Con 63 votos a favor y 36 sufragios en contra, el Senado de Estados Unidos, con mayoría demócrata, aprobó, el 1 de junio de 2023, el acuerdo logrado entre la Casa Blanca y los republicanos, para subir el techo de deuda del Gobierno de EE.UU. -encabezado por el presidente Joseph Biden-, evitando así que dicho país entrara en suspensión de pagos.
El proyecto de ley -enviado a la Casa Blanca, para que el mandatario estadounidense lo firme- fue aprobado por el Senado un día después de que la Cámara Baja del Congreso de EE.UU., con mayoría republicana, también lo avalara y a cuatro días de la fecha límite marcada por el Departamento del Tesoro, para que dicho país hubiera podido incurrir en un impago de su deuda nacional.
“Estados Unidos puede respirar tranquila porque con este proceso estamos evitando la suspensión de pagos”, dijo poco antes de la votación, Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en la Cámara alta del Congreso de EE.UU.
La medida negociada primero entre Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, suspende el techo de deuda de Estados Unidos para los próximos dos años, hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. En concreto, suspende el actual límite de deuda de 31 mil millones de dólares, hasta el 1 de enero de 2025.
A cambio, el acuerdo alcanzado entre la Casa Blanca y los republicanos de la Cámara baja del Congreso de la Unión, contempla, entre otros, topes al gasto en programas financiados por el Poder Legislativo estadounidense en ámbitos como la sanidad, la educación, la justicia o la protección medioambiental.
Ante dicho pacto, el gasto que no sea de defensa permanecerá igual en el año fiscal 2024 y aumentará el 1 por ciento en el año fiscal 2025. Además, endurece los requisitos de trabajo para acceder a prestaciones sociales, como los cupones de alimentos, y rescinde 28 mil millones de dólares no gastados, que habían sido asignados a programas de ayuda frente a la pandemia de la COVID-19.
Asimismo, recorta parte de los nuevos fondos destinados a la Hacienda pública, para reasignarlos a partidas que no sean de defensa y contempla la reanudación de los pagos por parte de los estudiantes universitarios de la deuda que tengan acumulada.
