La noche del miércoles 17 de mayo hubo jolgorio en la Casa del Policía y Bombero Municipal de Tijuana. Música de banda y agentes de la corporación festejando. Hasta luces para amenizar el ambiente irradiaron el exterior del inmueble. Muchas patrullas y demás unidades vehiculares en el estacionamiento. Resulta que los encargados del orden se congregaron para celebrar el cumpleaños de un agente de alto rango, el director, el “cero uno”: Rafael Vázquez. Obvio que no toda la nómina de policías fue partícipe de la celebración. A unos les tocó trabajar y una que otra unidad patrulló la ciudad, al menos de ello se tuvo constancia en la carretera a Rosarito o en Pórticos de San Antonio, donde se encuentra el recinto utilizado para el festejo (cuyo uso ciertamente es “recreativo”). Sin embargo, ese día se tomó la decisión de no instalar alcoholímetros. No se montó un solo retén para llevar a cabo las pruebas de alcoholemia a conductores, cuando no es inusual que se habiliten entre semana en distintos puntos de la ciudad. Al interior del Ayuntamiento no fue bien visto que la autoridad se haya dado licencia de no montar los retenes, descuidando con ello en cierto grado la seguridad en el municipio fronterizo, máxime cuando ese día por la mañana, uno de los guardaespaldas de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez fue víctima de un atentado a mano armada. De modo que después del peligro, la fiesta, el esparcimiento…. una total incongruencia, consideró más de uno. Y el jueves 18, tampoco se instalaron retenes de alcoholímetros. La cruda realidad.
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Enriquecimiento oculto
A diferencia de Marisol Edith Toscano Díaz, quien durante la actual administración fungió como delegada en San Antonio de los Buenos, el ex secretario de Gobierno municipal, Jorge Salazar Miramontes, se libró de ser inhabilitado por Sindicatura Procuradora para ejercer como funcionario público. El señalado de “enriquecimiento oculto” se fue impune de los fueros del Ayuntamiento. El área encabezada por Rafael Leyva Pérez investigó a ambos ex funcionarios -una vez separados de sus cargos municipales- por una falta de coincidencia entre sus declaraciones patrimoniales y bienes y negocios registrados. Salazar y Toscano habían registrado una empresa en diciembre de 2022, con cuya millonaria inversión no coincidía el nivel de ingresos que obtuvieron en el XXIV Ayuntamiento. Producto de las indagaciones, Sindicatura inhabilitó a la ex delegada. Sin embargo, con Salazar Miramontes no pudo proceder del mismo modo. Según se hizo saber a DICHOZ Y HECHOZ, la investigación abierta por Sindicatura arrojó que el ex secretario de gobierno incurrió en una falta “grave”, de manera TAL que a Leyva Pérez ya no le correspondió inhabilitarlo. Supuestamente el síndico agotó los medios en la medida de sus propios alcances, incluida la celebración de una audiencia, y remitió los resultados de la averiguación al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Siendo así, esta instancia habrá de determinar qué procede con Salazar Miramontes, quien en su momento fue despedido del gobierno encabezado por Montserrat Caballero Ramírez por “pérdida de confianza”. Tal fue la suerte con la que, por lo pronto, corrió quien llegó a ser el segundo de abordo en el Ayuntamiento.
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5 mil pesos
El 2 de mayo, Guillermo Aldrete fue vinculado a proceso por el delito de lesiones. Se trata del actual dirigente estatal del Sindicato de Burócratas de Baja California, quien presuntamente agredió a su ex colaboradora, Alma Esther Marín Luna. De acuerdo a Marín Luna, el 7 de marzo acudió a la sede del gremio en Tijuana en busca de Aldrete, su intención era solicitarle el pago por el mes que laboró en el Departamento Jurídico del gremio. No era la primera vez que pedía lo que por Ley le corresponde por su trabajo, pero en esa ocasión, Alma fue insistente, por lo que el líder se alteró y la golpeó en el pómulo izquierdo con su puño derecho, provocándole un moretón en el rostro. Lesión que fue certificada por la perito de la Jefatura de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado. Tras el desahogo de pruebas, la Juez de Control, Leticia Larrañaga Vizcarra, determinó otorgar el plazo de dos meses para la realización de la investigación complementaria, que vence el 2 de junio. Pero tanto en la audiencia de formulación como en la de imputación la defensa de Aldrete, sugirió llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima, en el cual la afectada no estuvo interesada. La insistencia por llegar a un acuerdo continúa por parte de la defensa, insisten en llegar a un arreglo, pero la oferta fue por ¡5 mil pesos! Por si fuera poco, minimizan el proceso, alegando que ahora que Aldrete obtuvo la dirigencia estatal, tienen “controlada a la burocracia” en el Poder Judicial. Ante la burla, Alma y sus abogados analizan ampliar la denuncia por acoso sexual, y si al líder sindical se le acumulan los dos delitos, ya no podría alcanzar el beneficio de un procedimiento de juicio abreviado, generándole un antecedente penal e incluso la suspensión de sus derechos políticos. A ver qué pasa.
Te faltó
Cuando el fiscal estatal Ricardo Iván Carpio Sánchez respondía una pregunta sobre el atentado que el 17 de mayo sufrió un escolta de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, se refirió al agente Francisco Javier Gallardo. Y cuando había concluido con su información, se escuchó decir a la gobernadora Marina del Pilar Ávila: “Te faltó decir de quién fue escolta antes”. Carpio reaccionó rápido y complementó que había sido escolta de Jaime Bonilla, cuando este fue gobernador. La “aclaración” de Ávila llevaba jiribilla, como si haber servido a Bonilla se tratase de un delito o de una justificación ante el ataque, posición que lleva a muchos a recordarle que le falta decir a quién sirvieron antes algunos de sus funcionarios. Como Catalino Zavala, su secretario de Gobierno, que con Bonilla fue secretario de Educación; Armando Samaniego, su secretario del Agua, quien durante la gestión del ex gobernador tituló el área de Servicios Públicos Municipales; o Alejandro Arregui, diputado priista a favor de los cinco años de Bonilla y actual secretario del Trabajo de Ávila Olmeda… Y muchos otros diputados que aprobaron los acuerdos del ex mandatario, o promovieron se quedara en el gobierno más años de los que fue electo y hoy trabajan con la gobernadora. Como el oficial Gallardo, le “faltó decir para quien trabajaban antes”.
