John Kirby, portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, afirmó, el 30 de marzo de 2023, que el Gobierno de Estados Unidos no se siente responsable por la muerte de 39 migrantes, en un incendio dentro de un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, Chihuahua.
“Solo quería saber si la administración o la Casa Blanca se sentían un poco responsables por algunas de las circunstancias que sucedieron”, preguntó un periodista a Kirby, durante una conferencia de prensa. “Quiero ofrecer nuevamente nuestras condolencias a las familias de los que fueron asesinados. Y ciertamente nuestros pensamientos y oraciones a sus seres queridos […] Y mira, en cuanto a tu pregunta sobre la culpa, la respuesta corta es no”, respondió el vocero.
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Además, Kirby señaló que la Administración del ex presidente Donald Trump fue la que impuso medidas como el Título 42 o ‘Quédate en México’, para expulsar a miles de migrantes de Estados Unidos. “Hemos estado trabajando para poner fin a esa política”, aseveró el portavoz.
Por su parte, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, informó, el 30 de marzo de 2023, durante una conferencia de prensa, que abrieron proceso sancionador y multarán a la empresa de seguridad privada CAMSA, que operaba en la sede del INM en donde murieron 40 migrantes, y que el 19 de febrero del presente año renovó su permiso por un año ante dicha institución.
“Informar también que tenemos identificada y se revisó todo el expediente de la empresa de seguridad privada, que prestaba sus servicios en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la cual es Grupo de Seguridad Privada, CAMSA S.A. de C.V.”, detalló la funcionaria federal.
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“Cuya solicitud de registro ante la dirección General de seguridad privada de esta Secretaria es del 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024, se encuentra registrada bajo la modalidad de empresa para proporcionar seguridad privada en todo el territorio nacional”, indicó la la titular de la SSPC Federal.
“Ya se tienen identificados a los socios David Vicente Salazar Gasca y George McPhail, así como representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la República [FGR] para las investigaciones correspondientes”, agregó Rodríguez Velázquez.
“De la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, ya que la empresa solo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes, sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos, en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República”, señaló la funcionaria federal.
“La empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y los informes mensuales que está obligado a rendir, no reportó altas o bajas del personal. Por lo tanto, y paralelamente que lleva la propia Fiscalía General de la República sobre la probable responsabilidad de la empresa, informar que dió inicio del proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso”, dijo.
“E imponerle una multa económica, incluso ya solicitamos al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato con esta empresa y a partir de mañana [31 de marzo de 2023], 48 elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las estaciones, en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez”, abundó Rodríguez Velázquez.
Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), CAMSA, cuyo nombre comercial es Grupo Tank, fue creada en 2015 y opera en al menos 23 entidades, además de que la SSPC Federal le otorgó, mediante adjudicación directa, un contrato por un monto máximo de 165 millones de pesos, impuestos incluidos.
Esta empresa tiene como representante legal a David Vicente Salazar Gasca y cuenta con el registro DGSP/203-20/4166 expedido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, para prestar servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional.
En la descripción del servicio contratado se indica que es “de seguridad y vigilancia para los inmuebles de las oficinas de representación” del INM, pero no se especifica si dentro de esos inmuebles están contempladas las estaciones migratorias.
CAMSA presta el servicio de seguridad privada a la SSPC Federal en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
SEGOB REPARARÁ EL DAÑO A FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS, DICE ROSA ICELA
Por otra parte, Rodríguez Velázquez dio a conocer que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) iniciaría un proceso para resarcir el daño a los familiares de las víctimas que murieron y resultaron heridas tras el incendio en las instalaciones migratorias de Ciudad Juárez.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal detalló que, de las 28 personas heridas, 27 continúan hospitalizadas, entre ellos cinco salvadoreños, 10 guatemaltecos, ocho hondureños, cinco venezolanos. Mientras que los 39 fallecidos, seis son hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano, y siete venezolanos.
SE EJECUTARON CINCO ÓRDENES DE APREHENSIÓN, ANUNCIA FISCAL ESPECIALIZADA
Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), de la FGR, anunció, el 30 de marzo de 2023, que tras las investigaciones por el incendio en la estancia migratoria, se concedieron seis órdenes de aprehensión, de las cuales son para tres funcionarios del INM, dos elementos de seguridad privada y la persona extranjera migrante que inició el incendio.
“Ya se ejecutaron cinco órdenes de aprehensión, solo nos falta una persona, los demás ya fueron puestos a disposición de un juez”, agregó la funcionaria federal, quien también comentó que en el transcurso del mismo día se daría la audiencia imputación y vinculación a proceso, ya que los presuntos culpables fueron puestos a disposición del juez.
