La organización criminal, en aparente acto justiciero, entregó a cinco de sus miembros que privaron de la libertad a cuatro estadounidenses. La célula de “Los Escorpiones”, estaría detrás de los crímenes. Narcomensaje muestra impunidad del Cártel del Golfo que controla Matamoros desde el siglo pasado. Republicanos presionan a Biden para que intervenga contra narcos mexicanos en suelo azteca. Autoridades investigan presunto historial delictivo de algunas de las víctimas. Investigador Jesús Pérez Caballero advierte que “el juego de propaganda y contrapropaganda del CDG pretende cerrar el caso mediáticamente”
Matan, juzgan, sentencian y resuelven. Es la ley del Cártel del Golfo (CDG) en Matamoros, Tamaulipas, donde integrantes de una de sus células privó de la libertad a cuatro ciudadanos estadounidenses y asesinó a dos de ellos, desatando la indignación de los Estados Unidos. También acabaron con la vida de una mujer mexicana ajena a los hechos. Fue la propia organización criminal la que se encargó de entregar a los presuntos autores de tal violencia, en un aparente afán justiciero.
La madrugada del 9 de marzo fueron localizados los cinco supuestos miembros de la célula de “Los Escorpiones”, brazo armado del CGD, en el mismo lugar donde se registró el levantón de los extranjeros. Los sujetos presentaban ataduras en las manos y las playeras sobre sus cabezas. A un lado había una camioneta negra tipo pick up sobre cuyo parabrisas se halló una cartulina con un mensaje del grupo delictivo ofreciendo disculpas por los hechos que conmocionaron a los tamaulipecos y escalaron a nivel internacional.
El supuesto comando expresa en el recado que los sicarios se fueron la libre y tomaron una decisión sin consultar a la organización, situación que fue tomada como una rebeldía y por ello los entregaron. Asegura el escrito, que el “Grupo Escorpión” reprueba enérgicamente lo ocurrido, pues los involucrados “se activaron bajo su propia determinación e indisciplina y contras las reglas en que el CDG ha operado siempre, respetando la vida y la integridad de los inocentes”.
El mensaje remata que “El CDG se disculpa con la sociedad matamorense, los deudos de la señora Arely (víctima ajena), las personas y familias americanas afectadas”. Incluso el cártel se atreve a pedirle a la sociedad que esté tranquila porque “estamos comprometidos a que estos errores (sic) causados por indisciplina no se repitan y paguen los responsables. Sea quien sea!!!” y se firma a nombre de la célula antes mencionada, exhibiendo cínicamente la pasividad de las autoridades locales y federales.
Al respecto, el doctor Jesús Pérez Caballero, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), no descarta que “ante el revuelo mediático causado, se ha utilizado a esos cinco “entregados” como chivos expiatorios, y que sigue siendo factible que más que operar por cuenta propia, lo hicieron cumpliendo órdenes que no esperaban esta convulsión. Grupos criminales usan esos cebos mediáticos y narcomensajes para aparentemente “cerrar el caso”.
“El hecho de que aparezcan cinco personas sin ningún tipo de referencia, más que la propia cartulina y la escenificación en el mismo lugar de los hechos, no significa que el caso esté resuelto. Es un intento de cerrar el asunto mediáticamente, pero eso no significa que lo dicho en el mensaje sea la verdad. Aunque si puede servir, en todo el juego de propaganda y contrapropaganda, para dar carpetazo mediáticamente”, señaló el académico entrevistado por ZETA.
El asunto ha dado un viraje del planteamiento inicial de cuatro estadounidenses inocentes que fueron privados de la libertad al ser confundidos con un supuesto grupo de haitianos que se dedican al tráfico de drogas en esa frontera invadiendo la plaza del Cártel del Golfo, pues ahora se asegura que tres de los cuatro plagiados cuentan con historial criminal en Carolina del Sur por delitos relacionados con la posesión, tráfico y venta de estupefacientes, portación de arma de fuego y hasta violencia doméstica.
· La tragedia
Todo inició la mañana del viernes 3 de marzo cuando en las calles Primavera y Lauro Villar, en la ciudad fronteriza, se reportó una agresión a balazos y la muerte de una mujer. El evento generó alarma a través de las redes sociales, y en esa fecha, el Consulado de Estados Unidos emitió una alerta para que sus empleados y ciudadanos que se encontraran en Matamoros no salieran o no viajaran a ese lugar, sin imaginarse aún que los involucrados eran estadounidenses.
Personal de seguridad pública y de la fiscalía local señalaron que un grupo armado a bordo de cinco o seis vehículos atacó a los ocupantes de una camioneta minivan de color blanco, al parecer de nacionalidad haitiana, según testigos. Las víctimas fueron arrastradas y arrojadas como bultos en la caja de un pick up, como después se advertiría en imágenes de un video grabado desde el segundo piso de una finca. La persona que murió, a una cuadra de distancia, era Arely Pablo Servando, de 33 años, ajena a los hechos.
Los agentes investigadores se hicieron cargo de la camioneta con placas de Carolina del Norte en la que viajaban de las víctimas, por lo que en sus pesquisas solicitaron información al consulado extranjero para conocer si la unidad contaba con reporte de robo, y fue así como los norteamericanos conocieron lo ocurrido a sus connacionales. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) denunció el secuestro de los cuatro estadounidenses y ofreció una recompensa de 50 mil dólares para recuperar a los jóvenes y detener a los responsables.
Escuetamente se conoció que las víctimas, de las que después se conocerían sus nombres como Latavia “Tay” McGee, Shaeed Woodard, Zindell Brown y Eric James Williams, ingresaron a Matamoros desde Brownsville, Texas. El agente especial a Cargo de la División de San Antonio del FBI, Oliver Rich, expresó que “Los hombres armados introdujeron a los cuatro ciudadanos estadounidenses a otro vehículo y huyeron de la escena con ellos”. Ken Salazar dijo al respecto “No tenemos mayor prioridad que la seguridad de nuestros ciudadanos. Éste es el papel más fundamental del gobierno estadounidense”.
El embajador Salazar se reunió con López Obrador para presionar en la búsqueda de los privados ilegalmente de la libertad y se iniciaron tareas conjuntas de autoridades federales, con las estatales de Tamaulipas, apoyadas por el FBI. El presidente mexicano aseguró en una primera versión que los estadounidenses “cruzaron la frontera para comprar medicinas y hubo una confrontación entre grupos”. Entretanto las declaraciones en todos los sectores de Estados Unidos fustigaban al gobierno mexicano incapaz de controlar la violencia y el tráfico de drogas hacia la Unión Americana.
Fue la mañana del martes 7 de marzo cuando el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, vía telefónica, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, informó, sin matizar: “Hace una hora (07:00 horas de ese día) nos notificaron de indicios de haber visto con vida a los ciudadanos norteamericanos, y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la Fiscalía. De los cuatro ciudadanos, hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida”.
La noticia corrió como reguero de pólvora a nivel internacional. El sitio del hallazgo fue en una finca del ejido El Tecolote, cerca del lugar conocido como El Lagunón, un enclave de la célula criminal de “Los Escorpiones”, del Cártel del Golfo. Los fallecidos, cuyos cuerpos presentaban descomposición cadavérica, fueron identificados como Shaeed Woodard y Zindell Brown; mientras que el lesionado era Eric James Williams y la mujer ilesa responde al nombre de Latavia “Tay” McGee.
Fueron familiares de los afectados quienes informaron a medios estadounidenses y autoridades que “Tay” y su primo Shaeed decidieron venir desde Carolina a Matamoros para que la mujer se sometiera a un tratamiento cosmético en el abdomen. Sus amigos Zindell y Eric les acompañaron. La madre de la chica le advirtió de no viajar a Tamaulipas por las malas referencias de la frontera mexicana. Zalandria Brown, hermana de Zindell, señaló que su fraterno decía “no deberíamos viajar”.
· Cártel del Golfo
El fiscal general de Justicia de Tamaulipas (FGJT), Irving Barrios Mojica, confirmó la versión de que al menos uno de los cuatro estadounidenses privados de la libertad en Matamoros, viajaron a México para realizarse un procedimiento quirúrgico estético, y que, los dos sobrevivientes, fueron entregados al gobierno del país vecino en una ambulancia de la Cruz Roja, en el puente internacional, y que los cuerpos de los fallecidos fueron remitidos a la morgue en el Servicio Médico Forense (Semefo) para los estudios periciales correspondientes.
Barrios refirió que una de las líneas de investigación sobre el crimen era que el Cártel del Golfo, grupo delictivo que opera en la zona, pudo haber confundido a los ciudadanos estadounidenses, aunque no se podían descartar pesquisas alternas, incluso el secuestro, aunque no se solicitó monto de rescate alguno. En el sitio donde fueron localizadas y rescatadas las víctimas, a 10.3 kilómetros de esa ciudad, fue detenido uno de sus presuntos cuidadores de nombre José Guadalupe N., de 24 años y originario de Tamaulipas.
La entrega de los presuntos sicarios del “Grupo Escorpión” robustece la versión oficial. Después, la Fiscalía local y Comisión Nacional Antisecuestro anuncio el aseguramiento de una ambulancia y de una clínica, presuntamente relacionadas con el caso. Los plagiarios habrían movilizado la unidad de urgencias para trasladar a sus víctimas a recibir atención médica a la clínica, llevando muertos y heridos juntos.
El Cártel del Golfo, la más longeva de las organizaciones criminales en México, surgió en los años treinta del siglo pasado como una banda contrabandista de licores hacia la Unión Americana en la época de la prohibición. También casaban apuestas clandestinas en peleas de gallos y carreras de caballos. Su principal exponente fue Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, quien en la segunda mitad de ese siglo inició con el negocio del tráfico de marihuana. Posteriormente, a finales de los ochenta incursionó el trasiego de cocaína desde Sudamérica en competencia con el Cártel de Guadalajara que operaba hacia el Pacífico.
La cooptación de autoridades federales y estatales fue el sello característico de la organización que originalmente fue bautizada como Cártel de Matamoros. Don Juan N. Guerra llevaba excelentes relaciones con encumbrados políticos tamaulipecos de diversas épocas y también con funcionarios federales, lo que le permitió un gran crecimiento y el control de toda la frontera tamaulipeca con Texas.
Con setenta años a cuestas y en silla de ruedas, Guerra Cárdenas fue detenido en 1990, pero la organización delictiva ya era operada por su sobrino Juan García Abrego “La Muñeca”, originario de La Paloma, Texas, quien en 1986 estableció una alianza con el extinto cártel colombiano de Cali, lo que potenció a la banda para convertirse en el temido Cártel del Golfo. Tras la captura y deportación de García Abrego el 14 de enero de 1996 ha habido diversos sucesores, entre los más connotados Oscar Malherbe de León, Salvador Gómez Herrera y Osiel Cárdenas Guillen, quienes siguieron el ejemplo de la violencia y corromper autoridades.
El CDG aliado en los noventa con la belicosa banda de “Los Texas” de los hermanos Martínez Herrera dio paso a organizaciones criminales como Los Zetas, ex militares de élite que fungieron como “brazo armado” y después se convirtieron en cártel y enemigos acérrimos de los golfianos. Surgieron otras células como “Los Metros”, “Los Rojos”, “Los Kalimanes”, “Grupo Dragón”, “Los Fresitas”, “Ciclones”, “Los Pelones”, “Talibanes” y “Escorpiones”, que operan en diversas regiones y han perpetuado la vida del cártel.
Por su parte, los exlíderes se encuentran presos en cárceles de los Estados Unidos. Osiel Cárdenas Guillen, de 55 años, fue condenado a 25 años de prisión y una multa de 50 millones de dólares por narcotráfico, lavado de dinero y amenazas a un oficial federal, encontrándose encerrado en la cárcel de máxima seguridad USP Terre Haute, en Indiana, con fecha de liberación dispuesta para el 30 de agosto de 2024 por una reducción de condena. Mientras que, Juan García Abrego, de 78 años de edad, recibió condena de por vida y está en el penal USP Hazelton, en el condado de Preston, en el Distrito Norte de Virginia Occidental, penitenciaría de alta seguridad con un campamento satélite de mínima seguridad adyacente.
· La embestida
El profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) en Matamoros, doctor en derecho internacional, Jesús Pérez Caballero, establece que son varios los factores que pusieron en la mira a esa ciudad tamaulipeca, cuna del Cártel del Golfo. Se trata de aspectos crónicos, aspectos estructurales propios de esa sociedad en su relación con la frontera, con las estructuras ilegales-informales sean delincuenciales o grises, factores que son coyunturales y factores contextuales.
El académico explica que los factores estructurales crónicos señalan que “Matamoros es un bastión de facciones que compiten entre sí, pero que si podemos aglutinar en torno al nombre de la organización del (Cártel del) Golfo, que mantienen intactas sus capacidades de generar violencia cuando consideran que es estratégicamente necesario, sea porque se busca obtener determinado rédito, o sea por algún tipo de información, aceptando la hipótesis de que pudo haber algún tipo de confusión y deciden atacar, en este caso, a unos individuos que resultan de nacionalidad estadounidense”.
El aspecto coyuntural advierte que “Matamoros en los últimos meses ha agudizado su condición de ciudad fronteriza; es decir, aquí encontramos no solo una población haitiana, ya prácticamente asentada, unos, en mejores condiciones que otros, pero en general en condiciones de precariedad. Obviamente también población venezolana. Se unen también soldados rusos que escapan de la leva para no ir a luchar a Ucrania. Tenemos familias ucranianas. Es decir, un melting pot, por así decirlo, de migración, que no sabemos muy bien cuál es la política pública que se está realizando más allá de lo reactivo”, señala Pérez Caballero.
El catedrático del Colef enfatiza que “si a eso unimos el aspecto contextual, que es esta especie de “hacia el pasado”, punto de mira para agudizar, digamos, los focos rojos de México por intereses partidistas y que podemos también poner puntos clave en la condena a García Luna, por ejemplo, por parte de un jurado en Estados Unidos, a partir de unas declaraciones, que no creo que un juez, si hubiera tenido que decidir, sin ser alentado por la voz del pueblo estadounidense, hubiera condenado. A este punto se une el aspecto del futuro, que son entender muchísimas partes de la relación básica entre Estados Unidos y México, en términos electorales”.
“Entonces si juntamos todos estos factores crónicos, los coyunturales y los contextuales, yo creo que podemos entender: uno, por qué estamos hablando de Tamaulipas, cuando los problemas que presenta a menudo son igual o más graves; y dos, por qué es tan importante entender bien lo que está pasando en Tamaulipas, y qué puede hacer México, y qué puede hacer Estados Unidos, partiendo de la buena fe, que sería mucho decir, calificar como terroristas a las organizaciones criminales mexicanas, repito, habría que entender qué es lo que está pasando para ver si esos enfoques desde el gobierno mexicano o estadounidense son atinados o son parte de esta bruma de la propaganda política”, concluyó el experto.
