Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, anunció, el 31 de marzo de 2023, la suspensión, “desde ya y de forma definitiva”, de la operación de la estación migratoria temporal, del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 39 migrantes extranjeros, por un incendio.
Durante una conferencia de prensa, la funcionaria federal afirmó que las personas migrantes extranjeras albergadas en dichas instalaciones, serían trasladadas al Centro Integrador para el Migrante “Leona Vicario”, ubicada en la misma ciudad fronteriza con Estados Unidos.
Publicidad
“Anunciar también que se ha tomado la determinación de suspender desde ya, y de forma definitiva, la operación de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Por lo que las personas migrantes, albergadas ahí, se trasladarán al centro integrador para el migrante Leona Vicario. Reiteramos la indignación y dolor por este tipo de hechos, nuestra política de cero impunidad, cero corrupción y cero impunidad”, señaló la titular de la SSPC.
La funcionaria federal detalló que el Centro Integrador para el Migrante “Leona Vicario”, del INM, no era una estancia provisional, pero será un lugar en el cual les ofrecerán alimentos y servicios médicos a los migrantes extranjeros.
Acompañada de Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodríguez Velázquez informó que el contrato que el INM otorgó a la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, para prestar servicios en dicha estación migratoria e instalaciones del Instituto en 23 estados, será rescindido.
Publicidad
“Reiteramos que se inició el proceso administrativo contra la empresa, la cual ya fue notificada debido a que ocurrió en al menos nueve omisiones”, dijo la titular de la SSPC Federal, quien también indicó que la prestación de servicio tenía una vigencia de marzo del 2023, al 31 de diciembre del presente año, por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 mdp.
Por su parte, Herrerías Guerra expuso que la Fiscalía General de la República examinará la legalidad del contrato con la empresa CAMS. Asimismo, enfatizó que era responsabilidad de los servidores de custodia, la seguridad de los migrantes retenidos y por lo que no estaban exentos de obligaciones, con base en el Artículo 51 de la Ley de Migración, que señala que deben recibir cursos básicos de formación, capacitación y adiestramiento de conformidad.
“Además de irregularidades, la FGR habrá de examinar puntualmente legalidad del contrato, omisiones que las personas empleadas desplegaron en los hechos, ya que por tratarse de empresa no están exentas de respetar derechos humanos, castigarse en su posición de garantes […] Analizamos qué conductas constituyen un hecho delictivo, pues hay responsabilidad de quienes realizaban acciones de seguridad; será esclarecido”, insistió la titular de la FEMDH.
Por otra parte, Rodríguez Velázquez anunció que cuatro de los hospitalizados fueron dados de alta, pero que, sin embargo, 24 siguen internados. Además, indicó que Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud (SSa) Federal, así como Zoé Robledo Aburto, y Pedro Zenteno Santaella -directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), respectivamente, llegaron a Ciudad Juárez, para dar seguimiento a la salud de los migrantes, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.
AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE A AMLO CAMBIE SU POLÍTICA MIGRATORIA Y PROTEJA DD. HH. DE MIGRANTES Y REFUGIADO
La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) pidió, el 31 de marzo de 2023, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que cambie “inmediatamente” la política migratoria de su Gobierno, además de que proteja los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
“El Gobierno que usted encabeza tenía la obligación de prevenir esta tragedia y actuar con diligencia durante el incendio para evitar consecuencias fatales. Hay serias acusaciones de que se dejó encerradas a las personas migrantes después de que las llamas se expandieran en las celdas”, indicó la organización no gubernamental, en un comunicado.
“En lugar de analizar las causas estructurales de esta aberrante situación, que son la aplicación de políticas inhumanas hacia las personas en busca de protección internacional que transitan por su país, usted ha insistido en restar importancia a la gravedad de los hechos y ha culpado a las personas migrantes de su muerte”, señaló la ONG, con sede en Londres, Inglaterra.
“Le instamos a que cambie de rumbo inmediatamente y asegure que un nuevo conjunto de políticas y prácticas garanticen plenamente los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en México, incluyendo poner fin a la militarización de la migración y a la detención generalizada de migrantes”, añadió Amnistía Internacional.
“También le pedimos que se coordine con todas las autoridades pertinentes para asegurar que las víctimas de esta tragedia no sean estigmatizadas aún más, que haya una investigación pronta exhaustiva y transparente de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar, que se garantice el derecho a la salud de los supervivientes hospitalizados, que se les conceda la regularización migratoria si así lo desean, que se garantice una reparación integral para las víctimas y sus familias y, por último, que se identifique y asegure la repatriación de los cuerpos de las personas fallecidas de forma digna y sin cargo alguno”, insistió la ONG, fundada el 28 de mayo de 1961.
“Las personas recluidas en el centro de detención de migrantes procedían de 5 países diferentes: Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela. Amnistía Internacional ha documentado y denunciado la grave situación de los derechos humanos en todos estos países, que son el principal factor que impulsa a las personas a abandonar sus países en busca de protección internacional, atravesando con frecuencia rutas peligrosas y siendo objeto de abusos por parte de las autoridades de migración y de grupos delictivos”, detalló la organización no gubernamental.
“Las muertes y lesiones que tuvieron lugar el 28 de marzo como consecuencia del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez se produjeron en un contexto en el que las personas se han visto obligadas a buscar protección internacional, al correr el riesgo de perder la vida o sufrir otras violaciones de derechos humanos, tanto en sus países de origen como en los de tránsito y destino”, enfatizó AI..
“Ante esta situación, los países de la región, liderados por Estados Unidos de América, han establecido políticas migratorias compartidas cada vez más inhumanas, que hacen casi imposible el acceso al derecho a solicitar asilo y obligan a las personas a buscar rutas más peligrosas que las colocan en situaciones aún más vulnerables”, dijo la ONG internacional.
“Como parte de esta estrategia para frenar la migración en colaboración con Estados Unidos y Canadá, las autoridades mexicanas han encargado a la Guardia Nacional la aplicación de las leyes de inmigración y han militarizado las fronteras del país. Además, han recurrido sistemáticamente a la detención de inmigrantes. Sólo en 2022, las autoridades de inmigración detuvieron al menos a 318.660 personas en centros de detención de migrantes y expulsaron a más de 106.000, incluidos niños y adolescentes”, denunció AI.
“Estas detenciones se llevan a cabo sin cumplir con los estándares de excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la detención, ni con los más altos estándares en materia de condiciones dignas de detención, incluyendo la prohibición del hacinamiento y la disponibilidad de alimentos y agua suficientes. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció el 15 de marzo de 2023 que las personas no deben permanecer en las estaciones migratorias mas de 36 horas, tras las cuales deben ser puestas en libertad”, recordó la ONG.
