Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esa corporación podría continuar, de facto, bajo las órdenes de Fuerzas Armadas, como ha estado desde que dependía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a donde regresará orgánica y administrativamente, advierten especialistas.
Aunque el fallo significa un nuevo revés a los proyectos del autollamado gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el proceso de militarización continúa y la materialización operativa del quehacer de la Guardia Nacional (GN) seguirá como está. Así lo señala el profesor Carlos Mercado Casillas, consultor en seguridad, derechos humanos y sistema penal, quien pronostica:
“En mi opinión, la GN no va a cambiar mucho. Va a cambiar los aspectos administrativos y orgánicos, pero la operación va a seguir estando, de facto, a cargo de la Sedena”.
Y es que el miércoles 18 de abril, no solamente el pleno de la SCJN declaró inconstitucional la reforma mediante la cual la GN quedaba bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que anuló la facultad de que el General Secretario, titular de la institución castrense, designe al comandante o comisario de la GN, devolviéndole esa potestad al Presidente de la República.
La votación del primer tema fue de ocho votos a favor por tres en contra, que fueron los emitidos por las ministras Yazmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y del ministro ex presidente de la SCJN Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
El proyecto fue presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá (propuesto al cargo por López Obrador en diciembre de 2018), quien el 11 de abril de 2023, planteó invalidar la reforma publicada el 9 de septiembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que resulta contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la GN forma parte del ramo de la seguridad pública civil, de manera que debe estar orgánica y administrativamente bajo el control de la SSPC.
“Resulta inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando que el Decreto impugnado, a través de los artículos analizados en este apartado, realiza. Este se opone al texto del Artículo 21 que, como una garantía del carácter civil de la Guardia Nacional, incorpora expresamente que esta deberá quedar incorporada a la dependencia del ramo de la Seguridad Pública, quien formulará no solamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, sino que sus programas, políticas y acciones”, argumentó González Alcántara Carrancá.
El ministro Luis María Aguilar Morales votó a favor del proyecto, pues “considero que mediante el decreto combatido, visto como un sistema normativo, se altera y trastoca la naturaleza civil de la Guardia Nacional y, por tanto, se contraviene el Artículo 21 Constitucional que determina que la Guardia Nacional debe tener claramente naturaleza civil en todos los aspectos, tanto de organización, control, nombramiento, disciplina y dependencia, motivo por el cual mi voto es por la invalidez del decreto”.
Coincidieron sus compañeros ministros Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán, así como la ministra presidente Norma Piña Hernández.
Arturo Zaldívar, quien había iniciado la discusión sobre el tema un día antes, insistió que la corporación en cuestión no dejo en ningún momento de ser de carácter civil: “El mero hecho de que tanto su mando organizativo, como sus integrantes formen parte de las secretarías de Defensa o de Marina, o estén sujetos a una disciplina militar, en nada afecta la naturaleza civil de la Guardia Nacional, siempre y cuando, claro está, la institución preserve objetivos y entrenamientos propiamente civiles”.
Por su parte, visiblemente irritado, AMLO acusó: “Ocho ministros de la Suprema Corte, con excepción de tres, actuaron de manera facciosa (…) y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco”.
El mandatario nacional instruyó mantener al General David Córdova como Comandante de la GN, y anunció que en septiembre de 2024 presentará una nueva una iniciativa de reforma constitucional para que la corporación pase a formar parte de la Sedena.
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LA SIMULACIÓN
Carlos Mercado Casillas, maestro en Derecho con especialidad en Administración de Justicia y Seguridad Pública, destacó que la resolución emitida en la Corte es una medida valiente de las ministras y ministros que dieron su voto aprobatorio al proyecto de tesis planteado, y que en términos prácticos, regresa a la GN a convertirse en el órgano desconcentrado de la SSPC, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, aunque todavía faltan diversos aspectos por corregir.
Para el académico, “con esto se cierra ese tema; sin embargo, queda todavía la duda en el tema o la situación concreta que estamos hablando, de que hay un proceso de militarización, afortunadamente ya se detuvo esta parte, esperemos que puedan venir otras resoluciones por las antinomias que los artículos transitorios del Decreto generaron. Cuando digo antinomias me refiero a las contradicciones normativas que la propia reforma constitucional produjo, y una de ellas, concretamente es sobre los derechos laborales”.
El entrevistado detalló que se crearon “dos figuras de los elementos de la GN, que haciendo la misma función, la misma tarea, están considerados de diferente manera. Unos tienen un beneficio, me refiero a todo el personal que viene de Fuerzas Armadas y que son policías militares o policías navales; y por otro lado, quienes quedaron, del resabio, que formaron parte de la Policía Federal, que evidentemente reciben un trato laboral distinto de los que son sus pares. Entonces, ese tipo de defectos todavía no se resuelven y no sabemos si vayan a llegar a resolverse, pero bueno, creo que fue un buen paso el que la SCJN dio el martes 18 de abril”.
Mercado Casillas, quien a principios de la década tuvo la experiencia de ser secretario de Seguridad Municipal en Guadalajara, sabe que el fallo no deja contento al Presidente de México ni al titular de la Sedena.
“A mi modo de ver, quizá puedan intentar algo diferente, no sé hasta dónde les dé la posibilidad de hacerlo ante una resolución de este tipo. Creo que va a pasar lo que hasta noviembre pasado veíamos; es decir, una Guardia Nacional dentro de la estructura orgánica de la SSPC con todo el poder que le dan las asignaciones económicas o presupuestales que tenía, pero que quien determinaba los aspectos de distribución operativa, derroteros de recorridos, siga siendo bajo la lógica de la ‘coordinación’ con Fuerzas Armadas. Es decir, esa parte, la parte operativa, va a seguir estando de la mano de la Sedena”, advirtió.
“La Guardia Nacional no cambia en el tema de quiénes son los miembros actuales de la GN, ya sabemos que el 70 por ciento de los elementos pertenece a la Policía Militar; el 17 por ciento, aproximadamente, pertenece a la extinta Policía Federal; y el 13 por ciento, aproximadamente, a la Policía Naval, de la Armada. Fueron capacitados por 500 horas, principalmente en temas de uso de la fuerza y uso de armamento, pero, ¿dónde está la parte de proximidad, derechos humanos, género, comunicación con la ciudadanía, resolución pacífica de conflictos, entre otras? No están presentes en la capacitación para reconvertirlos en policías, en el sentido estricto”, abundó el experto.
Por su parte, Eduardo Barajas Languren, doctor en Derecho e investigador nacional Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), también ha estudiado los procesos de militarización en el país. Resaltó que “por muchos años, el Ejército ha estado sin regular en muchos aspectos en la Constitución o sin una regulación adecuada, y una vez que se detectan este tipo de lagunas, incluso de errores legislativos, es cuando el Poder Judicial se da a la tarea de tratar de enmendar y enderezar estos temas de manera correcta”.
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El investigador tiene en claro que “el hecho de hacer copias de figuras que en otros países funciona de una forma, y quererlas incorporar a nuestra legislación de manera contraria a lo que prevé nuestra Constitución, sin técnica legislativa y sin un estudio sociológico-jurídico de lo que implica un nuevo organismo que se intente crear con calzador a las cuestiones de prevención del delito, es riesgoso. Y más tratándose de instituciones castrenses, que están diseñadas, en teoría, para cuidar la soberanía de la nación, pero no obstante ello, también se descuida el respeto y la garantía de los derechos humanos del ciudadano, cuando esa fuerza militar está en las calles”.
El profesor finalizó:
“En virtud de que, particularmente el Artículo 21, que es donde se basa esa trasgresión al marco normativo constitucional, es donde se fundamenta toda esta parte de la seguridad pública que nos deja en claro que en ocasiones en nuestro país podemos tener errores en la forma de concepción de las instituciones encargadas de la persecución, sobre todo en este caso de la preservación del orden público, ¿qué quiero decir con esto? La prevención del delito y la reacción deben estar a cargo de civiles”.
