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martes, octubre 1, 2024
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Doble moral o personalidad múltiple presidencial

En las cuentas descongeladas a presuntos criminales, AMLO acusa a magistrados por acatar la Ley en lugar de obligar a la UIF y reclamar a FGR cumplir con su trabajo

En sus conferencias mañaneras del 22 de febrero y 1 de marzo, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó nuevamente al Poder Judicial de ser corrupto.

“¿Para qué está el Consejo de la Judicatura? ¿Qué no es un agravio al Poder Judicial que el mismo día que están enjuiciando y declarando culpable -de tráfico de drogas y falso testimonio- a (Genaro) García Luna aquí se esté resolviendo descongelar sus cuentas?”, puntualizó el mandatario.

Cual inquisidor, con dedo flamígero, apuntó directamente a los magistrados Rolando González Licona, Eduardo Baltazar Robles y Amanda Roberta García González, integrantes del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado, por haber fallado a favor de descongelar las cuentas de Cristina Pereyra, esposa del ex secretario de Seguridad Pública federal y ex procurador de México.

También descargó su frustración contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, “… apenas llegó, se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuente”, e incluso confiando en la desmemoria popular, dijo que su antecesor, Arturo Zaldívar, había sido mejor, a pesar de que precisamente en el período de Zaldívar -enero de 2019 y enero de 2023-, decenas de las cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al Cártel Jalisco Nueva Generación y “Los Cuinis” dentro del operativo Agave Azul fueron desbloqueadas legalmente.

Por cierto, sin que el Ejecutivo federal hiciera reclamos públicos y acusaciones sin fundamento legal, como los de la última semana.

En aquella crisis, a principios de junio de 2021, se limitó a respaldar la versión de la UIF al afirmar que las indagatorias que iniciaron en 2019, en las que “identificaron activos y el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias que presuntamente pertenecen a los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados y diversos servidores públicos involucrados con el CJNG”, se habían hecho en coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, fueron dichos que no pudieron acreditar con documentos ante los juzgadores.

Por Ley, los congelamientos de cuentas proceden sólo en dos momentos: cuando los tramita el Ministerio Público Federal como resultado de una investigación; o de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito, tratándose de instituciones como la UIF, cuando se ejecuta “en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental”.

El criticado fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, lo advirtió en repetidas ocasiones en los años 2021 y 2022, cuando protagonizó una disputa pública con el entonces titular de la Unidad, Santiago Nieto: “La UIF viola la Ley al congelar cuentas”, todo esto sin despertar la ira presidencial.

Entonces, en lugar de exigirle resultados al fiscal, AMLO sólo les pidió llevar su relación interinstitucional con “amor y paz”.

De hecho, el Ministerio Público Federal no ha cumplido con su obligación de perseguir el dinero sucio de los cárteles y López no le reclama nada. Luego, en un alto porcentaje de las cuentas bloqueadas, la UIF no ha demostrado estar en posesión de una petición expresa del Gobierno de Estados Unidos y estas han sido descongeladas porque no se procedió conforme a la Ley, y tampoco les han llamado la atención.

En el caso de las cuentas de la esposa del sentenciado García Luna, tampoco “… se desprende elemento que llegue a concluir que el bloqueo de las cuentas bancarias de que se haya emitido con base en alguno de los dos supuestos de excepción que establece la jurisprudencia de la segunda sala 46/2018 (…) no se advierte que su admisión obedezca al cumplimiento de un ordenamiento de carácter bilateral o multilateral …”, pero al Poder Judicial sí le tocó regaño.

Los insultó, de nuevo les dijo podridos, corruptos, coludidos, a pesar de conocer por dos años de experiencia, las deficiencias del trabajo de la UIF. Lo peor es que sí saben cómo hacerlo, tan así que en junio de 2021, en la revisión 149/2020 y amparo 1188/2019 del Juzgado 1 de Distrito, “la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que el vigésimo Primer Tribunal Colegiado le negó el amparo a Emilio ‘Z’ (Zebadúa)” porque la UIF demostró que lo había bloqueado en cumplimiento a tratados internacionales y como una medida de prevención al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Conste que no se está defendiendo al Poder Judicial, tampoco se está rechazando la existencia de corrupción, que ha sido un problema histórico en ese y en los otros dos poderes. Ahí están los beneficiarios simulados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, los cubre bocas de 15 pesos que el IMSS compró a 215 pesos, los ventiladores pirata del Conacyt, los sobres que benefician a los hermanos López Obrador… y la lista sigue.

Lo que se argumenta es que la resolución en el caso de la esposa de Genaro García Luna no es el mejor ejemplo de podredumbre, y el Presidente está abusando de nuevo de su poder, en lugar de usarlo para exigir a las instancias verdaderamente responsables hacer un buen trabajo, porque tampoco se está diciendo que el dinero del que goza esta familia sea lícito, y menos que los implicados sean inocentes.

Ya que anda reclamando, que empiece por la UIF bajo su mando, y como no le importa la autonomía, también puede exigir a la FGR -al final ha sido obvio que Gertz Manero lo ha apoyado en los casos que tienen implicación política-, y no es descabellado pensar que podrían hacer lo mismo tratándose de los criminales de los cárteles… si quisieran.

Y ya encarrerados con los incumplidos, podría, por ejemplo, increpar a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la FGR por no haber presentado y acusado a Ovidio Guzmán por las agresiones y muertes ejecutadas en el primer y segundo “Culiacanazo”.

Autor(a)

Rosario Mosso Castro
Rosario Mosso Castro
Editora de Semanario ZETA.
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