El cúmulo de potestades y facultades que la Constitución mexicana ha dado a los presidentes con la aprobación de distintas reformas, “ha comenzado a generar una disfuncionalidad profunda en el orden institucional del país”, afirmó el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Diego Valadés.
A falta de un mecanismo para que los representantes políticos supervisen, evalúen, aprueben o reprueben “la gestión de gobierno”, en un contexto en que el Presidente de México es primera autoridad en términos asistenciales, fiscales, gubernativos, militares, presupuestarios, entre otros, “la capacidad de gobernabilidad del país” se muestra mermada, indicó el jurista mexicano, quien ofreció una conferencia el 6 de febrero en Tijuana, a invitación de la Logia Masónica “Ignacio Zaragoza No. 3”.
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Durante la presente administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, distintos programas sociales ascendieron a rango constitucional, con una reforma al Artículo 4. A decir de Valadés, “todas las reformas que se han hecho en esa materia” derivan en “la multiplicación del poder presidencial en el país”.
Sin embargo, mientras que se priorizaron “las reivindicaciones sociales para conseguir por la vía clientelar una mayor penetración y dominación de la sociedad”, quedó de lado “la construcción de instrumentos que permitan funciones con los mínimos de eficiencia que son exigibles en cualquier sistema jurídico del planeta”, aseveró el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“En 2023 hay áreas territoriales del país que están sustraídas en buena medida a la capacidad de gobierno, a la capacidad de control político o incluso policial o militar por parte del Estado mexicano”, expuso, “en cuanto a áreas de afectación social el proceso más dañoso que podemos estar viendo en este momento es el de la extorsión, que está generalizado en todo el país y los procesos de violencia delictiva que afectan a sectores particulares”, agregó.
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Valadés aludió a los feminicidios, así como a los casos de agentes del orden (“policías municipales, estatales, federales”, elementos “del Ejército y la Marina”) que resultan “victimados”; entorno que, según remarcó, refleja cómo “la impunidad ha alcanzado cuotas altísimas”, al tiempo que “denota merma o déficit en la gobernabilidad de México”.
Para el también ex abogado general de la UNAM, “la solución del 17 (año en que se promulgó la Constitución en vigor) ya no es la solución del 23”, pues los problemas actuales de gobernabilidad generan “efectos adversos a los que se plantearon” 106 años atrás.
De igual forma, se pronunció por “preservar los derechos sociales, los derechos ambientales”. Esa medida en parte concurriría a “la nueva solución de México”; adicionalmente, habría que “construir un sistema de responsabilidades políticas que dé simetría a los Poderes de la Unión, que establezca formas de control” con las cuales la ciudadanía tuviere oportunidad de ejercer su respectiva “función de gobierno” con la intercesión de los representantes políticos, planteó.
De acuerdo con el investigador, la Carta Magna “es de las muy pocas normas supremas que existen en el mundo donde no existe la figura orgánica del gobierno, (sino) nada más la del Presidente”. El primer mandatario “lo es todo en el orden gubernativo del país”; en tanto que “alrededor de mil 500 jueces y magistrados” integran el Poder Judicial y “628 representantes de la nación” el Legislativo.
El titular del Ejecutivo ocupa “un espacio que está sustraído al control político de los representantes de la nación”, de esa manera, “queda sólo el control jurisdiccional”, circunstancia que “genera tensiones y cargas excesivas sobre el Poder Judicial de la Federación, a quien se le exige por parte de la sociedad que actúe como contrapeso del poder político del Presidente”, no obstante, “los juzgadores” en todo caso deben ceñirse a “resolver conforme a derecho”.
Al término de la conferencia impartida por Diego Valadés, a pregunta expresa de ZETA, el ponente mencionó que la asignación de lugares que se dio a los presidentes de la SCJN y el Congreso de la Unión, Norma Piña y Santiago Creel, en el acto por el 106 Aniversario de la Constitución, celebrado el 5 de febrero, constituyó “un desdén por la jerarquía de las instituciones”.
Mientras que ambos representantes fueron ubicados a un extremo del presídium, a López Obrador se le asignó lugar al centro.
De cómo el presidencialismo se ha acentuado particularmente en esta administración, Valadés atribuyó que a ello también concurrió la popularidad del primer mandatario:
“Es un caso excepcional el del apoyo que él recibió en la votación de 2018”, y “eso también explica esta expansión de la presencia del Presidente en todos los órdenes de la vida institucional y política del país”, remató.
