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jueves, febrero 15, 2024
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Abren negociación para rescindir contratos entre propietaria e inquilinos de edificios de La Sierra

Cecilia Álvarez, representante legal de los inquilinos que perdieron sus pertenencias en el fraccionamiento La Sierra, dijo que tras la reunión con Juan Marcos Gutiérrez González, representante de la propietaria de los inmuebles, se abrió la negociación para que puedan rescindirse los contratos de arrendamiento de los departamentos que ya no pueden habitarse por el deslizamiento del talud.


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“Todavía no se ha llegado a algo, estamos abiertos. Vamos a pasar una serie de propuestas y después de las propuestas podremos tomar una decisión”, indicó la mañana de este 5 de abril de 2023, en el Palacio Municipal de Tijuana.

En atención a medios, aseguró que la autoridad local le dijo que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda “dio la instrucción” a la Fiscalía General del Estado para que abriera la carpeta y se siguiera de oficio, por lo que ya pidió el número de expediente. “Estamos esperando que nos lo entreguen para saber” indicó.

Sin embargo, en la FGE no existe ninguna carpeta de investigación, según lo informó el organismo autónomo a ZETA. El lunes pasado, Ávila Olmeda declaró que la Consejería Jurídica analiza la posibilidad de que pueda presentarse una demanda colectiva, en la cual el gobierno del Estado apoye en la parte jurídica a todas las familias que se han visto perjudicadas. Pero hasta ayer ningún funcionario estatal se había acercado a la abogada de los arrendadores o a los inquilinos.


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El abogado de la propietaria, Juan Marcos Gutiérrez González, comentó que se intentará hacer el consorcio activo necesario para que se haga la demanda contra quien resulte responsable, lo que se definirá con los dictámenes en geología e ingeniería que determinen la causa de este deslizamiento de “alto volumen de tierra”.

Reiteró que la demolición no se ha retrasado por causa de la señora Rojas, y menos por él. “Es de altísima responsabilidad decidir el método de demolición, no por ir a demoler ahorita se van a poner en riesgo la vida de los trabajadores. Es un tema de determinar el método y ahí la voz la tienen la autoridad y los técnicos”.

Al salir de la reunión, Guillermo Fimbres, propietario del predio que está sobre el bulevar Cuauhtémoc (debajo de los edificios), acusó que el edificio que afectó su propiedad fue construido por Rojas “en la pandemia, sin ningún permiso, y sin importarle las objeciones de todos”.

Ante la exhibición de las licencias de construcción mostradas por el abogado de la propietaria, Fimbres dijo que las autoridades habían dicho que no había permisos y que es una licencia extemporánea.

“El señor quiere argumentar como cualquier abogado, quiere decir que está abierto al diálogo, lo cual ahorita no quiso hacer. Su cliente no se ha presentado. Dijeron que estaba en el hospital, pero ayer vino y a puerta cerrada hizo algunas declaraciones”

“Quiero que la opinión pública que por favor no se hagan las víctimas, los cuales no son. Ellos son los causantes. El papá de la señora, ella se vio beneficianda cobrando rentas durante años después del fallecimiento de su padre y ahora ella construyó aprovechando la pandemia, aprovechando que no había inspectores, ella construyó sin importarle el riesgo al que ponía a las familias a las que les arrendó”.

Este miércoles, alrededor de las 14:30 horas, la representación legal de la propietaria de los edificios del fraccionamiento La Sierra entregó a la SDTUA un documento en el que indica que “no hay ni habrá oposición a las acciones de demolición que se sirva emprender la autoridad, con cargo a quien resulte responsable, en términos del artículo 103 del Reglamento de Protección Civil del municipio de Tijuana”.

Dicha manifestación no significa una autorización, y “no significa aceptación de culpa alguna”, según lo comentado por Gutiérrez González.

El citado artículo establece a la letra: “Si del acta de inspección se desprende la necesidad de llevar a cabo medidas correctivas de urgente aplicación, la Dirección Municipal de Protección Civil requerirá a quien resulte obligado para que las ejecute, fijándole un plazo para tal efecto. Si éste no las realiza, lo hará la autoridad a costa del obligado, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurra”

El documento, firmado por Bertha Leticia Rojas Rodríguez, indica entre otros puntos que “aparentemente” el vecino que colinda al Este del predio de su propiedad “estuvo realizando sin ninguna autorización y/o en contra de las normas técnicas movimientos de tierra sobre el talud dejándolo casi perpendicular al suelo y sin realizar las obras de protección necesarias”.

Señala que personalmente hizo reportes de fugas y filtraciones de agua en la calle, “siendo pobremente atendidas y en todo caso ignoradas por parte de la CESPT”, y que el deslizamiento partió desde el pozo de visita o colector de drenaje de la CESPT hacia el Este y en dirección al talud que se encontraba en la colindancia Este de su propiedad, colapsando ambos inmuebles.

EDIFICIO SE HA MOVIDO 9.5 METROS: COLEGIO DE INGENIEROS

Más tarde, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, Gerardo Tenorio y el ingeniero civil especialista en geotecnia y asesor del Ayuntamiento de Tijuana, Javier Franco, señalaron que el edificio que se mantiene en vilo se ha recorrido 9.5 metros de su posición original.

Franco señaló que ambos edificios fueron después del corte del talud según el Google Earth. “El corte no está presentando problemas”, el talud de abajo está estable, no ha fallado sino ya se hubiera deslizado de abajo. Mientras que la parte del talud donde estaban los locales sobre el bulevar Cuauhtémoc está estable. 

Dijo que hay varios factores que se están combinando,” desde el peso que se está colocando por el mismo propietario, hasta lo que es la masa del suelo, su propia composición que tiene una capa desfavorable con inclinación hacia el mismo bulevar, una pendiente, y el mismo tipo de suelo por debajo del edificio que es desfavorable en el sentido de su consistencia, es un suelo muy plástico, deslizable”.

Ambos especialistas señalaron la necesidad de que el Atlas de Riesgo y el Reglamento también se actualice en aras de incrementar la seguridad de las construcciones, mediante estudios más profundos.

Autor(a)

Julieta Aragón
Julieta Aragón
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Cursé la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y sigo en proceso de tesis. Soy reportera de ZETA desde 2017.
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