Por tercera ocasión, el interno del penal de máxima seguridad Altiplano, Jesús Héctor Palma Salazar “El Güero Palma”, no pudo salir de prisión a pesar de la orden de un juez del fuero común del Estado de Guerrero que dictó el sobreseimiento de la causa penal 1/2023 en su contra por prescripción de la acción penal.
El 17 de mayo, el Juez de Primera Instancia de Hidalgo, con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, consideró que el delito de homicidio calificado por el que se ejercitó acción penal en contra del sinaloense ya se encuentra prescrito por el paso del tiempo y ordenó su inmediata libertad.
Sin embargo, la orden no fue acatada por las autoridades penitenciarias federales y el juzgador apercibió al director del presidio a cumplir con su orden, exclusivamente por lo que ve a ese asunto en concreto, a liberar a Palma Salazar, de no haber otra causa en su contra.
Al día siguiente, cuestionado sobre el tema en conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “El Güero Palma” no saldrá del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 Altiplano, debido a que enfrenta otras acusaciones, sin abundar en los nuevos cargos.
“¿Saben qué pasó ayer? Un juez, algo nunca visto, dio la instrucción al encargado de un reclusorio de que, en tres horas, ya ni siquiera 24, en tres horas, dejara libre al ‘Güero Palma’, ese es el Poder Judicial”, expresó AMLO supuestamente sorprendido, siendo que los jueces siempre ordenan las libertades de “inmediato”.
La defensa legal del hombre de 63 años, que ha permanecido privado de la libertad desde hace casi 28 años, no puede comprender cómo es que cada vez que su cliente va a salir de prisión, porque ha librado todos y cada uno de los más de 20 procesos penales incoados en su contra, el Ministerio Público Federal, por órdenes superiores, vuelve a insistir, incluso con imputaciones que ya se habían juzgado, para impedir que logre la libertad.
Esta vez, el Juzgado de Primera Instancia Penal del Distrito de Hidalgo en Iguala, Guerrero, realizó el cómputo del periodo que transcurrió entre el 5 de septiembre de 1992, cuando nueve personas fueron localizadas sin vida, ejecutadas, en esa entidad; y el mes de abril de 2023 cuando la Fiscalía de Guerrero, solicitó orden de aprehensión en contra de Héctor Palma como uno de los presuntos responsables.
Debido a que el juez titular se encontraba ausente, una secretaria de acuerdos en funciones de juez ordenó el mandamiento judicial sin darse cuenta de que los delitos estaban prescritos, por lo que durante el término constitucional correspondió a la defensa advertir el detalle, mismo que fue tomado en cuenta y se decretó auto de libertad por prescripción de la acción penal en favor del inculpado “sólo por cuanto a esta causa penal se refiere”.
Así, los homicidios de nueve personas ligadas al narcotraficante Miguel Félix Gallardo quedaron impunes porque la averiguación previa de 1992 fue desempolvada hasta abril reciente, en una pifia original de la ex Procuraduría General de la República que permaneció en poder del caso en los noventa y después la remitió a la ex procuraduría guerrerense poco antes de finalizar el siglo pasado, que tampoco hizo nada por pedir órdenes de captura al Poder Judicial, hasta ahora que el asunto ya prescribió.
Palma fue detenido el 23 de junio de 1995, luego que la aeronave en la que viajaba de Sonora al Estado de México se desplomó en el municipio de Xalisco, Nayarit, y sus colaboradores lo llevaron a Guadalajara con apoyo de la entonces Policía Judicial Federal. La Policía Militar le detuvo en una residencia del municipio de Zapopan. En el penal de máxima seguridad libró 18 procesos penales, pero sólo fue condenado en tres de ellos con penas bajas.
Una de esas condenas fue por el delito de cohecho, derivado de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con el que dicen, se enemistó en los últimos años. Cuando iba a recuperar su libertad en 2002, autoridades penitenciarias le imputaron que intentó fugarse de esa prisión, luego la ex PGR le acusó de dirigir al Cártel de Sinaloa desde el mismo penal.
En 2004, cuando parecía que recuperaría su libertad, Palma fue solicitado en extradición, asunto que se concretó hasta agosto de 2007, año en que fue entregado a Estados Unidos.
En 2016, una vez cumplida su pena en la Unión Americana, Palma Salazar fue deportado. En apariencia ya no tenía cuentas pendientes con la justicia mexicana, pero el Ministerio Público Federal le imputó el delito de delincuencia organizada juntándole cuatro asuntos que antes había vencido de manera individual. También le resultó orden de aprehensión por el homicidio de un subdirector de la Policía Estatal de Nayarit y el escolta de este.
Primero fue absuelto de los cargos de homicidio y en 2020 por delincuencia organizada, pero AMLO cuestionó el fallo judicial ordenando la retención de Jesús Héctor Palma, entre tanto se investigaba si tenía o no otros asuntos pendientes. De manera muy rápida llegó la apelación de esa misma absolución, pero revocaba la sentencia para fines de reposición de procedimiento, al no desahogarse pruebas con testigos protegidos.
Autoridades judiciales federales concedieron un amparo a Palma para que se resolviera el fondo del asunto, declarando desierta la prueba de encontrar a los testigos para carearse con el inculpado; un Tribunal de Apelación resolvió confirmar la absolución del sinaloense el 9 de mayo último y ordenó su inmediata libertad, misma que no se consumó por la orden de captura del Juzgado de Hidalgo.
Ahora se vuelve a liberar al “Güero Palma”, pero no ha salido por presunta orden presidencial.
