Tras las manifestaciones emprendidas por integrantes del gremio transportista el 18 de mayo, con una concentración en la garita de San Ysidro y la quema de botargas de servidores públicos en Mexicali, entre otros actos de protesta, el secretario general de gobierno, Catalino Zavala Márquez, se dispuso atender a los inconformes al día siguiente y la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba, se comprometió a hacer lo propio este viernes 26.
Los transportistas, pertenecientes a las líneas Rojo y Negro, Metropolitano, así como al servicio de Taxi Libre en Mexicali, procedieron a manifestarse ante la negativa del gobierno del estado de revalidarles permisos, la imposición de multas elevadas y la pretensión de García Ruvalcaba de sacar adelante una iniciativa con la que quedaría eliminada la figura del permisionario y la de patrimonio familiar, según expuso a ZETA el líder transportista Víctor Sánchez.
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De la reunión que sostuvieron con el secretario de Gobierno, la cual se llevó a cabo en la sede el Instituto de Movilidad Sustentable, el líder transportista del servicio de Taxi Libre, Marco Antonio Baquedano, refirió a este Semanario que Zavala Márquez “se comprometió a hacer una revisión de los casos en particular” de las inconformidades puestas sobre la mesa de diálogo.
De sus expectativas del encuentro con García Ruvalcaba, expuso que la legisladora adelantó que no iba a cumplirles todas sus peticiones.
Reclamó que a juzgar por la iniciativa que la diputada presentó en octubre de 2022, García Ruvalcaba pretende sustituir la figura del permisionario con la del concesionario.
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“Una concesión la puede eliminar el estado cuando él quiera; y un permisionario está protegido, blindado con la seguridad de patrimonio familiar”, explicó.
De esta última figura, refirió que en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez (2019-2021) se otorgaron permisos “protegidos” en ese sentido.
“En esta administración están eliminando lo del patrimonio familiar. Marina del Pilar (Ávila Olmeda, la gobernadora) lo está eliminando”, aseguró. “Todo lo que huele a Bonilla, lo están eliminando”, agregó.
Con motivo de su iniciativa en materia de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte Daylín García Ruvalcaba remarcó en entrevista con este Semanario que “nadie busca atentar ni contra el patrimonio familiar ni contra los ejercicios obtenidos en el transcurso de las administraciones como tal cual son los permisionarios”.
Admitió que “sí es un hecho de que se tiene que trabajar con ellos (los transportistas), para lograr modernizar, dar seguridad, establecer taxímetros, botones de pánico, cámaras, vigilancia real, porque está latente el tema de la inseguridad, pero también de los siniestros viales”.
A decir de la entrevistada no hay un apartado en su proyecto en que “se define como que los derechos adquiridos, se les dará reversa”.
Al final de cuentas, “sabemos que el efecto del permisionario y no buscar ser concesionario es trabajo del gobierno” además de que “si hoy la iniciativa quedara como está, persistiría la parte que se prevé en el Código Civil, que es lo del patrimonio familiar”, indicó Daylín García.
Durante las manifestaciones del 18 de mayo, entre las que también se llevaron a cabo bloqueos en la carretera Tijuana-Tecate y el Corredor 2000, Baquedano quemó dos figuras alusivas al director del IMOS, Jorge Alberto Gutiérrez, y a la diputada García Ruvalcaba al exterior del Congreso del Estado. Previo a consumar el acto de protesta dijo: “Así se queman las leyes que no sirven”.
El transportista aseguraría que la legisladora de oposición y el funcionario estatal diseñaron juntos el proyecto.
García Ruvalcaba afirmó que a efecto de detallar la iniciativa se llevó a cabo un parlamento abierto al que acudieron diputados de todos los partidos y el director del IMOS y que con todo y que la convocatoria respectiva fue pública “los transportistas no participaron”.
En el Congreso del Estado hay otra iniciativa en la materia, cuya autoría corresponde al diputado del Partido del Trabajo Marco Antonio Blásquez Salinas.
El legislador propone conservar “la calificación de patrimonio familiar como un escudo protector” y que en el otorgamiento de permisos para taxis tengan “prioridad para convertirse en permisionarios los trabajadores del volante en función de su antigüedad”.
Marco Antonio Baquedano sostuvo que en caso de que el encuentro con García Ruvalcaba no derive en acuerdos favorables al gremio, los integrantes del sector apoyarán a Blásquez en el marco de su iniciativa.
De la posibilidad de que reciban respaldo de otros diputados para que se impulsara el planteamiento de Blásquez, mencionó que de entrada el presidente de la Junta Coordinación Política, Juan Manuel Molina García, se ha negado a hablar con transportistas.
Molina García, afirmó a pregunta expresa de ZETA que ambas iniciativas “se encuentran en trámite”.
En referencia a la figura del patrimonio familiar, “el tema de la protección del derecho adquirido es un tema que esta inclusive en la Ley”, subrayó.
“Lo que eliminó que era una exigencia es el tema de los acaparadores, de los que tenían muchas placas, precisamente fue para crear este beneficio hacia las familias, si se llegara a detectar nuevos acaparamientos o que no estuvieran siendo utilizadas como se estableció en la ley; eso genera otro tipo de figuras para las cuales ni reforma se ocupa”, remató.
