Las advertencias que realizaron expertos en múltiples ocasiones sobre las riesgosas consecuencias de la militarización en México y el uso excesivo de la fuerza coincide con una serie de eventos en los que la actuación de algunos miembros de las Fuerzas Armadas es cuestionada por la violencia ejercida, el abuso de autoridad y hasta la alteración de escenas del crimen, en un intento de desviar investigaciones y que no se declare lo que a todas luces parecen ser ejecuciones extrajudiciales.
Los últimos acontecimientos, ocurridos el 18 de mayo de 2023 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde nuevamente fueron ajusticiados cinco civiles a los que se colocó la etiqueta de ser presuntos miembros del Cártel del Noreste (CDN) a manos de elementos del Ejército Mexicano tras un supuesto enfrentamiento, dejan en claro esa proclividad de los agentes castrenses comisionados en esa región a usar indiscriminadamente las armas de fuego y construir montajes para modificar los hechos reales.
Nuevo Laredo se ha constituido en la historia reciente, de poco más de una década hacia la fecha, en Capital de las ejecuciones extrajudiciales en México, desde el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, hasta la administración de Andrés Manuel López Obrador, como lo muestran los cada vez más frecuentes y repetitivos sucesos.
Parece que la violación grave de los derechos humanos es cosa de todos los días en territorio tamaulipeco. Apenas había pasado menos de un trimestre de otra fatídica intervención militar en contra de seis civiles jóvenes en esa misma demarcación, que terminó con la vida de cinco de ellos, cuando ocurre el nuevo evento que tuvo que ser reanalizado a raíz de la difusión de un video el 5 de junio último, que muestra que los hechos del 18 de mayo no fueron como los narraron las autoridades en su momento, sino que las víctimas se encontraban sometidas cuando los soldados les fusilaron contra una pared, en la parte posterior de un centro comercial.
En este, como en otros casos en los que las evidencias desenmascaran la versión oficial, autoridades reconocen el exceso criminal en el que incurrieron los presuntos responsables de ejecutar extrajudicialmente a personas que no tenían posibilidades de defenderse cuando ya se encontraban bajo resguardo de sus captores. Se inician investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace lo propio para emitir recomendaciones que generalmente son admitidas, pero no cumplidas por las autoridades, generando impunidad.
Aunque no existe un concepto que se encuentre establecido en forma consensada en un tratado o convención internacional de alcance universal ni regional, la definición más apropiada sobre ejecución extrajudicial es aquella “cuando se consuma la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso que lo disponga”. Generalmente en este tipo de violaciones graves de derechos humanos, los perpetradores resultan ilesos o si acaso alguno lesionado.
Tratadistas sobre el tema como Humberto Henderson, destacan que la ejecución extrajudicial es una violación que puede consumarse de manera aislada, con o sin motivación política, o más grave aún, como una acción derivada de un patrón de índole institucional. Que la mayoría de este tipo de ejecuciones se registre regularmente en Nuevo Laredo podría no ser una simple coincidencia, situación que debe investigarse para descartar cualquier consigna de parte de mandos castrenses regionales.
NUEVO LAREDO
Señalar a Nuevo Laredo como Capital de las ejecuciones extrajudiciales tiene su base en los hechos. El 18 de mayo de 2023, el último de ellos. Hubo previa balacera. El mando operativo del piquete de soldados dijo que cuando revisaban la camioneta de los agresores, fueron atacados por integrantes de la delincuencia organizada, quienes pretendían rescatar a sus compañeros, aunado a que presuntamente los detenidos quisieron recuperar sus armas y fallecieron (sin especificar cómo). Un video difundido 18 días después desmiente la versión.
Los ahora fallecidos (cinco) que viajaban en una camioneta pick-up negra se impactan contra la barda perimetral de un centro comercial. Llega la unidad militar 0916347, de la que descienden varios soldados, apuntando sus armas hacia el vehículo siniestrado. Otra unidad -0916579- choca intencionalmente la camioneta por el lado derecho y más de diez soldados bajan a los civiles, extraen varias armas largas, luego hincan a las víctimas de cara a la pared y les disparan.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que 16 involucrados fueron llevados ante un juez del fuero de guerra por delitos contrarios a la disciplina militar, sin que aún sean juzgados por los homicidios.
El 26 de febrero, cinco jóvenes que circulaban a bordo de una camioneta negra fueron asesinados durante la madrugada a manos de militares en calles de la colonia Manuel Cavazos Lerma en Nuevo Laredo. Tras una persecución, militares les dispararon en más de 80 ocasiones. Un sexto joven sobrevivió y aseguró que regresaban de un centro nocturno. Los soldados amenazaron a los vecinos con sus armas y no prestaron atención a las víctimas. El 9 de abril, un juez federal inicio proceso penal por homicidio y homicidio en grado de tentativa en contra de cuatro soldados implicados y les decretó prisión preventiva.
Sin embargo, retrocediendo en el tiempo, el 5 de septiembre de 2009, policías estatales de élite ejecutaron extrajudicialmente a ocho jóvenes (cinco hombres y tres mujeres) en Nuevo Laredo. Los cuerpos llevaban indumentaria tipo militar y chalecos con las siglas CDN. Varias de las víctimas fueron extraídas de sus domicilios por la fuerza sin la ropa con la que los encontraron sin vida alrededor de una camioneta con blindaje artesanal. Vecinos aseguraron que se trató de un montaje de los elementos pertenecientes al Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas. Eran tiempos de Felipe Calderón.
Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2018, fueron detenidas arbitrariamente y desaparecidas 27 personas en Nuevo Laredo por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Tiempo después, 12 de las víctimas fueron encontradas sin vida en brechas y entierros clandestinos, en los municipios de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Anáhuac, Nuevo León. La CNDH emitió la Recomendación 36VG/2020.
Ya en el sexenio de López Obrador, el 3 de julio de 2020, sobre el Bulevar Aeropuerto, a la altura de Los Fresnos en Nuevo Laredo, militares y civiles que viajaban en tres camionetas se enfrentaron a balazos, con saldo de 12 personas muertas, entre ellas tres que previamente fueron reportadas como desaparecidas y eran transportadas en la batea de una de las camionetas de los civiles. Cuando los vehículos fueron copados por seis unidades militares, los soldados dispararon en contra de sus presuntos agresores abatiendo a todas las personas, incluidas las que iban secuestradas.
El 7 de febrero de 2021, a las 23:40 horas, cuatro personas viajaban en un vehículo particular en Colinas del Sur, Nuevo Laredo, cuando se les acercó una camioneta de la Sedena, cuyo personal, sin mediar palabra alguna, les cerró el paso y dispararon sus armas en contra de los ocupantes. Derivado de esa acción, se detuvo a tres personas, dos de las cuales sufrieron lesiones y una más perdió la vida.
El 31 de agosto de 2022, también en Nuevo Laredo, soldados asesinaron a la niña Heidi Mariana, de 4 años, quien recibió un balazo en la cabeza. La infante y un hermano menor viajaban a bordo de un automotor conducido por una amiga de su madre, quien llevaba a Heidi al hospital por un dolor en el estómago. La mujer observó una unidad militar en el camino y al variar la dirección escuchó disparos de arma de fuego. La niña murió en el acto.
IMPUNIDAD
Así como los hechos de Nuevo Laredo, existen decenas de casos de ejecuciones extrajudiciales en diversos rincones del país perpetradas por policías municipales, estatales, federales, madrinas, Marina, Ejército, operaciones conjuntas entre organizaciones criminales y algún individuo con nexos en el Estado. El panorama es más desolador si se cuenta con las pruebas de que muchas desapariciones forzadas son en realidad ejecuciones extrajudiciales, como en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Uno de los principales problemas para resolver estos graves ilícitos, en caso de que en realidad las autoridades quisieran esclarecerlos, es que los perpetradores, y en ocasiones miembros de las instituciones a las que pertenecen, manipulan el lugar de los hechos, amenazan a las familias de las víctimas y emprenden una serie de acciones para imposibilitar la investigación. Por eso, en algunas de las veces, como ocurrió con la matanza de 22 personas a manos de militares en Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio de 2014, servidores públicos implicados son exonerados de su responsabilidad criminal.
Por su parte, la intervención de la CNDH es siempre igual. Investiga hasta donde se le permite, arma sus conclusiones de los hechos y emite repetitivas recomendaciones que no tienen carácter vinculatorio. Amablemente los titulares de las dependencias las admiten, pero no las acatan a cabalidad.
La CNDH solicita reparar integralmente el daño a las víctimas indirectas, incluyendo una compensación económica, que se les brinde atención médica, psicológica y medicamentos que requieran, y colaborar en el seguimiento de la denuncia y queja que se presenten por los hechos ante las instancias correspondientes.
La o el ombudsperson también recomienda impartir cursos de capacitación sobre el Manual del Uso de la Fuerza, “específicamente en lo relativo a derechos humanos, procuración de justicia y prevención del uso excesivo de la fuerza, dirigido al personal de destacamento en esa entidad; además de solicitar que los militares que intervengan en operativos empleen dispositivos tecnológicos que permita registrar audiovisualmente su actuación”. Igual a los fiscales, federal o estatales, que colaboren en el seguimiento de las quejas que se formulen ante el Órgano Interno de Control de la dependencia e impartan cursos de derechos humanos, criminalística y procuración de justicia.
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En el informe La Impunidad Activa en México. Cómo Entender y Enfrentar las Violaciones Masivas a los Derechos Humanos, que encabezaron los investigadores Alejandro Anaya Muñoz, James Cavallaro y Patricia Cruz Marín, junto con estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Universidad de Stanford y de la Red Universitaria para los Derechos Humanos de Estados Unidos, se concluye que muchos de los casos que tienen la connotación como los aquí narrados, no son del entero interés del Estado resolverlos.
Para el doctor Anaya Muñoz, vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y ex coordinador de la Maestría de Derechos Humanos y Paz del ITESO, la crisis en temas como la violación al derecho a la vida, la prohibición de las exclusiones, derecho a no ser víctima de tortura, derecho a no ser víctima de desaparición forzada y derecho humano al acceso a la justicia atraviesan una situación crónica y grave, genera la impunidad activa por parte de las autoridades, en un país donde en sólo2% de los casos existe una sanción a los delincuentes, en forma excepcional.
Anaya estima que cuando la impunidad es la norma, como ocurre en México, se convierte en un incentivo para que las violaciones de derechos humanos y el crimen se repitan y se perpetúen, “porque al no haber sanción, no hay un freno inhibidor para las personas que delinquen, o un motivo para que las víctimas denuncien, o para que las autoridades no violen derechos humanos. Porque si no va a haber castigo, entonces lo puedo hacer, sin ningún problema, ¿no?”.
