Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna -titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, además de Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto, hermanos del ex funcionario federal, están entre las 61 personas contra las que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 61 órdenes de aprehensión, por contratos formalizados con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
La institución de procuración de justicia informó, el 22 de mayo de 2023, que obtuvo de un Juez de Control Federal, órdenes de aprehensión en contra de 61 servidores públicos y particulares, vinculados con delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, pero no detalló quiénes eran.
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Pero según lo reveló el diario Reforma, el 23 de mayo de 2023, además de los familiares de García Luna, entre los acusados están varios ex funcionarios federales, como es el caso de Eduardo Guerrero Durán, quien se desempeñó como oficial mayor del OADPRS, así como Oswaldo Luna Valderrábano, quien fue coordinador general de planeación y programas policiales.
También está María Vanesa Pedraza Madrid, quien de 2008 a 2012 se desempeñó como directora general adjunta en la Coordinación de Asesores de García Luna y en octubre de 2019 fue nombrada apoderada legal de Nunvav, una empresa constituida en Panamá en 2005, misma que participó en los contratos ilícitos.
Además, figuran los accionistas de las empresas que obtuvieron los contratos de la OADPRS, como son Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Mauricio Samuel Weinberg López, Francisco Carreira Pitti, Gabriel Carreira Pitti y Natan Wancier Taub.
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TRIBUNAL NIEGA EN DEFINITIVA AMPARO A GARCÍA LUNA; UIF MANTENDRÁ SUS CUENTAS BLOQUEADAS
La Unidad de Inteligencia Financiera -cuyo titular es Pablo Gómez Álvarez y que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)- informó, el 23 de mayo de 2023, que un tribunal federal negó en definitiva, amparar a García Luna, para que sus cuentas fueran liberadas, luego de que la UIF logró acreditar que lo incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas, por una solicitud de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
A través de un comunicado, la UIF detalló que desde el 11 de mayo de 2023, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo que promovió el director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), de noviembre de 2001 al 30 de noviembre de 2006, así como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012-, tras acreditarse que se inmovilizaron sus activos en el sistema financiero, por una solicitud internacional.
La UIF recordó que desde 2020, García Luna promovió un amparo en contra del acuerdo para incluirlo en la Lista de Personas Bloqueadas, para que no pudiera realizar ningún tipo de movimiento en el sistema financiero mexicano.
Desde el 16 de mayo de 2022, un juez de distrito confirmó que se le incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas, por una solicitud de la DEA estadounidense, pero García Luna interpuso otro recurso en contra de dicha determinación.
El ex funcionario federal alegó que no se respetaron sus garantías del debido proceso para emitir dicha decisión, lo que fue rechazado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual confirmó, en definitiva, la negativa a su petición.
“El 11 de mayo de 2023, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la resolución del Juez de Distrito y negó el amparo a Genaro García Luna, al establecer en identidad de razonamiento que la resolución fue apegada a derecho y en la secuela procesal la UIF demostró que el origen de la inclusión a la LPB fue en cumplimiento a una obligación de carácter internacional en términos de los criterios establecidos por la Segunda Sala de la SCJN”, indicó la Unidad de Inteligencia Financiera.
La UIF informó, la noche del 1 de marzo de 2023, que las cuentas de García Luna tenía bloqueadas 11 de sus cuentas bancarias, con un monto total de 21 mil 255 pesos y 67 centavos. Sin embargo, a través de demandas de amparo, el ex funcionario federal y otras personas señaladas por la Unidad de Inteligencia Financiera, entre ellas la esposa del ex funcionario federal, Linda Cristina Pereyra Gálvez, habían logrado desbloquear 18 millones 917 mil 932 pesos, del total de los 25 millones 920 mil 195 congelados, lo que equivale al 72 por ciento del dinero originalmente inmovilizado por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Además, en un informe, el organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que los desbloqueos en favor de los implicados, en lo que denominaba el Caso García Luna, eran resultado de sentencias dictadas en 7 juicios de amparo.
La cuenta bancaria con más recursos que en su momento fue intervenida, tenía un saldo de 7 millones 550 mil 049 pesos, en la cual el Poder Judicial de la Federación (PJF) desbloqueó 5 millones 464 mil 738 pesos y mantenía inmovilizados 2 millones 85 mil 311 pesos.
Según el documento presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando en 2019 la UIF comenzó a bloquear los activos de García Luna y sus allegados, también se congelaron 140 mil 420 dólares, de los cuales se desbloquearon 49 mil 668, es decir, el 35 por ciento del total.
En la demanda civil que presentó contra Genaro García Luna, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, el Gobierno de México pretende obtener 700 millones de dólares, sin embargo, los bienes que le han sido asegurados en dicho juicio sólo valen 17 millones 930 mil 402 dólares.
El documento indicaba que el bien más caro que tenía embargado por dicha demanda era una casa propiedad de García Luna, ubicada en Williams Island, en Aventura, Miami, valuada en 4.2 millones de dólares.
En dicho procedimiento civil el Gobierno de México reclama 39 empresas, fideicomisos y propiedades de García Luna y Pereyra Gálvez, así como del ex titular de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la SSP Federal, José Francisco Niembro González, y la esposa de éste, Martha Nieto Guerrero.
También a los supuestos socios y prestanombres de García Luna, los empresarios Mauricio Weinberg López, Jonathan Weinberg Pinto, Sylvia Pinto de Weinberg y Natan Wancier Taub, entre otras personas físicas y morales.
“Durante el tiempo en que Genaro García Luna ejerció su cargo como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, señaló la UIF, en un comunicado.
“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones”, agregó la Unidad de Inteligencia Financiera.
“Beneficios que fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales, y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida”, indicó la UIF.
“El actual Gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos; en consecuencia, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República, el 24 de diciembre de 2019”, detalló.
“El Gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York”, recordó la UIF.
“En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo dentro de éstos los 6 años del gobierno anterior, cuando ya no era servidor público”, insistió la Unidad de Inteligencia Financiera.
