Los diputados de Morena en la XXIV Legislatura de Baja California pidieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revierta la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral contra la segunda parte del plan b del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al igual que los gobernadores de la 4T y valiéndose del texto empleado por los mandatarios, los 13 integrantes de la fracción de Morena en el Congreso local señalaron que la determinación del ministro Javier Laynez de admitir a trámite el recurso y suspender el paquete de reformas en materia electoral publicadas el 2 de marzo es inconstitucional.
Recalcaron que la Reforma Electoral del presidente López Obrador apunta a “disminuir el costo desmesurado de los procesos electorales, reforzar los principios democráticos fundamentales y adelgazar el pesado aparato burocrático y la carga presupuestal del INE”.
En su momento, el hoy ex presidente del Consejo General del INE Lorenzo Córdova Vianello argumentó que la Cámara de Diputados y el Senado violaron el debido proceso legislativo con la aprobación de la Reforma, que los Poderes Legislativo y Ejecutivo vulneraron la autonomía e independencia del Instituto así como la equidad en la competencia política e igualmente, que la misma enmienda afectó los derechos laborales del personal del Instituto.
Sobre su petición de revertir la controversia constitucional, contra la cual la Consejería Jurídica de la Presidencia promovió un recurso de reclamación, los diputados locales del partido oficial argumentaron que la admisión a trámite y suspensión ejercidas por el ministro Laynez Potisek carecen de fundamento en razón de que la Constitución Mexicana establece que las controversias constitucionales en materia electoral son improcedentes y que conforme a la ley reglamentaria no hay cabida para suspender las normas generales.
Sostuvieron que la decisión además “violenta el equilibrio de poderes, en la medida en que uno solo de los ministros (de la Corte) suprime de un plumazo reformas de la representación popular legítima depositada en el Congreso de la Unión”.
Adjudicaron a Javier Laynez “un interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular”.
Agregaron que la referida transformación “no podrá ser detenida mediante maniobras tramposas y de dudosa legalidad para beneficiar a la oligarquía”.
El ex fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales de Baja California Carlos Barboza Castillo refirió a ZETA que si los titulares del Poder Ejecutivo o los integrantes del Legislativo se pronuncian sobre cuestiones jurisdiccionales terminan por “politizar la justicia”.
Explicó que “si algo ha establecido el sistema constitucional mexicano es que una de las principales negaciones para llegar a la justicia es cuando la politizan”.
Recalcó que “los legisladores no son parte de un proceso jurisdiccional” y que “sus opiniones son políticas”.
En opinión del entrevistado la atención de los asuntos de índole jurisdiccional se debe reservar para “los tribunales, que son los órganos responsables y constitucionalmente (indicados) para resolver cualquier tipo de controversia que se dé en el ámbito de la disputa por una interpretación”.
Sostuvo que los diputados podrán decir que su pronunciamiento se sustenta en el ejercicio de la libre expresión”. Sin embargo, “la libre expresión tiene un tope cuando se refiere a las interpretaciones jurisdiccionales”, asentó.
“La Corte está actuando en el uso de sus atribuciones y en el uso de sus atribuciones puede llegar a una resolución definitiva que todavía no sabemos “, remató.
La petición de revertir la controversia fue firmada por los diputados locales Alejandra Ang, Evelyn Sánchez, Julia Andrea González, Rocío Adame, Araceli Geraldo, Gloria Miramontes, Liliana Sánchez, Ramón Vázquez, Juan Manuel Molina, Dunnia Montserrat Murillo, Víctor Hugo Navarro, Manuel Guerrero, Sergio Moctezuma Martínez.
