Hace 73 días, lo que serían dos meses y medio, el General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, tomó posesión como secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California. El militar vino a suplir a otro militar, al General Gilberto Landeros, quien exactamente un año atrás, el 1 de enero de 2022, había tomado posesión del mismo cargo.
En ningún momento de su estadía en Baja California, Landeros logró sostener una coordinación con el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez quien, de hecho creía el militar, estaba algo abrumado porque se había quedado con su posición. Efectivamente, Carpio era la estrella de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para encabezar la secretaría que ella revivió en el organigrama estatal, hasta que, desde la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Gobernación, le impusieron al General Landeros. Entonces Carpio cayó… parado. Fue designado por el Congreso del Estado como fiscal general de Baja California.
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Hasta ahí no habría problema. A cada quien lo suyo y, en un Estado como Baja California, siempre en los primeros sitios de inseguridad en el país, con una de las fronteras más peleadas por los cárteles de la droga para el trasiego ilícito de enervantes y con ciudades como Tijuana normalmente entre las más violentas del mundo, se hubiese esperado que con la experiencia de ambos -de Landeros en el Ejército, de Carpio en la procuración de justicia- el combate a la inseguridad se concretara. Pero no.
Marina del Pilar pidió a Gobernación el cambio, y así llegó a Baja California otro General, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, que, a 73 días de su toma de posesión, continúa “empapándose” de la realidad criminal y de inseguridad en la región para presentar un programa y una estrategia de contención, prevención y seguridad para los bajacalifornianos.
Desafortunadamente con los cárteles de la droga en crecimiento, con células de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación enfrentadas en calles de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada, mayormente, aunque no se descartan el resto de los municipios, el General Aguilar sigue desaparecido de la escena de la estrategia de seguridad.
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No concede entrevistas, como no se le ve en el liderazgo de la estrategia contra la criminalidad organizada. Nada. Desde el equipo de la gobernadora, el pretexto para justificar la ausencia de acciones y presencia por parte del secretario de Seguridad es que continúa elaborando su plan de trabajo, con lo cual se confirma que el Gobierno del Estado encabezado por primera ocasión por una mujer, lleva ya 17 meses sin un plan sólido de seguridad. Al tiempo, todos los días, el reporte estatal de ejecutados y asesinados incrementa: 454 en el día 73 desde que tomó posesión Aguilar Durán.
En estas condiciones, quien ha debido de sacar la casta es el fiscal Ricardo Carpio, que a diferencia de los dos secretarios de Seguridad de Baja California en el último año y medio, ni le fue impuesto a la gobernadora, ni proviene de otra entidad federativa, por lo que no requiere “empaparse” de la situación para proponer, accionar y avanzar.
A sus 49 años, Aguilar no ha sido Comandante de Zona o de Región Militar alguna en el país. Sí fue Comandante de Guarnición, jefe, subjefe, Segundo Comandante, entre otros cargos de apoyo a cúpulas de la milicia.
Con dos maestrías en Seguridad y Defensa, previo a su llegada al Gobierno del Estado el 3 de enero, en dos ocasiones estuvo cerca de BC para entender su contexto, y en una más, de hecho, residió en Mexicali. Fue Comandante de Sección en el 89 Batallón de Infantería en Nogales, Sonora y subjefe de Estado Mayor en la Cuarta Zona Militar en Hermosillo, la Capital sonorense, mismo cargo que ejerció en la Segunda Región Militar con sede en Mexicali, Baja California.
Y si algo comparten Sonora y Baja California, son cárteles. Particularmente el de Sinaloa a través de indistintas células criminales, y Jalisco Nueva Generación con otras ramificaciones. Pero además, teniendo la información que seguramente dejó el General Landeros, y la que en la Secretaría de Seguridad quedó de cuando estaba fusionada con la Fiscalía General de la República, 73 días son suficientes para empaparse… o para evadirse una vez conociendo el contexto criminal del Estado.
Resulta imperativo que la gobernadora, máxima coordinadora de la seguridad en Baja California, ordene o solicite apoyo a la Defensa Nacional o a Gobernación para que el General Aguilar comience no sólo a dar resultados en materia de seguridad y prevención, sino que dé la cara a la ciudadanía y, especialmente, dé a conocer su programa y su estrategia para sacar a Baja California de los primeros lugares en las estadísticas de homicidios dolosos, feminicidios, robos a casas habitación, robo de vehículo y trasiego de droga.
Ahora que en Estados Unidos y en el mundo está en entredicho el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir a los cárteles mexicanos y frenar el tráfico de drogas, particularmente del fentanilo, bien le haría a Baja California un secretario de Seguridad, con todo y que es General del Ejército, más comprometido con la sociedad, proveyendo seguridad y enfrentando a la criminalidad con programas de prevención del delito y de combate a la inseguridad.
Hace unos días, un histórico monto de 1.8 millones de pastillas de fentanilo fue decomisado en BC por parte de Fuerzas Armadas federales, golpe que sin duda abona al combate a la inseguridad y a la justicia, pero más hechos como este se requieren también de las autoridades locales, así como llegar a traficantes y asesinos para que la FGE haga lo suyo en procuración de justicia.
Está claro que no hay otro camino para el combate que la coordinación, pero hasta el momento, al secretario de Seguridad de Baja California ni se le ve, ni se le percibe… y para empaparse del contexto, francamente ya pasó mucho tiempo.
