Para el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Octavio Sandoval López, es ilegal el acuerdo al que llegó el Ayuntamiento de Mexicali con el responsable de desviar 3 millones de pesos de las arcas de la entonces Dirección de Desarrollo Social (DESOM) para cuentas particulares sin autorización.
En octubre del 2019, Jesús Enrique Gutiérrez Diaz, funcionario de DESOM, aceptó la transferencia de 3 millones de pesos de la institución a cuentas particulares, mismos que -a su vez- trasladaron el dinero a otros bancos.
Esta semana y luego de casi 4 años de juicio, la presidenta municipal, Norma Alicia Bustamante Martínez, anunció un acuerdo reparatorio con la parte implicada para devolver los 3 millones de pesos a plazo de 36 meses.
Para el Presidente de la COPARMEX, el acuerdo aceptado por el Ayuntamiento de Mexicali representa un quebranto al erario, toda vez que durante casi cuatro años se crearon intereses que no serán devueltos a las armas municipales.
“El particular fue un empleado en el gobierno, este tipo de figuras lo único que hacen es institucionalizar la corrupción. Ya hay un mecanismo, pueden robarse el dinero y me lo pagas en abonos”, refirió el empresario, quien aseguró que es injustificable que se hagan acuerdos de este tipo con el dinero de todos.
Y es que, aseguró, sólo con los intereses al 15 por ciento anual se estarían afectando 1.8 millones de pesos.
“No hay ningún antecedente de eso. Cayó en una cuenta, al día siguiente se debió decirse que se devuelva el dinero, pero nada más”.
Comentó que la persona tuvo la capacidad de hacer muchas cosas con ese dinero, cómo invertirlo, lo cual representaría beneficios económicos que no se están contemplando.
“Ni regidores, alcaldesa, ni el síndico, no se puede hacer esto, cuando se llega a acuerdos reparatorios entre particulares, yo autorizo a mi abogado para hacerlo”.
Agregó que el síndico y la Alcaldesa, son los representantes legales del Gobierno Municipal, pero que un acuerdo legal de esta naturaleza tendría que pasar por el Cabildo, pero ni el propio cuerpo colegiado tiene facultades para autorizar de esta naturaleza.
“Por omisiones se le puede denunciar y hacer juicio político porque era síndico cuando ocurrieron estos hechos y es síndico ahora, su responsabilidad es cuidar los recursos de los mexicalenses y es tan evidente que no podemos nosotros ignorarlo y cómo que no pasó nada, es un asunto delicado, yo creo que se debe ver con la seriedad que corresponde”.
“los actos de corrupción se pagan en abonos y vamos a dar un mensaje de que se puede disponer de un recurso, disponerlo y luego pagar en intereses; nosotros estamos sorprendidos” sentenció.
