La XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó por unanimidad la minuta con proyecto de decreto que emitió el Senado para aprobar la Ley 3 de 3, siendo la décima entidad de la República en cumplir con esta reforma.
La minuta solicitó a los congresos locales la reforma del párrafo II del apartado A, del artículo 102 y adicionar una fracción séptima al artículo 38 de la Constitución Política de México, para suspender derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público a quienes tengan antecedentes de diferentes tipos de violencia o a deudores alimentarios.
La comúnmente conocida como “Ley 3 de 3”, fue analizada durante una semana por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia.
En tribuna, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María Luisa Ojeda González, como presidenta de la Comisión de Igualdad, destacó el hecho de que el Congreso de Baja California Sur se unió a las otras nueve entidades que ya aprobaron estas reformas constitucionales.
Aseguró que se trata de un avance para que las mujeres mexicanas canten victoria y para que ningún agresor sexual, violentador o deudor alimentario tenga la posibilidad de representarlas en algún cargo público.
Con la adición de la fracción séptima se establece que los derechos ciudadanos se suspenderán cuando: “por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”.
Cabe recordar que se requiere que por lo menos 17 congresos locales aprueben la minuta del Congreso de la Unión a más tardar la primera semana de junio para que entre en vigor.
