Quién debería ser responsable de la investigación de actos de corrupción cometidos en la actual y anteriores administraciones, es la funcionaria más ausente
Cuando Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció que la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) estaría cubierta por Rosina del Villar Casas, la percepción al interior del Morena-gobierno era que habría una revisión minuciosa a su antecesor, Jaime Bonilla Valdez, pues como es bien conocido, la rosaritense terminó peleada con el bonillismo, debido a que discrepó con varias reformas propuestas por Amador Rodríguez Lozano, entonces secretario general de Gobierno.
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De respaldar a Bonilla, Del Villar Casas fue abriéndose del grupo oficial de Morena al no coincidir con su forma de gobernar, lo que le costó ser relegada e incluso removida de la Comisión de Hacienda, una de las más importantes del Congreso del Estado.
Parecía que Rosina ocuparía un espacio ideal para la venganza o al menos para llevar a cabo una revisión sin presiones del pasado gobierno, pero no ha sido así.
Mientras la gobernadora Ávila Olmeda se enfrasca en una pelea banal con su antecesor -al que acusa de tóxico-, quien debería realmente tener contra las cuerdas al actual senador es precisamente Del Villar Casas, máxime cuando en ella recae la revisión de cuentas del pasado gobierno. De hecho, ella no ha iniciado un solo proceso contra la pasada administración a más de un año de asumir la posición.
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Versiones sobre investigaciones en torno al caso de Fisamex, las plazas y terrenos en CECYTE, entre otras cuestiones, son parte de los supuestos que persiguen la ex diputada local, pero ninguno se concreta.
En el único caso en que la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda contraatacó a Bonilla Valdez, fue al abrir la investigación contra la construcción de la planta fotovoltaica de Next Energy, que comprometía más de 40 mil millones de pesos de las arcas estatales. Proceso que inició con el consejero jurídico Juan José Pon y el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, sin la intervención de la rosaritense.
Las administraciones morenistas han quedado a deber en lo que respecta al combate a la corrupción, pues no sólo destrozaron el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) al no nombrar a consejeros, fiscal y magistrado especializados; sino que además han “congelado” cualquier investigación en contra de sus antecesores que han sido acusados de peculado y otros delitos.
El ejemplo más claro es el ex mandatario Francisco Vega de Lamadrid, públicamente exhibido por auditorías y reportes periodísticos; también fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado junto con varios funcionarios, pero todo cuestionamiento quedó en un circo mediático.
Ahora Rosina del Villar Casas, quien generó gran expectativa al ocupar su cargo al frente de la SHFP, ha demostrado que la impunidad es una instrucción oficial… o al menos que la incapacidad de los nuevos gobiernos vinotinto es tal, que no pueden demostrar actos de corrupción que auditorías y la prensa pudo evidenciar.
No hay un solo proceso iniciado por Del Villar, no hay resultados, en las mañaneras no se presenta a brindar algún avance o rendir cuentas a la ciudadanía sobre el estado que guarda la administración pública, a diferencia del resto del gabinete.
La “fiscal de hierro” está fundida en el conformismo y parece no tener interés en dar resultados, pues hasta los posibles actos de corrupción señalados del actual gobierno, permanecen sin una indagatoria.
