Vecinos de la colonia Encanto Sur en Tecate, denuncian las afectaciones que ha dejado el movimiento de tierra entre Calle Rodríguez y Bulevar Encinos, realizado por un fraccionador que busca vender predios en la zona, lo cual ha provocado deslizamientos de las viviendas alrededor.
“Desde hace meses hemos venido denunciando ante las autoridades municipales lo que aquí se está haciendo, están ‘recabando’ todo lo que encuentran para así poder vender terrenos planos a altos costos, nos acercamos con quienes laboran en la obra, pero nos dicen que ellos son sólo trabajadores y no pueden parar hasta que se les indique. Nos quisimos acercar con funcionarios como Alicia Ravelo, de Administración Urbana, pero cuando fuimos nos dijeron que ya no estaba en el cargo. Ahorita DAU ya tiene conocimiento, pero qué han hecho: nada”, expresaron a ZETA residentes afectados.
“Estamos cansados de pedir ayuda, qué quieren, qué necesita el presidente municipal para poner a trabajar a sus directivos, ¿que se venga un derrumbe, que nos caiga el hotel (Short Stay)? ¿Qué necesitan? Aquí sólo aplican lo de tapar el pozo hasta que se ahogó el niño”, consideran los vecinos.
Al hacer una revisión de los permisos con que cuenta el fraccionador, tierras que pertenecen al fallecido Guillermo Li Ontiveros en manos de una de sus hermanas, quien no reside en Baja California, dejan como responsable al señor Salvador, quien sí cuenta con una anuencia emitida por Dirección de Administración Urbana (DAU), la cual debió ser revisada previamente por el personal del Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal de Tecate (INPLADEM) y por el Departamento de Protección Civil, pero ninguna de esas dependencias cuenta con tal solicitud.
Es decir, el permiso fue entregado directamente por algún funcionario sin los trámites requeridos por las dependencias que regulan los fraccionamientos, según lo establece la Ley.
Entre las denuncias que emiten los vecinos del terreno de Li Ontiveros en Encanto Sur, se encuentran la remoción y los daños a los árboles de encino que se ubicaban en el predio, que si bien algunos permanecen en el área sobre un montículo de tierra, en cualquier momento este caerá por su propio peso.
El encino es una especie protegida por sus características originarias de la región, y según lo establecido en el Numeral 152 del Reglamento de Protección al Ambiente para el Municipio de Tecate, queda prohibido talar y podar árboles de las especies Quercus agrifolia (encino amargo) y Quercus engelmannii (roble o encino azul), lo que ha llevado a multas de hasta 500 mil pesos por árbol.
Vecinos informaron que el miércoles 29 de marzo, personal adscrito a Protección Civil y Bomberos realizaron una visita el área catalogada como de alto riesgo. De igual forma, la directora de Protección al Ambiente ha visitado la zona para hacer llamados de atención a los encargados sin que estos acaten las recomendaciones. Pese a las denuncias e irregularidades con que se cuenta, el personal sigue realizando movimientos de tierra.
Será hoy viernes 31 de marzo cuando se solicite una reunión para que el propietario emprenda las acciones necesarias consideradas por personal del gobierno municipal, mientras tanto, siguen operando sin los permisos correspondientes.
El 16 de enero, ocho viviendas sufrieron daños ante el colapso de tierra en Calle Novena de la colonia Juárez, en las faldas del cerro conocido como “El Caracol”, dos de ellas consideradas por Protección Civil Municipal como pérdida total por su ubicación en zona de deslave.
Se emitió la recomendación a sus habitantes para deshabitarla, mientras que las otras seis viviendas sufrieron daños estructurales como el colapso de la parte trasera, dejando caer objetos como lavadoras, muebles, tanques de gas y tierra sobre viviendas y vehículos que se encontraban en la parte trasera. Cinco de esas seis viviendas fueron acordonadas y se registraron como zona de riesgo. Elementos de Bomberos y Protección Civil realizaron trabajos preventivos como apuntalamientos con madera para evitar que el colapso se extendiera.
ZETA platicó con los afectados, quienes señalaron que a meses de lo ocurrido, no se les ha dado respuesta por parte de autoridades municipales, pero se está trabajando en un acuerdo con el fraccionador que les vendió los predios para recuperar un poco de lo que perdieron.
Los terrenos pertenecen a Rafael Elizarrarás, quien luego del derrumbe, se acercó a los vecinos para comprometerse al levantamiento de una barda perimetral que evite más derrumbes en la zona, quien asegura y ZETA comprobó, cuenta con los permisos necesarios emitidos por las autoridades municipales para la venta de los predios, incluso algunas de las viviendas afectadas se han puesto a la venta nuevamente.
Aunque vecinos confirman el acuerdo, exigen una respuesta a las autoridades ante la falta de respuestas previo al colapso, cuando recurrieron a solicitar apoyo.
“Mi casa tiene sellos de Protección Civil desde hace cinco años, empezamos con grietas al interior de las viviendas, techos colapsados, no se nos ha hecho caso, incluso hemos ido al Ministerio Público y no han hecho nada, mire: perdimos mucho, y las autoridades, bien, gracias. Nunca se avanzó con el proceso civil, Contamos con peritajes que en su momento llevamos a las autoridades tanto municipales cono estatales para entablar un juicio civil, y qué hicieron: nada”, planteó uno de los vecinos.
Otro de los casos que ha provocado afectaciones en viviendas a causa de deslaves por malas prácticas de un fraccionador, se registró el 22 de marzo, cuando tras el rompimiento de una tubería perteneciente a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE), no fue atendida durante horas pese a las denuncias realizadas por los habitantes, quienes a través de redes sociales y llamadas al número especificado para la atención de emergencias por parte del organismo del agua, solicitaron el apoyo.
Denunciaron que a causa de la fuga se aceleró el proceso de deslave en la zona, dejando caer montículos de tierra y lodo sobre las viviendas ubicadas en Misión San Ignacio y Alcatraz en la colonia La Nopalera.
Este deslave dejó afectaciones en las viviendas de ocho familias, sepultando totalmente una tipo tráiler que se encontraba deshabitada desde hace unas semanas. Habitantes de la zona denunciaron que aunado a la falta de atención por parte de la CESPTE, los deslaves han sido recurrentes, luego que los predios ubicados en la parte superior fueran adquiridos por un fraccionador, quien mantiene personal realizando un “relleno de tierra” en el área.
“Mire cómo quedó mi casa, mi patio, mis muebles, quién va responder por esto, nadie. Cada que llueve, desde que se inició con este fraccionamiento de nombre Vistas del Sol, es lo mismo, ya no podemos estar así, dónde está la autoridad, los que revisan todo esto. Ese es el problema, que si tuviéramos recursos y fuéramos alguien importante, luego,luego llegan y hacen su escándalo como a los empresarios. Hacen videos y todo, pero como aquí no hay ganancia, que nos jodamos, ¿no?”, opinó un vecino.
Respecto a los tres sucesos, el alcalde Edgar Darío Benítez Ruiz declaró a medios de comunicación que ya se está haciendo lo correspondiente para “chingarse” a los fraccionadores, particularmente “al vato del Cerro de El Caracol”.
“Ya estamos aplicando multas, aquí al vato de La Nopalera ya le aplicamos una multa y estamos en proceso de ver cómo nos chingamos al de acá del Cerro de El Caracol, que es un baquetón, un gandalla que se dedicó a vender ahí y se cree dueño de medio Tecate él y su familia, y nos los vamos a chingar, porque lo que le haya pasado a esa gente y a muchos vecinos, que únicamente compraron un patrimonio de buena voluntad queriendo hacer algo, tener algo para heredarles a sus hijas e hijos, y que este personaje esté vendiendo de manera irregular y haciendo lo que hace con las tierras, no se vale. Por eso tenemos al equipo técnico y legal dándole seguimiento, ojalá que los vecinos y vecinas de ahí no se dejen convencer por un sujeto mala maña como él”, advirtió el funcionario.
A decir del presidente municipal tecatense, la multa al fraccionador de La Nopalera corresponde a irregularidades, “hay una serie de inconsistencias por el tema de los permisos que se otorgaron; primero, donde se hicieron los movimientos de tierra no corresponde al lugar donde se otorgaron; lo segundo, los tipos de trabajo que se estaban haciendo tampoco corresponden a los permisos que se otorgaron”.
Por último, durante su conferencia de prensa matutina del miércoles 29 de marzo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que se fincarán las responsabilidades necesarias a los funcionarios que sean detectados como partícipes de la entrega de permisos en obras que actualmente sufren afectaciones por deslizamientos. De probarse responsabilidad, se harían acreedores de sanciones civiles hasta penales; es decir, hasta nueve años de prisión.
“Vamos aplicar todas las sanciones que nos permita el Código Penal y hasta las últimas consecuencias, porque de eso depende el patrimonio de las familias afectadas”, declaró la funcionaria.
