El plazo para adecuar las constituciones locales en materia de revocación de mandato venció a mediados de 2021 y en Baja California aún no se cuenta con esa figura, contemplada para solicitar que se le revoque el encargo al titular del Poder Ejecutivo local, pese a los intentos que ha habido desde distintos frentes para que se pueda disponer de semejante herramienta.
Con todo y que en septiembre de 2021, el diputado de Morena Juan Manuel Molina García presentó una propuesta con la que pretendió desplazar la del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, el proyecto del legislador sigue en trámite en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
Publicidad
En entrevista con ZETA, Molina García recalcó que el planteamiento de Bonilla “contravenía completamente los transitorios de la reforma federal presentada por el presidente (Andrés Manuel López Obrador)”, pues estipulaba que el proceso no sólo podría solicitarse en contra de gobernadores, sino también de otros servidores públicos; y otorgaba el derecho para que mandatario estatal y legisladores lo solicitaran a su vez, además de la ciudadanía.
“La figura de revocación sólo opera para la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado; y el ex gobernador planteaba regidores, presidentes municipales, diputadas y diputados, gubernatura del estado, pero lo que todavía se despegaba más de la reforma federal era que se escapaba del control exclusivo ciudadano”, remarcó.
Sobre su propia iniciativa, negó que haya habido dificultades o falta de voluntad para someterla a consideración del pleno de la XXIV Legislatura. Argumentó que en materia de revocación han sido presentadas otras propuestas, de tal suerte que el total de iniciativas debe dictaminarse en su conjunto.
Publicidad
Explicó que justo cuando su propuesta estaba “a punto de poder” dictaminarse, arribó una del diputado del PT, Marco Antonio Blásquez Salinas, de manera que se tuvo que reanudar el trabajo de consultoría con el análisis del nuevo proyecto.
A esas propuestas se agregó la que presentó la ex secretaria de Honestidad y Función Pública de Baja California, Vicenta Espinosa Martínez, el 9 de marzo de 2023, referente a que la revocación de mandato pueda proceder “para cualquier cargo de elección popular”.
Juan Manuel Molina habló de un planteamiento “de naturaleza ciudadana”, que vino a sumarse a los dos que estarían por dictaminarse.
Adelantó que el de Marco Antonio Blásquez estipula que la proporción de ciudadanos que respalden la petición de revocación “sea menor” a la que establece la reforma federal (“diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad”).
Por lo tanto, “no podemos modificar esa, porque es una disposición transitoria de una reforma federal a la Constitución”, asentó. “Esa es una de las cosas que yo te puedo decir que vienen en esa iniciativa y no pasarían, pero está en análisis todavía el resto de la iniciativa”, aclaró.
De la propuesta ciudadana, en alusión a la cual se abstuvo de precisar si era la de Vicenta Espinosa Martínez, se limitó a decir: “Es casi igualita a la del diputado Blásquez, si mal no recuerdo”.
Consultada por este Semanario, Espinosa Martínez señaló que la iniciativa que presentó en conjunto con Joel Anselmo Jiménez y otros ciudadanos “no la han pasado de la Comisión al pleno”. Anticipó que de mantenerse en ese estado, los interesados procederían en consecuencia con la presentación de un recurso
“Estamos invitando a los congresistas a que hagan una iniciativa con la que el pueblo decida si está trabajando bien o mal el gobierno, o el mandatario, o el funcionario electo, para poder nosotros en cualquier momento decidir quitarlo porque no funciona”, resumió.
“Hubo mucha confusión alrededor de la iniciativa, que era exclusivamente para la gobernadora, la mandataria (Marina del Pilar Ávila Olmeda), por más que nosotros explicamos” que se trata de una propuesta concerniente “a cualquier cargo de elección popular, no necesariamente para la gobernadora”, asentó.
Dijo que una vez venciera el plazo de 45 días para que se le diera seguimiento, los proponentes presentarían el recurso.
Joel Anselmo Jiménez reveló vía telefónica que estaba trabajando en la preparación del “amparo por omisión” y que probablemente se presentaría la semana entrante.
“Es un asunto totalmente político, con raíz política evidentemente, aparte de que a la Legislatura estatal ya se le pasó el término, abierta y ampliamente”, mencionó a su vez el abogado José Ángel Peñaflor Barrón, a propósito de que la Constitución local no se ha adecuado.
Indicó que en un afán de consumar la homologación, en Tijuana se presentaron amparos ante una juez de distrito, quien terminó por establecer que “no es dable, porque son derechos individuales”.
Sin embargo, “el Juzgado Colegiado (en Mexicali) determinó que sí era dable que conocieran los jueces de distrito este tipo de amparos”, expuso el entrevistado.
“Nosotros vamos a realizar el recurso de revisión y vamos a solicitar que los atraiga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se trata de los primeros amparos en vía judicial para obligar a una Legislatura a que haga la adecuación correspondiente”, aseveró.
Juan Manuel Molina García reconoció que el plazo para adecuar la Constitución de Baja California “está excedido”. De ahí que se pronunciara por sacar adelante el proceso legislativo. “No hay como que se pierde el derecho a hacerlo u otra cuestión distinta, tenemos que sacar la ley”.
Afirmó que también habrá de analizarse “si es aplicable o no a quien actualmente ejerce el encargo (Ávila Olmeda) porque cuando inició su encargo la ley no estaba vigente”.
Negó que desde el gobierno estatal haya habido intentos por obstaculizar la consabida homologación. “Ella misma (la gobernadora) dijo que la Ley de Revocación de Mandato, lo que estuviera en sus facultades ella iba a hacer lo posible porque se expidiera. Ningún obstáculo. De ninguna manera”, remató.
