Rigoberto Saucedo Boyd, presentó su renuncia como director del Instituto de la Juventud de Baja California (INJUVEN), en medio de una serie de señalamientos y denuncias derivadas de la entrega de contratos a empresas para la operación del Comunder.
Este martes 4 de abril, Saucedo Boyd, entregó un oficio de renuncia al frente de la dirección estatal de Juventudes, argumentando motivos personales.
Sin embargo, desde la semana pasada se había vaticinado su salida al frente del INJUVEN, debido a la entrega de contratos signados por la institución para la operación de uno de los proyectos más presumidos por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el cual costaría al erario un monto de 53 millones de pesos por la operación de una flotilla de camiones para transportar a jóvenes de preparatoria de zonas marginadas a sus escuelas.
Saucedo Boyd había recibido una denuncia ante la Secretaria de Honestidad y Función Pública (SHFP) por presuntamente haber favorecido a una de las dos empresas, con la cual tenía un presunto acto de conflicto de interés, toda vez que el proveedor del servicio es familiar directo de un asesor particular de Saucedo Boyd.
El documento exhibido por ZETA describió como el propietario de la empresa de nombre Everardo Basilio Medina firmó el contrato junto con su familiar, Leonardo Basilio Adame, pero este trabajó con Saucedo Boyd cuando dicho contrato inició operaciones.
El otro contrato fue entregado a una empresa cuyo propietario es Adolfo Hernández Hurtado, un hombre acusado de fraude y que además fue favorecido con la concesión del servicio de taxis en el corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz, en Tijuana.
Saucedo Boyd se decía un perfil cercano a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, mismas que buscaba materializar en posiciones políticas; tenia poco más de un año al frente de la administración del INJUVEN.
