Ahora que el llamado “Plan B” de la reforma electoral de Presidente Andrés Manuel López Obrador, es una realidad, autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California Sur han externado su preocupación ante las afectaciones que, aseguran, se avecinan. Entre ellas destacan un recorte de hasta un 50 por ciento en la plantilla de trabajadores en los cinco municipios de la entidad.
El vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE, Iván David Gómez Cabrera, expuso que tan sólo tomando en cuenta el área de Servicio Profesional Electoral Nacional, 10 de las 22 personas que laboran ahí ya no estarían en funciones en los próximos meses.
Explicó que con la entrada en vigor de esta reforma, las vocalías serán las áreas con mayor depuración: estima que 50 de las 130 personas que laboran en el INE en la entidad serán despedidas de sus cargos.
En estos momentos ya se instaló un Comité Técnico de Transición para llevar a cabo una restructuración con estos recortes que se avecinan.
No sólo se trata del hecho de que el INE en Baja California Sur contará con menos personal para la organización, desarrollo y proceso de posteriores a las elecciones, sino que además existe incertidumbre por la desaparición de fideicomisos.
El vocal precisó que ahora cuando una persona sea despedida de su cargo, el INE tendrá que pagarlo directo de su presupuesto anual y no de pasivos y fideicomisos (como se venía realizando).
“Algunas de las modificaciones han sido muy difundidas sobre el impacto en la estructura del INE y de órganos delegacionales. El efecto más importante es en las Juntas Distritales Ejecutivas, que son las trincheras de trabajo próximo durante un proceso electoral”, señaló.
Cada uno de estos órganos auxiliares funciona con cinco vocales distritales; sin embargo, la nueva ley sólo establece un vocal, por lo que, considera, la asistencia, funcionamientos y capacitaciones están en riesgo ya que se reduce el número de responsables en estas áreas.
“Está en riesgo la credibilidad, se corre el riesgo de una improvisación. La ley marca que los tiempos se acortan cuando generalmente estamos llegando a los límites de los tiempos de integración de las mesas de casillas. Estamos conscientes que el sistema electoral es mejorable, las reformas han hecho eso. Sin embargo, en esta ocasión nos parece que es regresiva; ataca la confianza en la institución para que el voto cuente bien”, reiteró.
Por otra parte, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS), Alejandro Palacios Espinoza, considera que la seguridad de las elecciones estatales está en riesgo por el “Plan B”.
Hizo hincapié en que la organización de estos procesos implica muchos meses de trabajo y que es un hecho que se verá afectado por la falta de personal.
“No hay de manera fija personal en los distritos, tendríamos que trasladar desde la Capital (La Paz) a los distritos para ayudar en las funciones que hacían antes las distritales; implica gasto e incertidumbre”, coincidió.
Recordó que el Plan B afecta indirectamente a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) con modificaciones en la estructura que se deben cumplir tres meses antes del inicio del proceso electoral, que arranca en noviembre de este año; es decir, que para agosto el IEEBCS debe encontrarse totalmente alineado a las nuevas disposiciones.
Con ello desaparecerán los 300 distritos y las vocalías, lo que implica el recorte de funcionarios capacitados.
“Queda incierto porque es casi imposible que una sola persona realice las funciones de cinco. Es muy incierto, es una gran incertidumbre sobre cómo se podría garantizar la seguridad de las elecciones”, insistió.
En réplica, Adrián Chávez, presidente del Consejo Estatal de Morena, defendió la reforma sosteniendo que no se trata de una modificación inconstitucional y que espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revire las impugnaciones que han interpuesto los partidos de oposición.
“Quien decretará si es constitucional o no será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, los conservadores han planteado una serie de descalificaciones en todo lo que han sido las propuestas de reforma de Andrés Manuel: que si es anticonstitucional, que si es autoritaria, que si se quiere reelegir, que si queremos desaparecer al INE, que si queremos desaparecer a la credencial de elector…”, declaró.
Agregó que la oposición no ha buscado generar un debate serio ya que, asegura, les conviene. Por ello sostiene que la reforma electoral no es inconstitucional, además la calificó como deseable y apoya a la mayoría de la población.
“¿Quién va a estar en contra de que haya sueldos nacionales en el INE y que no se paguen sueldos estratosféricos y de faraones a los actuales integrantes del INE? ¿Quién va a estar en contra de que desaparezca el seguro de gastos mayores, donde se le paga a un funcionario 50 mil pesos al mes con cargo al erario público?”, finalizó.
