Después de diez años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo para que los predios de La Bufadora, se conviertan en un espacio público una vez que el Gobierno del Estado entregue una indemnización al Ejido Coronel Esteban Cantú.
Son alrededor de 14 mil 553 metros cuadrados de terreno donde están instalados comerciantes fijos y semifijos, mismo que en 1995 entregaron en concesión al gobierno del estado a través de un fideicomiso.
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Con el tiempo los integrantes del Consejo Ejidal trataron de recuperar el predio para construir un desarrollo turístico privado e interpusieron recursos legales con sentencias a favor de ellos. Incluso, en septiembre del 2014 los locatarios frustraron una orden desalojo con uso de la fuerza pública.
Durante la administración del alcalde Gilberto Hirata Chico, se planteó un “Incidente Innominado”, donde se propuso un “cumplimiento sustituto”, para pagar a cambio de que el Ejido entregue el terreno.
El 8 de junio se resolvió el recurso y el director del Fideicomiso de La Bufadora, Joaquín Bolio Pérez, se reunió de inmediato con los locatarios quienes celebraron la decisión del tribunal en espera de iniciar pláticas con el Gobierno del Estado para conocer cuál será la ruta.
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Lo que sigue, explicó el funcionario municipal, será establecer el monto exacto por la cantidad de tierra, saber a cuánto equivale y, de acuerdo a los planos, estimar el valor comercial. Este cálculo lo realiza la Comisión Estatal de Avalúos.
Lo más conveniente, explicó el director, será hacer una mesa de negociación o trabajo donde estarán tanto el Estado, como el ayuntamiento, los ejidatarios y después los locatarios.
“Si aceptan la oferta o buscan un acuerdo para que el pago sea satisfactorio para que el acuerdo pueda avanzar y dé fin”, manifestó.
Una vez que se ejecute el fallo, mencionó, será necesaria una fuerte inversión en infraestructura para dar una atención digna a los visitantes.
“Se ha discutido si será inversión pública o privada, pero eso se sabrá una vez que se define la tenencia de la tierra; se va plantear con seriedad qué es lo que corresponde de ahora en adelante para ponerlo en condición de recibir y darle un servicio de calidad al visitante”, sostuvo.
A partir de que el Estado y el ayuntamiento sean notificados de manera oficial, todo comenzará a agarrar forma, así como legalizarse las acciones que han estado detenidas, opinó.
“Porque todo juicio o disputa jurídica, frena cualquier acción, no se podía avanzar ni por parte de la autoridad ni por quienes están ahí [comerciantes]”, agregó.
Por historia, es el centro turístico con más visitantes en Baja California, con un promedio de cinco mil personas diarias los cuales generan una derrama económica de casi 500 mil pesos, de acuerdo con cálculos del Fideicomiso.
“Los visitantes de todo el mundo, llegan a La Bufadora sin publicidad ni infraestructura adecuada para recibirlos”, aclaró Bolio Pérez.
En La Bufadora, hay 157 negocios semifijos de los cuales 133 son considerados “pequeños” por el ayuntamiento, 18 restaurantes y puestos de comida, así como dedicados a la fabricación de artesanías. Por cada comercio hay alrededor de cinco empleados y hay diez que tienen por lo menos diez trabajadores.
El histórico fallo
El jueves 8 de junio, la SCJN aprobó el cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo, ante la imposibilidad material para que se devuelva al Ejido Esteban Cantú una fracción de terreno afectado por un decreto del gobernador de Baja California, a cargo del panista Ernesto Ruffo Appel.
Dicha fracción se otorgó como parte de una concesión en favor de un fideicomiso -estatal y municipal-, para la construcción y administración de un proyecto turístico que implicó la construcción de una carretera estatal y un centro turístico de relevancia, el 11 de julio de 1995.
La Constitución establece que el cumplimiento sustituto procede cuando la ejecución de la sentencia afecte gravemente a las sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; o cuando por las circunstancia materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad a la vulneración de derecho.
La corte consideró que la restitución del predio extinguirá una vialidad pública, un andador y el desarrollo turístico vinculado con la conservación de un fenómeno natural de gran interés en la zona, conocido como “La Bufadora”.
Lo anterior implicaría un perjuicio a las personas cuya actividad económica está vinculada al turismo en el lugar, pero, además, a los habitantes del municipio o público en general.
