El Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) de Baja California está operando “en la ilegalidad”, con la utilización de reglamentos municipales de Tránsito para regular el transporte en la entidad, en lugar de una norma jurídica estatal. Así lo establecieron abogados consultados por ZETA, quienes recriminaron que la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aún no haya emitido las reglas que la dependencia debería emplear para la ejecución de la Ley en la materia.
Refirieron que no existe un recurso o acuerdo formal para que el instituto a cargo de Jorge Alberto Gutiérrez Topete emplee los reglamentos municipales, cuya vigencia debió haberse agotado a raíz de la publicación de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, según expusieron. En esa legislación quedó establecido un plazo de 180 días a partir de su entrada en vigor (28 de marzo de 2020) para que el titular del Poder Ejecutivo emitiera el Reglamento.
Ni en el período de Jaime Bonilla Valdez (2019-2021) la administración estatal acató semejante disposición, ni durante el actual gobierno se ha cubierto la falta de reglas propias.
“Lo que vemos como abogados es que existe una clara ilegalidad en la actuación del Gobierno del Estado a través del Instituto de Movilidad porque dejaron pasar el término, el plazo que la propia Ley les concedió para emitir el Reglamento, entonces lo que está haciendo IMOS es aplicar sanciones, sus infracciones y penalidades basados en el Reglamento Municipal”, aseveró Carlos Atilano Peña, presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes.
El uso que el Instituto ha venido haciendo de los reglamentos municipales “es claramente inconstitucional, porque no puedes como autoridad estatal utilizar un Reglamento Municipal obsoleto y tratar de subsanar un vacío que existe en la legislación estatal, al haber dejado de promulgar el decreto correspondiente en términos del transitorio (Quinto) con la creación del Instituto de Movilidad”, advirtió.
Habló de “una nueva iniciativa de Ley de movilidad, asimilada a la federal” y que de cualquier manera la propuesta “no ha sido aprobada”. De ahí que en caso de que el Gobierno del Estado se encuentre a la espera de que el Congreso de Baja California empate la legislación local, ello no debería constituir un pretexto para descartar la emisión del reglamento que debió expedirse desde 2020.
“En el Estado opera una Ley de Movilidad que está vigente y debe tener su propio reglamento”, recalcó.
A decir del litigante, a pesar de que el plazo de 180 días feneció antes de arrancar la administración de Ávila Olmeda, en todo caso el gobierno en turno “debió haber hecho una ampliación de ese transitorio y emitir de todos modos el reglamento aunque sea extemporáneo, y no estar acudiendo a los reglamentos municipales que ya no tienen vigencia”, en un afán de “infraccionar, sancionar a transportistas”.
Atilano Peña enfatizó que, con la entrada en vigor de la Ley actual, “a los municipios se les quitaron todas las facultades de competencia en la materia de transporte”, por lo que el empleo de los consabidos reglamentos “constituye una ilegalidad”.
El abogado José Ángel Peñaflor alertó que en el Reglamento de Tránsito para el Municipio de Tijuana se estableció que sólo el director, el perito municipal o los inspectores previstos en esa serie de preceptos podían aplicar las multas en materia de transporte, por lo que el hecho de que personal del IMOS se esté haciendo cargo de imponer tales sanciones constituye un “problema”.
La falta de un reglamento estatal “crea abusos, sobre todo abusos, porque obliga a los inspectores del IMOS a utilizar normas que ya no son las adecuadas para la legislación estatal”, indicó.
Agregó que ello “tan sólo es una de las ilegalidades” y que “otra cosa es el exceso de las multas” que se han impuesto.
Reconoció que en razón de que el gremio transportista optó por movilizarse como medida de reclamo, las autoridades competentes “le han bajado bastante al número de multas”; de cualquier modo, atajó, “las primeras multas sí fueron 60 mil pesos”, y “la más alta, de 68 mil”, sanción por la que se procedió en consecuencia en un Juzgado de Distrito, donde el proceso correspondiente sigue su curso.
En su momento, Carlos Atilano Peña igualmente sostuvo que la “vacuidad” a la que se traduce la falta de reglamento estatal “ha llevado a muchos actos de autoridad infundados”.
INSPECTORES NO CONOCEN REGLAMENTOS MUNICIPALES: TRANSPORTISTA
Integrantes del gremio transportista acusan que aun cuando la gobernadora Ávila Olmeda se comprometió en campaña a abogar por que las infracciones para quienes prestan el servicio de transporte se fijaran con apego a su nivel económico, los trabajadores del volante siguen expuestos a la aplicación sanciones elevadas establecidas en los reglamentos municipales.
“Ahorita el problema es que ellos (quienes tienen competencia en la regulación del transporte) ya se pusieron un caparazón y ya no quieren atender”, refirió a ZETA Marco Antonio Baquedano, portavoz de los conductores de taxi libre en Mexicali.
“Aquí la cuestión es que, si hay un reglamento, tienen que apegarse al Estado de Derecho y aplicar las sanciones apegadas a la economía, no exorbitantes las sanciones”, reclamó.
Mencionó que en Mexicali prevalece un uso equivocado del Reglamento Municipal y un cobro excesivo por faltas a la norma.
“Si (a dos usuarios) los recogiste en diferentes puntos o van a diferentes puntos de la ciudad, o sea, como dos viajes, como un colectivo, ya es prestar un servicio no autorizado; esa es la infracción y son 45 mil pesos”, acentuó.
Pero “esa infracción no era para taxi”, sino para las unidades de transporte cuyo servicio se contrata a través de una aplicación, deploró.
“Nos voltearon las cosas. Era para ellos, porque ellos no tenían permiso para prestar un servicio de transporte público”, expuso el trabajador del volante.
Y remarcó que los inspectores del IMOS no conocen los reglamentos municipales: “Si te pasas un alto de disco, vamos a suponer, yo cometí una infracción y me pasé un alto de disco, por falta de precaución, no te ponen ‘por pasarte el alto de disco’; ponen ‘por manejar peligrosa y temerariamente’, y esa infracción son tres, cuatro o cinco UMA (Unidad de Medida y Actualización), pero no es la infracción que cometiste”, describió.
Conforme al Artículo 21 Constitucional, “no debe pagar ningún ciudadano arriba de su salario mínimo o un salario mínimo o lo devengado de un día de su jornal”.
Se quejó de que los transportistas sigan estando expuestos a la aplicación de sanciones elevadas, pese a la promesa de Marina del Pilar Ávila de trabajar porque su bolsillo no se viera afectado con infracciones de ese rango.
Por otro lado, el conductor de taxi libre acusó al director Jorge Alberto Gutiérrez Topete de conductas intimidatorias con el gremio transportista. Lo señaló de haber amenazado a transportistas con cancelarles “permisos o la concesión” en caso de que se manifestaran contra “el acoso de los inspectores” del IMOS.
“ESTÁN EN UNA LAGUNA LEGAL Y SE ESTÁN APROVECHANDO”: ABOGADO
El presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, AC, Hassan Franco Ruiz, coincidió en que es ilegal que el IMOS aplique los reglamentos municipales. Asentó que “la mayoría de los amparos y recursos” que colegas suyos como Atilano y Peñaflor han interpuesto en defensa de trabajadores del volante, llevaron como “sustento, que (los inspectores del Instituto) utilizaban el reglamento de tránsito cuando ellos no son Tránsito”.
Subrayó que las autoridades del Estado con competencia en materia de transporte “están en una laguna legal y se están aprovechando de ese reglamento”, de manera que “todas las multas, todos los remolques que ha hecho el IMOS o sus patrullas, sus unidades y que las sustentan en el Reglamento de Tránsito que está hecho para la Policía de Tránsito, son ilegales”.
Refirió el caso de un taxista que “se paró a levantar a una familia y le dijeron que estaba haciendo sitio, le quitaron el carro y la multa era como de 60 mil pesos, una cosa exagerada”. Ponderó que por ese suceso Atilano Peña llevó un juicio de amparo “y no pagaron nada los muchachos (contra quienes se había impuesto la sanción)”.
José Ángel Peñaflor mencionó que por concepto de multas elevadas se han promovido “aproximadamente 30 amparos”. A esos procedimientos se agregan algunos “con los que se está haciendo camino” en términos de qué criterios aplican para multar a los choferes.
“No hay políticas públicas en materia de transporte, ese es otro de los amparos que tenemos elaborados para que se dicte política pública en materia de transporte, no puedes tú imponer, por ejemplo, por pararse en cualquier lugar porque no hay la infraestructura adecuada que se haya proyectado, que se haya dicho, para las paradas”, explicó.
CONVENIO
Catalino Zavala Márquez, secretario general de Gobierno de Baja California, negó que el uso de los Reglamentos de Tránsito Municipal para regular el transporte desde el ámbito estatal, constituyan una ilegalidad. Refirió que sí existe un acuerdo en la que se sustenta esa utilización.
“Tanto en el convenio que hay Municipio-Estado en el tema de movilidad está toda la parte de competencias que tiene que ver con la normatividad que existe y la reglamentación, pero de manera ya coordinada Municipio y Estado, en esa parte no se tiene complicación”, argumentó a consulta expresa de este medio el viernes 31 de marzo.
“El convenio Municipio-Estado no se contrapone de ninguna manera, de hecho, parte hay de facultades en el Municipio, eso sí es cierto, y toda la parte que tiene que ver con las autorizaciones y políticas de transporte público es del Estado y la parte de los sitios, que tiene que ver con algunas ubicaciones, y esa parte es por lo que se hizo el convenio”, detalló.
Actualmente “hay una sola actuación complementada” que resulta necesaria entre Municipio y Estado. “No hay conflicto de competencias”, resaltó el funcionario.
A su vez, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda indicó a ZETA que en dado caso estaría dispuesta a revisar el hostigamiento que se le ha atribuido a Gutiérrez Topete. Propuso reunirse con los conductores de taxi libre en Mexicali, en el ánimo de que le precisen cualquier inconformidad y, de ser necesario, hablar con el titular del IMOS.
“Si es necesario reunirnos con ellos, que me digan por qué conductas intimidatorias”, planteó.
Sin embargo, remató: “Estoy convencida de que se está realizando un buen trabajo en materia de movilidad en el Estado por parte del director”.
