Sistema de vigilancia en entradas y salidas de antros, botones de pánico y detectores de metales son algunas de las modificaciones planteadas en la reforma a la Ley para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas del Estado de Baja California presentada ayer en el Congreso del Estado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila y la diputada Michel Sánchez.
Previamente, en la conferencia de prensa matutina de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda adelantó la presentación del documento, como respuesta a la reciente desaparición de tres jóvenes en la zona de bares de Mexicali, acompañada de la legisladora y de la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, quien a su vez anunció el cierre de bares a las 02:00 horas, a pesar de tener permiso para cerrar hasta las 03:00 horas, a partir de este jueves 20 de abril.
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En el documento entregado ayer al Poder Legislativo, se planteó iniciativa de reforma con proyecto de decreto que crea el artículo 18 Bis y el 18 Ter, modifica la fracción I del artículo 27, modifica la fracción II el artículo 28, adiciona las fracciones VII y VIII y recorre la fracción IX del artículo 29 de la Ley para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas del Estado de Baja California.
En ella se establece la obligación de antros y establecimientos que vendan bebidas alcohólicas para consumo en el lugar, de contar con cámaras de seguridad en sus accesos, así como botones de pánico, detectores de metales, capacitar a su personal de seguridad, de dar aviso inmediato sobre la posible comisión de un delito.
También se contempla aumentar las multas de 3 a 500 salarios mínimos a de 50 a mil UMAS por el incumplimiento de la Ley; y, sancionar con suspensión temporal o clausura del local hasta por 45 días por el permitir el acceso a personas que porten armas sin permiso o incumplan con las sanciones mencionadas.
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En la exposición de motivos de la iniciativa, las inicialistas reconocen que del año 2022 a la fecha se han presentado 12 casos de jóvenes desaparecidos en la zona de antros de Mexicali ubicada entre los Bulevares Justo Sierra, Benito Juárez y L. Montejano, lo que ha generado una “justificada indignación por parte de madres, padres, familiares, amigas, amigos y la sociedad en general por los hechos ocurridos, acentuada por la falta de atención por parte de las personas dueñas y la imposibilidad de actuar de forma más efectiva por parte de las autoridades por una inadecuada regulación”.
Puntualmente, enlistan, deben modificarse obligaciones de los permisionarios de alcoholes, tales como establecer la obligación de las personas permisionarias de contar con un sistema de video vigilancia con cámaras de seguridad en todos sus entradas y salidas, incluso las de seguridad, así como estacionamiento, para poder coadyuvar con la autoridad en la investigación de posibles delitos, y dada la alta criminalidad que se ha presentado en los últimos años en torno a estos lugares.
Establecer la obligación de las personas concesionarias de denunciar la posible comisión de los delitos cometidos en sus establecimientos, estacionamientos e inmediaciones, incluso de aquellos que son reportados por las y los consumidores.
Sancionar con la clausura temporal o suspensión de hasta 45 días a quienes incumplan estas disposiciones y cuando se permita el acceso de personas armadas sin autorización a los establecimientos o locales.
El establecimiento de botones de pánico para solicitar el auxilio inmediato de la autoridad; capacitar al personal de seguridad de los establecimientos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El instalar arcos detectores de metales o detectores portátiles para controlar el acceso a sus instalaciones, y aumentar las multas de 3 a 500 salarios mínimos, de 50 a mil Unidades de Medidas y Actualización.
Adicionalmente, se propone un régimen transitorio que conceda a los ayuntamientos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana 60 días naturales para modificar sus disposiciones reglamentarias, lineamientos y manuales, conforme a la reforma que se propone, lo anterior por la extrema urgencia que ha suscitado y el clamor de la sociedad civil.
La Secretaría de Seguridad Pública será la encargada de instrumentar el funcionamiento de un sistema de video vigilancia que regule su funcionamiento en los establecimientos de antros, bares y aquellos donde se permita el consumo de bebidas alcohólicas en envase abierto o para consumo en el local.
