Cuando el tandeo de agua potable llega a la colonia Paraíso del Sol, en el municipio de La Paz, Baja California Sur, Yolanda Gudiño debe estar atenta. Si el servicio llega en la noche, por la madrugada se amanece para captar apenas una cubeta de 20 litros cada tres días.
Yolanda distribuye esos únicos 20 litros para lavar trastes y atender la cocina. No desperdicia una gota. El agua sucia la usa para el inodoro y regar las pocas plantas que tiene. Para bañarse, pide el favor a sus familiares cercanos que no enfrentan esta carencia. Muchas veces usa gel antibacterial para limpiar sus manos.
“Es cada tercer día, he llegado a juntar una cubeta de agua en temporada de calor. ¿Para qué me sirve una cubeta de agua de 20 litros? Para nada, ni para bañarme”, reclamó.
De acuerdo a la Organización mundial de la Salud (OMS), para que una persona cubra sus necesidades básicas requiere entre 50 y 100 litros de agua al día; es decir, de 2.5 a 5 cubetas.
Las circunstancias geográficas de Baja California Sur, entidad al Noroeste de México y punta de una península desértica donde la lluvia es casi nula, limitan la recarga de los acuíferos, siendo esta la única forma de obtener agua para brindar el servicio a los habitantes.
El Monitor de Sequía de México reportó estatus anormalmente árido (D0) en el 73.2% del territorio, mientras que en sequía moderada (D1) 12.3%. Sólo el 14.5% del territorio no registra esta afectación.
Según Alma Lidia Cota, coordinadora de la asociación civil Cómo Vamos La Paz, “se extrae más agua de la que se recarga (al acuífero)”.
Y es que el acuífero está sobre concesionado y en condiciones de extrema explotación, debido a que las extracciones anuales han sobrepasado la disponibilidad total del agua (rendimiento permanente). Esto se debe a que algunos usuarios, como el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, utilizan volúmenes mayores a la dotación por habitante.
En esta entidad, casos como el de Yolanda son comunes y, aunado a la sobreexplotación del acuífero que abastece a esta zona, la falta de infraestructura hidráulica ha afectado a miles de familias paceñas.
Pese a esta problemática cotidiana, durante los ejercicios fiscales de 2003 a 2007, las administraciones municipales, a través del Organismo del Sistema de Agua Potable, hicieron mal uso de 24 millones 112 mil 908.77 pesos del recurso federal del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), según detectó la Secretaría de la Función Pública en una auditoría realizada al organismo el 14 de septiembre de 2009.
De acuerdo con los documentos, los 20 millones 906 mil 716 pesos fueron utilizados en un pago fuera de los lineamientos del programa. El Municipio también incumplió con las aportaciones comprometidas para las obras “peso a peso” por un monto de 3 millones 206 mil 192.77 pesos.
PRODDER depende de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y tiene como objetivo apoyar a los ayuntamientos en la eficiencia e infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. No obstante, después de que los recursos fueran destinados a otros fines, ahora se requiere saldar una deuda con la propia Conagua.
El mal uso de recursos ocurrió durante las administraciones de Víctor Guluarte Castro (2002-2005) y Víctor Castro Cosío (2005–2008), ambos de la coalición PRD y Convergencia, aunque en estas fechas Castro Cosío milita en Morena y gobierna BCS.
Esta anomalía provocó que la Conagua vetara al Ayuntamiento de dicho programa de 2009 -cuando fueron detectadas las irregularidades-a 2020.
A su vez, la falla impidió que durante once años no se pudieran invertir alrededor de 450 millones de pesos en obras de retención, distribución y cuidado del agua, según una estimación realizada por el director general del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz, Mario Ramón Gálvez, basado en las aportaciones que se hicieron en años pasados y que se dejaron de hacer.
Actualmente el Ayuntamiento de La Paz, estima que 47% de la poca agua que se extrae del subsuelo se desperdicia por fugas en la red de distribución de agua potable que ya es obsoleta y ha carecido de mantenimiento. Dicho dato es apenas un cálculo, dado que las mismas autoridades no miden la cantidad de agua que ingresa a la red pública de distribución, ni la que se fuga, sólo saben cuánta se extrae.
“Es una cuestión que se estima, se habla del 47% del agua que no se contabiliza. Es decir, si yo extraigo 100 metros cúbicos, solamente contabilizo 53, los otros 47 metros cúbicos entran dentro del factor pérdidas”, reconoció el director general del OOMSAPAS.
“Necesitamos medir también cada toma de agua potable, porque dentro de nuestros domicilios hay mucha pérdida de agua, hay muchos desperdicios que el organismo operador no contabiliza y que se vuelven parte de estas pérdidas”, agregó Gálvez.
Esta investigación revela el camino que siguieron los funcionarios de la administración de Víctor Castro Cosío (2005–2008) para usar con otros fines un recurso federal que estaba etiquetado, sin respetar los lineamientos del programa.
A través de las actas de las sesiones extraordinarias del OOMSAPAS La Paz del año 2005, obtenidas mediante Plataforma Nacional de Transparencia, se describe cómo en la administración local de Castro Cosío fueron solicitadas alteraciones en el uso del presupuesto del programa federal.
Aunque al Municipio de La Paz se le requirieron las actas de las sesiones de los años 2003 y 2004 para analizar el uso que se dio a ese recurso durante la administración de Víctor Guluarte Castro (2002–2005), los documentos fueron negados a través de la respuesta a una solicitud de información, con el argumento de que “no existe obligación normativa de contar con la información solicitada de los años que señala”, refiriendo a la vez que en ese portal de Transparencia sólo se encuentran las actas de 2022.
Aun cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó al Ayuntamiento aplicar sanciones a los ex funcionarios públicos responsables, Contraloría Municipal desechó la queja y no estableció sanción alguna, como se menciona en la auditoría. Sin embargo, más tarde se interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con expediente LPZ/96 SPB/2011, durante la administración de Esthela de Jesús Ponce Beltrán (2011-2014).
Mientras se continúa con la búsqueda de sanciones a los responsables de dichos movimientos del dinero, habitantes de La Paz como Yolanda Gudiño, deben racionar la poca agua que reciben a través de la red para sacar adelante las labores del día. En otras colonias de la periferia, los habitantes reciben el servicio mediante pipas una vez al mes.
SFP DETECTA IRREGULARIDADES
Según el expediente de la auditoría, la Secretaría de la Función Pública hizo dos grandes observaciones: en la primera detectó “deficiencias en el manejo, control, registro y supervisión de los recursos por parte de las autoridades responsables de administrar los recursos del PRODDER. Suscripción de programas de acciones sin contar con la suficiencia presupuestal requerida y la inobservancia de los lineamientos del programa”.
Por lo que, de 2003 a 2007, el Organismo de Agua Potable no aportó 3 millones 206 mil 192.77 pesos para diversas obras realizadas bajo la modalidad de “peso a peso”. Es decir, el Gobierno Federal envió el recurso para las obras y el Ayuntamiento debía aportar entre el 20 y 50% restante.
La segunda observación se refiere al uso de 20 millones 906 mil 716 pesos “destinados a fines distintos a los autorizados”. La secretaría detectó que el gobierno de La Paz realizó 12 pagos a favor de la Conagua por la deuda que este tiene con el organismo federal por los derechos de extracción de agua potable.
La SFP catalogó dicho uso del dinero como “fines distintos” porque, de acuerdo con el Artículo 231 A de la Ley Federal de Derechos, el uso de recursos de este programa sólo considera el mejoramiento de eficiencia del recurso hídrico, infraestructura de agua potable y de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, por lo que el dinero no se podía utilizar para pagar esa deuda que se sigue arrastrando en la actualidad.
Además, el Organismo Municipal no tiene solvencia, pues la captación de recursos propios es nula. Hasta noviembre de 2022, el registro de adeudos por el servicio de agua potable de los usuarios era considerable y ascendía a 534 millones 070 mil 721.54 pesos, según información obtenida mediante una solicitud de Transparencia.
De esa cantidad, más de 196 millones de pesos corresponden a deudas que los gobiernos estatal, federal, municipal, las industrias, comercios y servicios tienen con el Organismo Operador que, a su vez, le debe a la Conagua.
En noviembre de 2022, la alcaldesa Milena Paola Quiroga Romero culpó de dicha deuda a los ciudadanos, aduciendo que hasta ese momento la población debía 350 millones de pesos por impago del servicio. Sin embargo, dicha cifra no coincide con la información entregada vía Transparencia, en la que se señala que el adeudo es de 338 millones 064 mil 505.73 pesos.
La ciudadana Yolanda Gudiño opinó que es injusto que se exija pagar recibo de agua cuando el servicio siempre ha sido deficiente, “ahorita como quiera está fresco, gastas menos agua, pero en temporada de calor hay que comprar pipa, doble gasto; aparte tienes que pagar tu recibo, porque tu recibo es tu recibo, y le dices a la que viene a checar, y dice ‘es que es el agua que les toca’. Yo le dije una vez: entonces no nos toca nada, nomás nos toca pagar un servicio que no nos están dando”, reclamó.
A su vez, la información obtenida para esta investigación pone de manifiesto que el propio Ayuntamiento de La Paz y sus dependencias municipales, deben al Organismo un monto aproximado a 60 millones 441 mil pesos por el servicio de suministro de agua potable.
LA FUGA DEL PRODDER Y LA RUTA DEL DINERO
En las actas de las sesiones extraordinarias del OOMSAPAS La Paz del año 2005, cuando el entonces alcalde Víctor Castro Cosío presidía la Junta de Gobierno, se detallan los movimientos que dicha administración realizó para usar el dinero para otros fines.
En ese momento, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa fungía como secretario en la Junta, siendo director del organismo operador de agua local. Hoy es el actual delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Durante la sesión extraordinaria del 9 de agosto de 2005, Castro y Gutiérrez acordaron, a través de un crédito, financiar las obras que se debieron ejecutar con recursos del PRODDER para utilizar posteriormente el recurso de ese programa en obras no contempladas, según se desprende en las transcripciones oficiales.
Para efectuar esos cambios en el uso del recurso, los servidores públicos recurrieron a la modificación del Decreto 1465 del 11 de mayo de 2004. El 19 de septiembre de 2005, el alcalde de La Paz solicitó el movimiento al Congreso del Estado de Baja California Sur.
Originalmente el Decreto mencionaba que el recurso debía destinarse a rehabilitación de la red de drenaje del centro de La Paz, adquisición de equipo de desazolve, rehabilitación de pozos de agua potable del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y la modernización catastral de los módulos 2 y 3, obras que sí se contemplan en las reglas de operación de PRODDER.
Sin embargo, Víctor Castro solicitó modificar dicho mandato para crear el Decreto 1562 que reformó el Artículo Cuarto del anterior, por lo que se adicionaron otras formas de inversión con el dinero de PRODDER, como la elaboración de un estudio diagnóstico integral del OOMSAPAS, la construcción de la primera red de drenaje sanitario de El Centenario, la construcción de cárcamo y línea de conducción de aguas negras en Centenario y Chametla.
También se agregó la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales y cárcamo de rebombeo número 3; la adquisición de un terreno para el tratamiento de aguas residuales; además de la rehabilitación y ampliación de la red de alcantarillado de Todos Santos.
El nuevo decreto permitía la adquisición de dos pipas y construcción de obras de agua potable y alcantarillado en colonias populares, la adquisición de materiales para rehabilitación de la red, instalación y reparación de tomas de descarga, así como la compra de micromedidores para la ciudad.
De acuerdo con el acta de la sesión, el recurso que originalmente se tenía planeado invertir no era suficiente para las obras programadas, por lo cual las autoridades paceñas usaron un crédito a través de la institución bancaria Banorte para rehabilitar los pozos y el recurso federal “se utilizaría posteriormente en otras obras”.
Varias de las obras que se realizaron bajo el cobijo del nuevo Decreto corresponden a las que la SFP detectó con irregularidades. Sencillamente el Municipio no aportó la parte que le correspondía.
Aunque la auditoría de la secretaría menciona que el dinero se usó de manera distinta sólo al pagar la deuda que el Municipio tiene ante Conagua, de acuerdo con los lineamientos de PRODDER, estas son algunas restricciones de uso que no se respetaron: el recurso no se puede utilizar para gasto corriente o para obras por administración; obras de construcción y remodelación de oficinas; adquisición de terrenos, acciones con recursos de otros programas federales; adquisición de equipos de comunicación; adquisición y/o arrendamiento de maquinaria pesada, camiones, camionetas y vehículos compactos; obras y acciones ejecutadas en ejercicios anteriores y las que abarquen más de un ejercicio, así como acciones de cultura del agua.
En una revisión de las actas de las sesiones analizadas para este reportaje, no se encontró un apartado en el que se mencionara y aprobara que los 20 millones 906 mil 716 pesos de PRODDER se utilizarían para pagar la deuda a Conagua. Aun así, en el ejercicio fiscalizado se detectó que el recurso fue utilizado para otro fin, tal y como lo señaló la Auditoría.
Lo anterior se refuerza cuando Ignacio Iglesias Caro, entonces cComisario de la Junta de Gobierno del OOMSAPAS, afirmó en la sesión del 17 de noviembre de 2009 que se realizó “una revisión en las actas de las sesiones de los periodos revisados, y no se encontró indicio de que se expusieran temas relativos a la aplicación del PRODDER”.
Esta afirmación se dio luego de que Silvia Barrera Moreno, quien se desempeñaba como contralora interna de OOMSAPAS, informara sobre las irregularidades detectadas en el uso del presupuesto de PRODDER, sobre la auditoría de la ASF y describiera todas las observaciones emitidas.
EL VETO
Incumplir con las obligaciones del programa provocó que Conagua vetara a La Paz de ese recurso federal a partir de 2009. Fue hasta finales de 2021 que autoridades federales autorizaron al Municipio solicitar nuevamente dicho beneficio, sin embargo, hasta 2022 se volvió a recibir el dinero de PRODDER.
Después de que la SFP realizó las observaciones, Germán Ruiz Padilla, director en turno del Organismo Operador de agua, denunció en 2011 un faltante de 24 millones 112 mil 908 pesos de las arcas municipales, lo cual derivó en la denuncia LPZ/96 SPB/2011 ante la PGJE “en contra de quien o quienes resulten responsables, por la aplicación de recursos destinados a fines distintos a los autorizados por PRODDER durante los ejercicios 2003-2007”.
En la administración municipal de Rubén Gregorio Muñoz Álvarez (2018-2021), actual diputado federal y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, las autoridades buscaron resolver el problema, destrabar el veto y que el OOMSAPAS nuevamente recibiera recursos públicos para invertir en infraestructura.
Las gestiones fueron realizadas por las autoridades municipales ante la Dirección General de la Conagua. El trámite se hizo de acuerdo al programa Agua sin Adeudos, iniciativa que busca regular a los municipios que presentan alguna clase de rezago para que paguen el servicio y, a su vez, accedan a los programas de la Comisión Nacional del Agua.
El veto de Conagua dejó a la Capital sin posibilidad de invertir en obras como rehabilitación o extender las líneas de distribución durante más de 10 años. Es decir, en todo ese tiempo se perdieron poco más de 400 millones de pesos para mejorar la red hidráulica, según Mario Ramón Gálvez Gámez, director de OOMSAPAS La Paz.
POBLACIÓN SUFRE LAS CONSECUENCIAS
Debido a los malos manejos de las administraciones de La Paz y el OOMSAPAS, los habitantes padecen de una mala infraestructura hidráulica y el agua llega a cuentagotas.
Yesenia Barrera, habitante de la colonia Ampliación Manuel Márquez de León, lleva más de tres décadas a la espera de que la administración municipal cumpla con la regularización de sus tierras para así contar con servicio de agua potable entubada.
A los vecinos de la Ampliación Márquez de León sólo les llega el agua a través de pipas una vez al mes. Según dicen, algunos acceden a cubetas de 20 litros. Otros, con mayor suerte, a tambos de 220.
Con base a testimonios de los usuarios, se estima que por familia alcanzan a recolectar entre 220 y mil 500 litros de agua al mes, siempre y cuando tengan una cisterna. En ocasiones la cantidad es menor, lo cual dificulta su modo de vida, sobre todo cuando los niños van a la escuela.
Yesenia es trabajadora doméstica y desarrolla sus labores en viviendas que tienen múltiples tinacos y cisternas, donde se gastan litros de agua sin pensarlo dos veces. Pero al llegar a su hogar, ubicado en una de las colonias de escasos recursos de la Capital bajacaliforniana, ella debe racionar el agua y, como tantos otros residentes, aprovechar cada gota.
“Hay otras personas que sí batallan por el agua, las personas mayores son las que andan batallando a veces por el agua (…) si no están pendientes cuando viene la pipa, pues se les pasa, y ya cuando vuelve a venir, no les quieren echar”, afirmó Yesenia.
A más de tres décadas de su creación, los habitantes de Ampliación Manuel Márquez nunca han tenido agua potable y alcantarillado. Les brindan el servicio una vez al mes. Si la pipa pasa por su calle y no estaban en casa, tendrán agua una vez cada 60 días.
“Está crítica la cosa, andamos batallando, aquí es una familia de cuatro y te llena nada más lo que tengas, ya otros tinacos, otras cosas, no te quieren llenar”, lamentó Yesenia.
MUNICIPIO DE LA PAZ NO MIDE EL AGUA
Mario Ramón Gálvez Gámez, actual director de OOMSAPAS La Paz, explicó que 38 pozos que abastecen la mancha urbana de la ciudad. Del agua que se extrae, estiman una dotación de 200 litros por habitante al día. Sin embargo, en La Paz sólo se mide El 65.8% de los usuarios que hacen uso del agua potable.
De acuerdo con una solicitud de transparencia, hay 112 mil 771 tomas registradas en el OOMSAPAS, de las cuales sólo 74 mil 304 cuentan con medidor. Al 34.2% de usuarios que reciben agua no se les contabiliza, y este recurso hídrico lo consideran pérdida ya sea por fugas o desperdicio.
Además, la red de distribución no cuenta con instrumentos de monitoreo en los pozos. Según OOMSAPAS, la medición en los acueductos no funciona al 100%, por lo tanto, la información de los litros por segundo que ingresan a la red es obsoleta.
Desde hace décadas, La Paz surte a las colonias que carecen de agua mediante pipas. Tampoco existe el dato exacto de a cuántas familias les entregan el recurso por este medio.
Para Alma Lidia Cota, coordinadora del Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz, resulta inverosímil saber cuánta agua se desperdicia en la red, pues ni siquiera se tiene conocimiento de lo que se extrae.
“El dato exacto no se puede dar porque no hay macromedición que nos permita medir cuánto es el agua que se está extrayendo de los pozos, sin embargo, el acuífero sigue siendo el mismo, el agua que se introduce es menor y el agua que se extrae es mayor. Me atrevo a decir que el agua disponible, lejos de ser la misma, es cada vez menos”, confirmó Alma Lidia Cota.
Mientras tanto, el tema de la sequía en La Paz es cada vez más grave. El 12 de julio de 2022, la Conagua publicó el Acuerdo de Inicio de Emergencia por Ocurrencia de Sequía Severa, Extrema o Excepcional en Cuencas para el Año, calificando a la Capital con sequía severa.
Su estatus ha estado fluctuando de sequía severa a sequía moderada. Con dicho acuerdo, se pretende aplicar medidas con usuarios autoridades para garantizar el abasto a los habitantes.
Además, el municipio se abastece del acuífero La Paz, el cual está sobre concesionado y en condiciones de sobreexplotación, documentaría la Conagua.
OOMSAPAS EN QUIEBRA
No recibir recursos federales, en este caso por un veto de la Conagua, representa un retraso en la atención a los problemas locales. En el caso del OOMSAPAS La Paz, su presupuesto se desvanece casi al 100% en gasto corriente, sueldos y mantenimiento. La obra pública social es casi nula.
En 2022, OOMPSAPAS recaudó 401 millones 695 mil 392 pesos, pero sus egresos del año anterior fueron de 455 millones 900 mil 268 pesos; es decir, un déficit de 54 millones 204 mil 876 pesos que permite establecer que el Organismo gasta más de lo que recauda.
De estos egresos, el 96.8% se destinó a salarios, mobiliario, maquinaria y servicios básicos; sólo se invirtieron 10 millones 509 mil 757 pesos en obra pública (3.2% del total del presupuesto).
Sin el recurso federal, el Organismo está anclado a pagar por seguir funcionando y sin oportunidad de invertir.
“Cuando hablo de dinero es recaudaciones y gastos, el SAPA (OOMSAPAS) demanda gastos muy importantes de las cifras que se han podido perfilar por año. Tenemos como déficit en cuanto a gasto alrededor de los 35 millones de pesos, esto es, el SAPA gasta más, demanda mayor gasto que lo que es posible recaudar”, reconoció Mario Ramón Gálvez Gámez, director general del organismo municipal.
MÁS DEUDA SUMADA A LA CRISIS DEL AGUA
En un comunicado emitido en julio de 2022, el gobernador Víctor Castro Cosío informó haber gestionado 100 millones de pesos para “solucionar el problema del agua”, invirtiendo principalmente en el mejoramiento de la red de distribución de agua potable.
“Estamos acordando un apoyo extraordinario del Presidente, por 100 millones de pesos. El Ayuntamiento requiere de ese recurso para mejorar todo el sistema de agua potable de La Paz”, dijo el mandatario en ese entonces.
El recurso sería utilizado en la instalación de micro medidores en tomas y macro medidores en sectores hidráulicos para medir el agua de suministro y consumo, la reposición de colectores de Santa Rosa y Marcelo Rubio y la construcción de obras de desvío de aguas pluviales en el Cárcamo 3; además de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en El Pescadero, y un estudio y proyecto para el aprovechamiento del agua de la Planta de la Buena Mujer.
ZETA buscó una entrevista formal con el gobernador para la realización de este reportaje, pero no se concretó debido a que el Ejecutivo se encontraba fuera de la ciudad. Tampoco hubo respuesta cuando se le solicitó entrevista vía telefónica.
Durante un evento público de su gira de trabajo realizada el 12 de abril para entregar apoyo a productores y promotores turísticos, el gobernador indicó que el tema fue politizado y se utiliza cada vez que él participa en algún proceso electoral, aunque reconoció que sí hubo un error administrativo luego de que el periodista Luis Castrejón, de CPS Noticias Los Cabos, cuestionara sobre el tema.
“No tuvimos recursos para empatar y politizaron mucho el tema, eso ya se resolvió hace mucho tiempo. Nunca hubo ninguna otra situación de desvíos, digo, de corrupción. Se utilizaron correctamente los recursos para drenaje, se aprobó bien, fue un tema que politizaron y lo sacaban cada que iba a haber un proceso donde yo participara: ¡Ahí que pague SAPA! Nosotros no tenemos nada que ver”, argumentó Castro Cosío.
Queda claro que el mal empleo de los recursos públicos federales ocasionó que más de 450 millones de pesos no se invirtieran en infraestructura por más de una década. Error o negligencia que reconoció el director general del OOMSAPAS.
Hoy, la red de agua potable y drenaje es deficiente, y, en muchos casos, obsoleta. En consecuencia, los paceños enfrentan una crisis inhumana por escasez de un servicio vital que deben pagar puntualmente, mes tras mes, conforme a un recibo que nunca falta.
