Con 481 votos a favor, 0 sufragios en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó, el 24 de abril de 2023, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, mismo que ya había sido avalado en el Senado, por lo que fue enviado al titular del Poder Ejecutivo Federal, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El 12 de abril de 2023, por unanimidad de 113 votos a favor, el Pleno de la Cámara alta del Congreso de la Unión aprobó la expedición del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que cuenta con mil 191 artículos y 20 transitorios -contenidos en 10 libros-, además de que considera un periodo para su entrada en vigor de cuatro años, es decir, hasta el 2027.
El nuevo Código privilegiará la solución de conflictos sobre los formalismos procesales. Asimismo establece que los principios rectores de los procedimientos civiles y familiares serán la oralidad, el interés superior de la niñez y la perspectiva de género. También plantea la obligación de los juzgadores de hacer uso de la justicia alternativa en la solución de controversias.
Además, señala que la autoridad debe ajustar los procedimientos cuando se trate de personas de grupos vulnerables. Asimismo, indica que el Poder Judicial de la Federación (PJF) y de los estados, habilitarán sistemas de justicia digital con diseños y formatos accesibles, así como una Oficialía de Partes Común, a través de la cual se presentarán escritos de demanda o promociones posteriores de manera electrónica o escrita. También abre la posibilidad de celebrar audiencias virtuales.
Aunado a lo anterior, el Código plantea que en los juicios que versen sobre alimentos, derechos de niñas, niños y adolescentes, controversias familiares y por violencia familiar, todos los días y horas serán hábiles, Además, prohíbe a las autoridades jurisdiccionales aplazar, dilatar o negar resoluciones, salvo en casos previstos por la ley, y regula las acciones colectivas. Asimismo, reduce de 30 a 15 el número de personas que pueden interponerlas. También regula el procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición de personas y agiliza los procesos de adopción.
Con el nuevo Código se podrán dar pensiones provisionales en menos de 24 horas y los centros de trabajo de los poderes judiciales tendrán que dar en menos de tres días hábiles los descuentos a los deudores. Asimismo, los juzgadores podrán emitir sentencias en menos de 30 días en casos de adeudos de arrendamientos, dar sentencias de divorcio en menos de 15 días y evitar que los procesos de adopción duren años, pero siempre garantizando el interés superior de la niñez.
También se incluyeron conceptos como juicios sumarios orales, a partir de los cuales las y los juzgadores podrán decidir qué casos se podrán dirimir en menos de 30 días y de manera oral. Además, se dan avances en materia de digitalización de los juicios, para evitar que abogados retrasen procesos de manera dolosa y deliberada. Con ello, la denominada justicia cotidiana se impartirá con perspectiva de género y apego total a los derechos humanos.
A través del nuevo Código se homogeneizan los procesos y plazos a nivel nacional, se implementa un sistema de ejecución de sentencia breve por audiencias, se pondera el principio de igualdad y de no discriminación entre las partes. Mientras que en caso de pueblos originarios y afromexicanos, se establece que las autoridades deberán considerar sus usos y costumbre, así como allegarse pruebas periciales, incluso en materia de antropología social. Además, establece que la justicia deberá adquirir oficiosamente pruebas para adoptar medidas provisionales ante casos de violencia de género.
