Lo que parecía un asunto finiquitado por las autoridades se ha vuelto un caso turbio en el que ninguna autoridad puede brindar certeza de lo que ocurrió en el desvío de recursos de la Dirección de Bienestar Social Municipal, donde “desaparecieron” 3 millones de pesos de las cuentas de la institución.
El jueves primero de junio, tanto el presunto responsable, Jesús Enrique Gutiérrez Díaz, como la presidenta municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, enfrentaron versiones durante conferencias de prensa realizadas a lo largo del día, donde se acusaron mutuamente de brindar información sesgada sobre el caso.
Cabe recordar que en noviembre del 2019, el Ayuntamiento de Mexicali era dirigido por Marina del Pilar Ávila Olmeda, hoy Gobernadora del Estado. El 19 de ese mes, Jesús Enrique Gutiérrez Díaz, dio a conocer que se había realizado una transferencia bancaria de una cuenta de BISOM a otra de Banco Azteca, con la única identificación de “LUFY” en el rastreo del dinero.
En total fueron enviados 3 millones de pesos a una cuenta utilizada principalmente para el pago de proveedores menores, cuyos movimientos no superaban los 40 mil pesos.
Dado que Gutiérrez Díaz era uno de los pocos que tenía acceso para realizar transferencias, autoridades lo responsabilizaron por el movimiento del dinero, por lo que fue despedido.
Tras casi cuatro años, el fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez, reconoce que no tiene información de la ubicación del dinero, y agregó que la investigación ya se encuentra cerrada, por lo que no se podrá incluir nueva evidencia.
En una conferencia de prensa realizada en el Casino de Mexicali, donde estuvieron presentes el propio Jesús Enrique acompañado de su abogado, Fernando Rosales y Octavio Sandoval López, además de otros perfiles allegados a colectivos como Ocupa y COPARMEX, mostraron un posicionamiento claro en torno a las irregularidades que se vivieron en el caso contra el imputado, y aseguraron que la responsable legal de las cuentas es la hoy diputada Alejandra Ang.
Gutiérrez Díaz fue entrevistado por los medios de comunicación al respecto y aseguró que no era el único con acceso para realizar transferencias, sino que había tres personas que podían hacerlo.
“Había dos juegos de dispositivos (token), uno bajo mi resguardo y el otro bajo resguardo de Gustavo López; y Enedino Valdivia nos ayudaba a realizar transferencias bancarias, pero eran dos juegos de dispositivos, tres personas nada más tenían”.
El abogado de Jesús Enrique, Fernando Rosales, arremetió contra la legisladora porque nadie la ha responsabilizado pese a que el dinero se encontraba bajo sus atribuciones.
Agregó que se presentó un amparo en contra del caso, con la intención de que les permitan presentar pruebas para defender a su representado.
“Yo estuve en pláticas con el Departamento Jurídico del Ayuntamiento, para ver la posibilidad de llevar a cabo un acuerdo reparatorio, ellos mencionan que hiciera la primera parcialidad y posteriormente no se iba a dar aviso del incumplimiento, yo las pláticas que tuve fueron con las licenciada Paola Uribe, lo platicamos, yo desconocía la Ley y mucho de ese tipo de acuerdos y alegatos, yo no tenía conocimiento cómo se manejaba esa situación”, refirió Jesús Enrique..
Agregó que no existe un proceso administrativo en su contra por su remoción, por lo que presentó una queja ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en busca de obtener sus beneficios laborales.
Por su parte, la presidenta municipal Norma Alicia Bustamante, negó que el acuerdo reparatorio fuera promovido por su administración, pues -aseguró- fue una propuesta del hoy acusado, comprometiéndose a pagar 83 mil 333 pesos mensuales en un periodo de 3 años. Esto pese a que no tenía la solvencia para cubrir con el compromiso.
“Que presente él su denuncia, no vamos a entrar a un dime, que decimos cosas que se hagan las cosas en la Fiscalía, los temas jurídicos no se politizan, sí él dice que un tercero cuarto o quinto, él tendrá que decirlo a la FGE y de acuerdo a ello dirán los responsables, sin embargo hasta ahorita el único responsable es el imputado” refirió el secretario del Ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela.
Agregó que ya no se permitirá otro acuerdo reparatorio.
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