La compra de 13 plantas de generación eléctrica de Iberdrola por 6 mil millones de dólares anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue vista como una “mala decisión” que implica un riesgo para las finanzas públicas y no se trata de una nacionalización.
Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la adquisición es una “mala decisión” porque conlleva gastos de mantenimiento a futuro “difíciles de solventar”, no obstante, se pronunció a favor de destinar más recursos a las líneas de transmisión y distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), toda vez que la inversión en ese rubro ha sido “insuficiente”.
“Mejorar la infraestructura pública y asegurar que la electricidad sea distribuida suficientemente en el país, es más prioritario para aprovechar la relocalización de las inversiones”, manifestó el organismo perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Por otro lado, especialistas han desmentido que la adquisición de las 13 plantas (12 de ciclo combinado de gas y una eólica) se trate de una nacionalización como lo expresó López Obrador, ya que la mayoría de las plantas de la empresa de origen español ya vendían energía eléctrica exclusivamente a la CFE mediante contratos de Producción Independiente de Energía (PIE).
“¿En dónde radica la nacionalización, si ya existía un acuerdo nacionalista, al no permitir la venta de la electricidad a otros por parte de los contratos PIE?”, cuestionó Ramsés Pech, analista en energía y economía.
Siete de las 13 plantas cuentan con más de 15 años de operación, lo que significa que probablemente 80% de la inversión inicial ya había sido recuperada por Iberdrola.
La CFE tampoco está incrementando el volumen de generación. Al cierre de 2022, la paraestatal dirigida por Manuel Bartlett Díaz controlaba 75% de la generación de electricidad en el país, considerando las plantas propias, los PIE y las subastas de largo plazo. Con la adquisición de las plantas de Iberdrola, la paraestatal sólo crecerá 1% en el mercado, pasando al 76.26%.
La generación real de las 12 plantas de ciclo combinado adquiridas por México fluctúa entre 4 mil 500 y 5 mil 000 Megawatts (MW), del total instalado de 8 mil 025 MW. La capacidad instalada se refiere al diseño de la planta, mientras la recuperación de la inversión está en función de la eficiencia que se tenga al operarse dicha planta.
En cambio, la adquisición de las 13 plantas conllevaría un incremento de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos al subsidio que recibe la CFE. El año pasado, el subsidio fue de aproximadamente 82 mil millones de pesos, y para 2024, rondaría los 100 mil millones.
El 4 de abril de 2023, Andrés Manuel López Obrador anunció la adquisición de las plantas de Iberdrola mediante un fideicomiso privado, administrado por Mexico Infraestructure Partners (MIP), en el que existe una participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
Se sabe que la negociación duró dos años, en los que el titular del Ejecutivo denostó reiteradamente a Iberdrola en sus conferencias matutinas. Sobre qué le hizo cambiar de opinión, el político tabasqueño dijo que el convenio suscrito “garantiza” que no aumente el precio de la luz.
El martes 11 de abril, AMLO reiteró la defensa de la decisión de adquirir las plantas, ya que su costo es 30% menor a la inversión que se tendría que haber hecho para construirlas. “Si nos hubiéramos puesto a construir estas 13 plantas nos llevaríamos diez años, y el plazo terminaría con la Comisión Federal de Electricidad quedando como una empresa minoritaria”, aseveró.
Sin embargo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) consideró que la transacción ha sido opaca debido a que se desconoce el monto de recursos con los que participará el Fonadin en ese fideicomiso privado, y cuestionó que el Estado mexicano destine recursos a adquirir plantas que mayormente son de combustibles fósiles.
El anuncio se da en un contexto en que Iberdrola pretende ir disminuyendo su huella de carbono, y la operación le permite liberar capital invertido en proyectos fósiles para destinar inversión a nuevos proyectos de energías limpias. La transacción abre también la puerta para que la CFE expanda condiciones de su Contrato Colectivo de Trabajo al personal de las nuevas centrales, lo que pone en riesgo su rentabilidad en el mediano y largo plazo, luego de que en la renegociación de 2020 se redujo en 10 años la edad de retiro, observó el IMCO.
