En Tijuana no existe un modelo de justicia con el que el ciudadano pueda resolver conflictos con otro particular a partir de la conciliación, con la asistencia de un facilitador acreditado, en un entorno provisto de instalaciones y personal indicados, antes de que la falta que haya motivado la controversia escale al nivel de delito.
En el gobierno encabezado por Montserrat Caballero Ramírez, las faltas administrativas, aun cuando se dé constancia de estas mediante queja emitida por un ciudadano, siguen siendo atendidas por jueces calificadores, quienes se encargan de imponer sanción económica o retener al presunto infractor en arresto preventivo.
A falta de un sistema de justicia cívica, parte de las disputas entre particulares (llámense ciudadanos, familiares, vecinos, amigos) pueden terminar en agresión física severa o ataque a mano armada, con lesiones graves o deceso como consecuencia, sin que quede otra vía para la atención del asunto que la judicial, a decir de abogados consultados por ZETA.
Con todo y que en el anterior período de mandato, la alcaldesa suplente Karla Ruiz Macfarland anunció esfuerzos para delimitar “un modelo homologado de Justicia Cívica, de Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad” y a pesar de que en el Congreso local existe un proyecto de Ley que aun en su carácter de iniciativa puede servir de parámetro, durante la actual administración municipal no se ha implementado la consabida herramienta.
En tanto, Ensenada se perfila para erigirse como el primer municipio de Baja California en implementar el Sistema de Justicia Cívica Municipal, cometido para el cual el Ayuntamiento ensenadense ya trabajó en la modificación de reglamentos, capacitación de jueces y policías, y la firma de un memorándum de entendimiento con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (cuyas siglas en inglés son USAID). Supuestamente el modelo empezará a operar el 1 de enero de 2024.
A su vez, el XXIII Ayuntamiento de Mexicali, encabezado por la hoy gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio a conocer un proyecto de justicia cívica. En tal caso los planes no fueron más allá de la colocación de una “primera piedra”, pues las autoridades encargadas de llevarlos a buen puerto no les dieron seguimiento.
En la Capital bajacaliforniana, el gobierno de Norma Bustamante Martínez no ha emprendido acciones para dar continuidad al proyecto, pese a que, previo a que se diera a conocer, ya se disponía de una sala habilitada en una subcomandancia.
Óscar Montes de Oca Rodríguez, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria en el Cabildo de Tijuana, aseguró que próximamente presentará una propuesta para implementar el sistema de justicia cívica y reconoció que “hay muchos conflictos que se pueden solucionar antes de llegar a los tribunales o a la fiscalía”.
En entrevista con ZETA, el regidor por Morena aclaró que “en Consejería Jurídica hay departamentos que se dedican a conciliar problemas de vecinos”, con el pormenor de que estatutariamente el Ayuntamiento no cuenta “con jueces de paz, como les llaman en otros lados”.
Afirmó que con la estructura de los jueces calificadores, se puede hacer el trabajo de un juez de paz, “ya nada más sería aumentarles por qué los citan y las atribuciones dárselas”. Sostuvo que la “reforma” consistirá en facultar a esas autoridades para que concilien. “No podemos (facultarlas) para el litigio, (pues) no pueden determinar cosas más que sean administrativas”.
De igual manera, remarcó que en las delegaciones municipales ya se cuenta con la infraestructura para implementar el modelo y que en términos de personal sólo se requiere “dar atribuciones” a los operadores con competencia, por lo que ni siquiera se requeriría inyección de recurso económico.
Conforme a la Iniciativa de Ley mediante la cual se crea la Ley de Justicia Cívica para el Estado de Baja California, presentada el 9 de mayo de 2022 por la diputada Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano, los Juzgados cívicos deben contar en términos de estructura con juez de Justicia Cívica, facilitador, secretario, defensor de oficio, médico, policías municipales y personal auxiliar.
Montes de Oca Rodríguez expresó que se abocará a buscar el esquema necesario con el apoyo de abogados, en el ánimo que determinen “qué es lo que se tiene que reformar de los reglamentos”, de modo tal que se pueda formular un punto de acuerdo y subirlo. Adelantó que se tienen que modificar el Bando de Policía y Gobierno, el Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, lo mismo que el de la Consejería Jurídica.
“Serían los tres”, asentó el regidor, adelantando que “la otra semana” hará la propuesta correspondiente.
“Los ciudadanos ocupan rápido resolver los problemas administrativos que se tienen, y esos problemas administrativos los podemos quitar de un problema social que puede causar una desgracia o algo, con la conciliación, dándole las atribuciones a los jueces podríamos resolver muchos conflictos pequeños que a la vez se vuelven grandes”, aseveró.
Como argumento a la presentación de su iniciativa, la diputada García Ruvalcaba apuntó que la finalidad es “que todos los ciudadanos, sean de cualquier condición social o económica, puedan resolver sus controversias y conflictos comunitarios y vecinales a través de órganos administrativos realmente especializados y capacitados en la impartición de justicia, usando como herramienta principal los mecanismos alternativos, con una cultura de diálogo que fomente la paz”.
En el documento dirigido a la entonces presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Julia Andrea González Quiroz, alertó que conforme a un informe de 2021 elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, en 2020 alrededor de 30% de los mexicanos mayores de 18 años tuvo algún enfrentamiento o conflicto dentro de su comunidad”, y de esa proporción, “aproximadamente un 73% comentó que el conflicto no tuvo solución”, tratándose de incidentes cuya mayor parte implicó “violencia verbal o física”.
En cuanto a los conflictos que quedaron irresueltos, la legisladora local citó como razones: falta de actualización del marco legal, de homogeneidad de criterios para aplicar la justicia; jueces a los que se les incita a imponer multas excesivas o arresto administrativo para garantizar pago de multa; escasa profesionalización del personal en los juzgados municipales e infraestructura deficiente.
MÁS ATRIBUTOS Y FORMALIDADES
José Emmanuel Hernández, socio director del corporativo Hernández Sánchez y Asociados, destacó que en caso de que se implemente el modelo de justicia cívica en Tijuana, bajo ese esquema se podrán atender “distintos tipos de infracciones”, como “las que atenten contra la dignidad de las personas, contra la tranquilidad de las personas, contra la seguridad ciudadana, contra el entorno urbano”.
Resaltó que incluso las riñas, siempre y cuando no impliquen lesiones que tarden más de 15 días en sanar, podrán resolverse con la justicia cívica.
“Es como el juez de barandilla, va a seguir la suplencia, ahora va a ser con un juez cívico, pero con más atributos y ahora sí con formalidades”, dijo.
En discrepancia con el regidor Montes de Oca Rodríguez, el abogado mencionó que en caso de que los consabidos planes prosperen, la implementación del modelo en Tijuana enfrentará dificultades presupuestarias.
“Aquí en lo que van a tener que trabajar es en el tema del presupuesto, para que realmente se brinde una armonía, en unas instalaciones que sean armónicas para llevar a cabo lo que se pretende”, expuso.
Por su parte, el coordinador nacional de la Coordinadora Nacional de Abogados de México, José Hans Zamorano, observó que en Tijuana “para la impartición de la justicia municipal únicamente hay tres figuras, que es el Tribunal Unitario Contencioso, donde vas y presentas recursos en contra de una multa o alguna cuestión que te causa agravio; la figura de los jueces municipales y el Juzgado Integral Municipal”.
De ahí que, a su modo de ver, “es necesario que existan estos jueces cívicos”, modalidad con la que problemas como el del ruido, inclusive pudieran atacarse.
“Ahorita tenemos un problema aquí en la ciudad que se llama ruido, el ruido de los vendedores ambulantes, que desde las 7:30 de la mañana están vendiendo sus productos con unas bocinas y no hay nadie que los pueda sancionar y sí hay reglamentos, esto sería una buena forma de atacar eso, porque el derecho de ellos de vender termina cuando afectan al ciudadano al no poder descansar”, ejemplificó.
A decir del entrevistado, “existen varios conductores con una enfermedad mental ya porque no descansan en sus casas, los que trabajan en las noches y descansan en las mañanas no pueden descansar porque están pasando los vendedores”.
Se trata de una “problemática que es real y sí causa un agravio a los ciudadanos, el ruido es el mayor problema y hay un reglamento que la alcaldesa no está cumpliendo”, asentó.
A su vez, celebró que el Ayuntamiento de Ensenada haya emprendido acciones para instaurar el sistema “con base en un modelo homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los municipios de México”, emitido por el Gobierno Federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Opinó que los Juzgados cívicos podrían venir a disminuir la acumulación de trabajo para los ministerios públicos, pues “ellos son los que reciben cuando los vecinos o la gente no se ponen de acuerdo, que hay lesiones, que hay daños, y esos daños y lesiones pudieron haberse tratado mediante una justicia cívica”.
Semejante esquema “vendría por lo menos a prevenir y a invitar al diálogo, a la mediación, para que no se convirtieran estos problemas de vecinos en actos de violencia”, profirió.
INICIATIVA AÚN EN COMISIÓN
En entrevista vía telefónica, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la XXIV Legislatura de Baja California, Juan Manuel Molina García, refirió que la iniciativa de la diputada Daylín García Ruvalcaba se turnó a la Comisión de Justicia, donde actualmente se encuentra.
De la consabida Comisión acentuó: “No ha tenido muchas sesiones”.
Advirtió que, de expedirse una Ley en la materia, los municipios estarían obligados a implementar el modelo. “Ya sería un tema donde no podrían hacerse a un lado, entonces sí, pero hay que terminar de realizar el análisis (de la iniciativa)”.
En alusión al esquema, el legislador morenista expresó: “Ayudaría muchísimo a resolver asuntos, desfogar el sistema de justicia penal y lo más importante: que se aplique la Ley y la justicia”.
Para concluir, Molina consideró decisivo “el tema de la capacitación, es toda una implementación, pero por supuesto, estamos a favor de que esos esquemas funcionen en Baja California”.
