En conferencia de prensa, el regidor presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Edgar Montiel Velázquez, reiteró su posición de voto en contra del dictamen en comisiones conjuntas del Gobierno Municipal en relación a la Reforma al Artículo 7 constitucional estatal sobre los Derechos Indígenas.
El edil tijuanense explicó que desde que se inició el proceso para llevar a cabo las consultas sobre dicha reforma no se tuvo una atención debida por parte del Congreso del Estado hacia las comunidades nativas asentadas en Baja California, por lo que rechaza contundentemente dichas modificaciones al no hacer parte de ella a los pueblos originarios.
“Sí estuve en las consultas, sí entregamos propuestas, sí se llevó a cabo un proceso interno en la comunidad donde a su servidor nos toca votar por quienes iban a ser embajadores en esas consultas. Parte de las inquietudes de la comunidad y de estas personas que quedaron como embajadores es que ya pasaron estos 30 días del dictamen y no se les hizo llegar la información”, mencionó el regidor.
El pasado 5 de abril del presente año, el Congreso del Estado envió al Ayuntamiento de Tijuana dicho dictamen con un plazo de 30 días para deliberar, teniendo como fecha límite el pasado viernes 5 de mayo. Las comisiones conjuntas de Asuntos Indígenas y Gobernación sesionaron el 21 de abril, donde cuatro regidores votaron a favor, una edil se abstuvo y Edgar Montiel votó en contra. Este documento no se ha turnado a la Secretaría de Gobierno que es la antesala para subirlo al Cabildo para su aprobación.
“La finalidad de este proceso es consultar a los pueblos indígenas para dictar las reformas legales que garanticen el derecho de hombres y mujeres indígenas de votar y ser votados en condiciones de igualdad sustantiva, objetivo que no se ha llevado a cabo de manera transparente, por lo que una vez más, reitero mi rechazo por el mismo”, argumentó Edgar Montiel.
Fue el 22 de septiembre de 2015 que se decretó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Artículo 2 apartado A fracción tercera de la Constitución Federal, en el que se ordena en su segundo transitorio que las legislaturas de las entidades federativas adecuarán las perspectivas constitucionales, así como la legislación local en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor de dicha reforma.
El 17 de septiembre de 2018 Edgar Montiel presentó ante el Instituto Estatal Electoral una interrogante para ver la participación indigena en el próximo proceso electoral que estaba en puerta, que fue el de 2018. El 23 de noviembre del mismo año, el gobernador Hipólito Arriaga, presentó una reforma ante el Tribunal Electoral de Baja California promoviendo un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano; y el 20 de febrero de 2019 se ganó la sentencia SUP-REC-28/2019 donde se aplican las acciones afirmativas.
El 20 de enero de 2023 se estableció un plan de acción para poder llevar a cabo las consultas, el 4 y 5 de febrero del mismo año se llevaron a cabo las consultas informativas; del 6 de febrero al 3 de marzo inició la etapa deliberativa donde el Congreso consultó las inquietudes de la comunidad y deliberó, mientras el 4 y 5 de marzo se realizó la etapa consultiva en la que valoraron las opiniones que salieron de la consulta, no obstante el edil señaló que estas no se socializaron.
