera por violación, la segunda por pederastia y la tercera por abuso sexual.
“En la carpeta de mi segunda hija, que es de la que acaban de girar la orden de aprehensión, la licenciada Lulú Pérez y la licenciada Lizárraga hicieron hasta lo imposible porque esa carpeta se archivara y me citaron en dos ocasiones para decirme que esa carpeta no tiene elementos para ser judicializada, porque es un delito menor por ser tocamientos menores”, afirmó.
El imputado Sam “N” fue liberado el martes 20 de junio, debido a que tanto Lizárraga como el resto de los ministerios públicos no formularon la acusación en tiempo y forma, además de tener vínculos con la defensa del agresor, aseguró Aguilar Pastrana.
La madre de las víctimas se contactó en un par de ocasiones con el fiscal general Ricardo Carpio Sánchez, la última después del sobreseimiento, en donde éste se comprometió a brindarles seguridad y no permitir que pase lo mismo con las otras dos carpetas.
De acuerdo con la denunciante, le informaron que Pérez y el fiscal central Rafael Orozco, habían sido suspendidos. ZETA trató de confirmar la información, pero no obtuvo respuesta por parte de la FGE.
Karla Aguilar Pastrana logró hablar con Ávila Olmeda la mañana del jueves 22 de junio, donde le reclamó el actuar de los agentes del ministerio público, además de negarse a escuchar su caso, a pesar de las distintas ocasiones en las que pidió audiencia con ella.
La primera ejecutiva se comprometió a darle seguimiento a las otras dos carpetas de investigación que quedan pendientes.
