Más de 67 millones de pesos ha recibido en obra pública el consorcio de empresas del constructor favorito de Morena en Mexicali desde la administración de Marina Ávila
En poco más de un año de administración de Norma Alicia Bustamante Martínez, la distribución de obra pública no ha cambiado mucho en comparación con su antecesora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y gran parte de los contratos de rehabilitación de vialidades se han otorgado para un consorcio de empresas propiedad de la familia Zavala.
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El Clan Zavala fue uno de los más beneficiados durante la alcaldía de Ávila Olmeda, al grado que en un paquete de obra otorgado en su primer año de gobierno, se agenció más del 70 por ciento del recurso de las obras totales de la administración municipal.
Oliver Zavala, Leonardo Zavala Mancillas, Leonardo Zavala Mena, Alejandro Zavala Beltrán y Griselda Beltrán Román comparten, junto con Rodrigo Jesse Aarón Bonilla Chinchillas, propiedad de las empresas Conza, SA de CV, creada en 2008 por Alejandro Zavala Beltrán y su madre, Griselda Beltrán Román; B&D División Construcción, establecida el 23 de septiembre de 2019 -una semana antes del ascenso de Marina del Pilar a la alcaldía y perteneciente a Oliver Zavala Beltrán y Rodrigo Jesse Aarón Bonilla Chinchillas; y la persona física Leonardo Zavala Mancilla.
Todos ellos sostienen -evidentemente- una relación familiar, e incluso registraron sus domicilios en Avenida Juan Aldama números 889-3 y 899-4, Colonia Independencia. Ambas direcciones se encuentran juntas en la esquina de la intersección con Calle Río Culiacán, donde se registró la tercera empresa, B&D División Construcción, pero con el número 899-4.
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Tras ser exhibidos, esta última empresa cambió su domicilio fiscal a Calle Río Fuerte de la colonia Vallarta, que en realidad está muy cerca de su anterior domicilio.
Tal parece que el cambio no les afectó, toda vez que, al arribo de Norma Alicia Bustamante a la presidencia municipal mexicalense, las empresas en conjunto han ganado contratos superiores a los 67 millones de pesos, principalmente para la rehabilitación de vialidades en toda la ciudad, incluso con el dinero obtenido de la regularización de autos chocolate. Sin embargo, a diferencia de la pasada administración, ahora al menos compiten por las obras -o eso aparentan-, pues anteriormente realizaban invitaciones restringidas a tres personas y contendían entre sí.
El favoritismo a la familia Zavala también es cuestionable por el hecho de que el director de Servicios Públicos Municipales, Juan Francisco Garza, es familiar de Oliver Zavala Beltrán, pues según sus propias páginas de redes sociales, las esposas de ambos eran hermanas -una de ellas fallecida-.
Si bien, la contratación corre por cuenta del director Alberto Ibarra Ojeda, existe una estrecha relación con un funcionario de primer nivel de la administración de Bustamante Martínez.
Tremendo problema de 3 mdp
La mala operación del secretario Daniel Humberto Valenzuela y de la Fiscalía General del Estado le está costando muy caro a la administración de Mexicali en torno al robo de 3 millones de pesos provenientes de la Dirección de Bienestar Social Municipal en 2019.
Caso en el que la hoy gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la diputada Alejandra Ang interpusieron la denuncia por el robo de dicho dinero, pero la FGE -en épocas de Guillermo Ruiz Hernández- focalizó la indagatoria hacia Jesús Enrique Gutiérrez Díaz, un empleado con 20 años de servicio, para acusarlo de haber hurtado dichos recursos.
Hoy, ni la FGE ni los gobiernos tienen certeza de dónde quedó ese dinero, pero mantienen la acusación contra Jesús Enrique, quien ya obtuvo suspensión provisional con el número 653/2023, debido a que hay indicios de que no se le brindó una defensa adecuada en el proceso judicial que lleva en su contra.
Funcionarios de la Secretaría del Ayuntamiento habrían intentado simular el acuerdo reparatorio, en tanto la Sindicatura Municipal a cargo de Héctor Israel Ceseña, no giró -en ese momento- instrucción para investigar el caso, por lo que nadie sabe lo que ocurrió debido a graves omisiones, o bien, a una gran complicidad para evitar que el perpetrador tuviera responsabilidad de sus actos.
