La Fiscalía General de la República (FGR) informó, el 22 de mayo de 2023, que obtuvo 61 órdenes de aprehensión en contra de personas vinculadas a contratos formalizados con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), cuando Genaro García Luna era el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
La institución de procuración de justicia detalló que obtuvo de un Juez de Control Federal, órdenes de aprehensión, en contra de Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, así como 58 servidores públicos y particulares, vinculados con delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
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Según las investigaciones de la FGR, estas personas se coludieron con el entonces titular de la SSP Federal, así como con sus socios Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, para saquear los recursos públicos del OADPRS, que ahora depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Ello, supuestamente, con el objetivo de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas controladas por García Luna, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, a través de diez contratos ilícitos, por la suma de 5 mil 112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional.
“Ya se ha solicitado la ficha roja para todos aquellos que se han fugado del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados de la nación”, resaltó la Fiscalía General de la República, en un comunicado.
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Asimismo, la FGR indicó que dicho procedimiento penal era independiente a la denuncia que se hizo pública a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto a otro supuesto despojo multimillonario en contra de la Policía Federal (PF), también vinculado con empresas de García Luna, así como sus socios y cómplices.
La institución de procuración de justicia indicó que, respecto a este nuevo procedimiento, ya se estaban recabando las pruebas necesarias para proceder a la vinculación penal correspondiente y a la recuperación de los bienes sustraídos.
