Entre los cambios al reglamento de la Ley de Edificaciones en los que ya trabaja la actual administración, se plantea que el Ayuntamiento de Tijuana solicite un estudio geológico para otorgar licencias de construcción de proyectos inmobiliarios, en lugar de un estudio de mecánica de suelo, como actualmente se requiere.
Otro cambio será la creación de un Consejo Municipal de Fraccionamientos y Edificaciones Seguras en el que se vote la aprobación de nuevos fraccionamientos y construcciones verticales, indicó el secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Bujanda Ruiz.
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En dicho Consejo participará la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), el Colegio de Ingenieros Civiles, Protección Civil, Bomberos, y la Dirección de Administración Urbana (DAU). Aún está por definirse cuántos integrantes, quiénes serían y el voto que tendrán, dijo Bujanda quien aseguró que ese organismo será “equitativo” para que se cuide la integridad de los tijuanenses.
Expuso que el Atlas de Riesgo será actualizado por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), con un costo de entre seis y ocho millones de pesos; y los trabajos durarán hasta cinco meses. Mientras concluyen las modificaciones al reglamento y la actualización del Atlas, se revisará a la brevedad posible la documentación de edificaciones que se encuentren en las zonas donde actualmente existen 10 deslizamientos activos, como La Sierra, Herradura, La Cacho y Camino Verde, entre otras.
Cuestionado sobre el porqué la DAU no tiene el expediente completo de las licencias de construcción de los edificios de la Sierra, que colapsaron el 1 y 9 de abril pasado, Bujanda Ruiz dijo: “se tendría que investigar si no está completo. Nosotros entregamos lo que tenemos de la Sierra. Si no hay, y no hay un término de obra, y sí hubo, pues hay que proceder contra los funcionarios que otorgaron esta serie de permisos y no actuaron de manera reglamentaria”.
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Pero al señalar que la falta del documento de terminación de obra corresponde a la actual administración, el funcionario le pasó la responsabilidad a la propietaria, aludiendo que no lo sacó.
En opinión del ingeniero civil Julio Torres Coto, el reglamento no necesita “mucha actualización”, como sí cumplirlo, toda vez que la última actualización fue de 2017 y existen normas técnicas que datan de 2020.
“El problema es que quiera cumplir el inversionista con el reglamento y las 12 normas técnicas, porque eso cuesta dinero; y estamos dispuestos a ahorrar dinero siempre y cuando no nos expongamos nosotros. Hablo del inversionista que no quiere cumplir con los reglamentos”, señaló.
