En lo que va del año, 76 policías han sido asesinados en México. Baja California ha documentado cifras letales en Ensenada, Tecate y Tijuana, entre otras tantas agresiones armadas
La mañana del miércoles 22 de febrero, José Alberto Martínez Enríquez alias “El Potro”, conocido elemento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), fue agredido a balazos por varios sujetos que huyeron a bordo de un vehículo sedán, cuando salía de su domicilio ubicado en Pórticos de San Antonio.
Viajaba a bordo de su camioneta Chevrolet Tahoe color blanco, modelo reciente, con placas locales, en la que pretendía ir a trabajar. Al cierre de edición, jueves 23 de febrero, el agente se mantenía hospitalizado, grave pero estable.
El ataque armado fue sorpresivo. Días atrás, Martínez Enríquez había servido de espontáneo escolta a miembros del grupo Arriesgado en Tijuana, cuando estos fueron amenazados para no presentar su espectáculo.
No es el primer ataque en contra de policías en BC durante 2023. De hecho, policías municipales han sido las principales víctimas en prácticamente toda la entidad; desde el primer mes del año se documentaron asesinatos en Ensenada, Tijuana y Tecate, pero sólo uno cuenta con personas detenidas.
Según la organización Causa en Común, durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador se cuentan mil 893 asesinatos de policías, la mayoría agentes municipales.
Infortunadamente, sólo en 2023 ya se documentaron más de 70 homicidios de agentes, promediando 1.6 bajas oficiales sólo este año.
Si bien, pertenecer a una corporación de seguridad es un trabajo de riesgo, existe una serie de factores que lo vuelve aún más arriesgado, la mayoría tienen relación con la ineficiencia gubernamental.
Y es que una de las primeras justificaciones de las áreas de investigación, es que el oficial atacado o asesinado tenía algún nexo con la delincuencia organizada, como si tal argumento fuera redentor para los gobiernos, cuando la depuración policial es -precisamente- responsabilidad de los poderes ejecutivos de las entidades y del país.
Los uniformados que -en teoría- se vinculen a la delincuencia organizada, también representan una responsabilidad para el gobierno, pues no han tenido la capacidad de fincarles responsabilidad, procesarlos o al menos removerlos, lo que evidentemente les permite continuar con sus actividades ilícitas.
A lo anterior se suma que la nueva política de seguridad de López Obrador es debilitar a las policías locales. En cambio, su idea es invertir todo el dinero en la Guardia Nacional, cuyos elementos han sido utilizados más como un muro para los migrantes que para un verdadero combate a la delincuencia.
Según Causa en Común, Baja California se ubica en termómetro Naranja en torno a crímenes contra policías, y forma parte de las diez entidades federativas donde agentes preventivos o investigadores han sido asesinados.
¿Cómo solicitarle a un policía que proteja a la ciudadanía si los gobiernos no son capaces de protegerlos? La misma pregunta se puede hacer en torno al caso del agente José Francisco Pérez Tizcareño, acribillado mientras patrullaba la zona de Valle de las Palmas, donde fue “abandonado” por sus compañeros, pues las distancias e incapacidad de brindar una cobertura a todo el municipio, dejó en estado de vulnerabilidad al oficial, quien pereció a causa de las heridas sufridas en el lugar.
A todo esto, hay que agregar la poca capacidad de brindar justicia a sus familias y compañeros de armas, pues mientras el fiscal estatal Ricardo Iván Carpio Sánchez presume la compra de equipo de choque -cuando su labor es de investigación- o considera que la prioridad es instalar códigos QR y pintar patrullas, policías están siendo asesinados. Y en muy pocos casos hay verdadero avance.
