No hay un delito como tal que se haya cometido, es lo que me informan. No tengo la información completa, pero un tipo penal hasta el momento entiendo que no se ha encontrado, pero lo revisamos”, afirmó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sobre el caso Fisamex.
Hasta el 15 de febrero, la empresa Romafam, SA de CV -conocida como Fisamex– no había devuelto ni un centavo de los 354 millones 34 mil 28.46 pesos que le pagó la administración del ahora ex gobernador y actual senador morenista, Jaime Bonilla Valdez.
En cambio, el Gobierno del Estado ya regresó de las arcas bajacalifornianas, en dinero o mediante convenio, 105 millones 573 mil 966 pesos a 24 usuarios de las comisiones del Agua que ganaron recursos legales en contra de los cobros hechos con dictámenes de la empresa dirigida por Manuel García. Actualmente están en litigio otros 56 millones de pesos.
Tras resaltar que el Informe Específico de la Auditoría Superior del Estado (ASE) confirma que la contratación de Romafam fue “ilegal” y “no se justificaba”, el diputado panista Diego Echevarría Ibarra, anunció que presentará denuncias penales contra funcionarios y ex funcionarios ante la Fiscalía General del Estado (FGE), independientemente de la investigación que realice la Secretaría de Honestidad y Función Pública.
Las denuncias, a las que también se sumarán sus correligionarias Amintha Briceño Cinco y Alejandrina Corral Quintero, serán por la presunta comisión de los delitos de coalición de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones y daño patrimonial.
“Hay presunta responsabilidad de daño patrimonial porque no se estableció en los contratos las fianzas, las garantías” que señalaran que la empresa tenía que regresar el 20% cobrado si las Comisiones de Agua tenían que devolver dinero a los usuarios.
A dos años de la operación de Fisamex, “ya es tiempo suficiente para que exista una investigación terminada, señalamientos y denuncias correspondientes” contra los involucrados, consideró el legislador blanquiazul.
En 15 meses de la actual administración, no se ha visto acción penal alguna contra las personas que participaron en el caso Fisamex, “no se ha visto ningún resultado” respecto a alguna investigación que esté llevando la autoridad, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Francisco Rubio Rangel.
“La severidad de este asunto tiene que trascender hacia los particulares y se tiene que ir contra ex funcionarios de gobierno” basados en una investigación que dé como resultado que “pague quien tenga que pagar”. Desde un inicio se advirtió con preocupación del “boquete” que dejaría el gobierno anterior por esos dictámenes “fuera de norma”, agregó.
Alejandra María Ang Hernández, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, dijo que hasta que se revisen los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2021 de las Comisiones del Agua “se tendrían más elementos para analizar” la posibilidad de presentar denuncias ante FGE.
El tema de Fisamex podría abonar “a decisiones lamentables que se encabezaron en la administración pasada, y es evidente que independientemente de que seamos de Morena, el mismo partido, son situaciones que, en esta nueva administración, en este Congreso, no queremos continuar y estamos señalando”, indicó la legisladora.
DICTÁMENES DE FISAMEX, SIN SOFISTICACIÓN TÉCNICA
El Informe de la ASE fechado el 15 de febrero de 2023 señala que, por sus montos, los contratos debieron “haberse adjudicado como resultado de licitaciones”, en lugar de como lo hizo la administración de Bonilla Valdez, que los otorgó a Fisamex por adjudicación directa.
En los cuatro organismos del agua (CESPM, CESPT, CESPE y CESPTE) operó el mismo esquema de contratación: la aprobación de la contratación por el Consejo Directivo, la solicitud de contratación y su aprobación por un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, el cual “determinó que se adjudicaran directamente a la empresa Romafam, SA de CV”, argumentando que las Comisiones “no contaban con personal capacitado para las actividades a contratar”. Sin embargo, del análisis de los dictámenes emitidos por dicho Comité “se observa que no contienen explicación alguna relativa a circunstancias que pudieran provocar pérdidas o costos adicionales importantes para realizar licitaciones; y tampoco mencionan la información de naturaleza confidencial para el Estado que se hubiere podido comprometer con las mismas licitaciones”.
En tanto, los dictámenes de Romafam no presentan “una sofisticación técnica que justifique importes pagados por cada uno; de hecho, se pueden obtener en una simple hoja de cálculo en la que se establezcan las fórmulas correspondientes”. En ese sentido, la justificación de falta de personal capacitado “no resulta suficiente, ya que, con costos mucho menores, aun pagando horas extras, el personal de las Comisiones podía haber formulado los dictámenes”, indicó la ASE.
Además, observó que “es incongruente” el objeto del contrato con lo realizado por la empresa, habida cuenta que esta se limitó a formular dictámenes técnicos con información proporcionada por las Comisiones, “que a consideración de esta Auditoría no resultan aplicables a la determinación de derechos de conexión a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario previstos por la Ley de Ingresos del Estado de Baja California”.
ASE LLEVA 90% DE AVANCE EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES
La Auditoría Superior del Estado lleva un avance del 90% en la integración de expedientes, conocido como Procedimientos de Responsabilidad Sancionatoria (PRAS), basados en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California y fincados en cada una de las comisiones operadoras del agua.
Una vez que se integren por completo serán turnados a la Secretaría de Honestidad y Función Pública, la cual determinará las sanciones en caso de proceder, según información proporcionada a ZETA. Todo ello sin que exista un plazo para que los funcionarios que incurrieron en irregularidades tengan alguna responsabilidad.
La diputada Ang Hernández comentó que el máximo organismo fiscalizador generó un PRAS en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), cuatro en la de Mexicali (CESPM) y dos en la de Ensenada (CESPE).
Según la ASE, las principales irregularidades detectadas fueron la celebración del contrato mediante adjudicación directa; eximir al proveedor de la obligación de presentar pólizas de fianzas para garantizar el cumplimiento de obligaciones pactadas ante impugnaciones y devolución de montos por derechos pagados; así como el “conferir facultades administrativas al ‘prestador de servicios’, sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto en la Legislación que reglamenta el servicio de agua potable en el estado, estas facultades son exclusivas del personal de los Organismos operadores del agua”.
En el Informe Individual de la Cuenta Pública 2020 de la CESPE, la ASE advertía que Romafam había efectuado cobros “de más” en unos casos estudiados, debido a que la empresa aplicó Normas Técnicas para Proyectos de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, cuya aplicación no era procedente, puesto que son “competencia exclusiva” de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial.
El Informe Individual de la Cuenta Pública 2020 indica que la CESPT “no proporcionó evidencia documental que demuestre los servicios prestados”, ni referencias comerciales de la empresa, la relación del capital humano que utilizó para prestar el servicio, como títulos universitarios y/o cédulas fiscales.
Tampoco presentó un estudio financiero para determinar que a la empresa se le pagara el 20% de lo recuperado de las cuentas dictaminadas, ni las liquidaciones obrero-patronales que presentó ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
ZETA solicitó una entrevista con la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas, sobre la investigación en el caso Fisamex (misma que es distinta a lo hecho por la ASE), pero no fue concedida.
NINGUNA AUTORIDAD HA REQUERIDO A FUNCIONARIOS
El Informe de la ASE -firmado por su titular, Gilberto Gallego Cortez- señala que las Comisiones del Agua firmaron seis contratos con Romafam, SA de CV. Tres de ellos fueron signados por los entonces directores de la CESPM, José Armando Fernández Samaniego (1) y de la CESPTE, Edgar Darío Benítez Ruiz (2). Ninguna autoridad ha requerido a ambos funcionarios.
El Informe TIT/140/2023 detalla que en la CESPM se suscribieron dos contratos: AD-SER-04-2020, del 25 de mayo de 2020, firmado por Héctor Soto Ibarra como representante del organismo. Y el segundo, AD-SER-04-2020, signado por José Armando Fernández Samaniego, hoy secretario del Agua.
Samaniego señaló a ZETA que el contrato con dicha empresa se había firmado antes de su gestión al frente de la CESPM: “El suscrito no firmó contrato administrativo de prestación de servicios, sólo se firmó un modificatorio de ampliación de dos meses, por acuerdo del Consejo de Administración de CESPM, donde no tengo voto”.
En la CESPT se firmó el contrato AD-SERV-01-2020, del 28 de febrero de 2020, por Rigoberto Laborín Valdez, y el AD-001-2021, del 4 de enero de 2021, por Eliel Alejandro Vargas Pulido.
En CESPE suscribieron dos contratos (AD-SERV-01-2020 y otro sin identificar), siendo el representante de la paraestatal ensenadense, Marcelino Márquez Wong, el 15 de mayo de 2020 y el 1 de enero de 2021.
En CESPTE, en Tecate, se suscribieron los contratos ADSRP-CESPTE-BC-20-10 y ADSRP-CESPTE-BC-21-07, el 22 de mayo de 2020 y 4 de enero de 2021, por Darío Benítez Ruiz, hoy alcalde del Pueblo Mágico.
En entrevista con este Semanario, Benítez Ruiz aseguró que él siguió instrucciones, que no hubo dolo y está dispuesto a revisar con la ASE los temas, “pero no he sido requerido”.
“Yo venía llegando a la Comisión, se me explica por parte del equipo de Oficialía Mayor que en ese momento era Salomón Faz (…) A mí se me explica que el contrato ya estaba cuadrado conforme a lo aprobado en el Comité de Adquisiciones y yo nada más seguí instrucciones”, agregó.
Sobre alguna posible sanción, dijo: “Estoy completamente tranquilo, porque en ningún momento se actuó con dolo. Insisto, el tema Fisamex en Tecate se llevó de manera muy distinta a la del resto del Estado. Sería incongruente hablar de eso cuando tenemos personajes como Armando Samaniego, que también fue parte del asunto Fisamex, que hoy es el secretario del Agua. Tenemos que ser congruentes con la historia”.
Por último, de acuerdo con el edil tecatense, “hoy un Gobierno del Estado que quisiera ir duro con el tema Fisamex tendría que pegarle un balazo en la cabeza al amigo Samaniego y a otros personajes que estuvieron en el asunto Fisamex; Samaniego además fue un personaje que se fue durísimo contra varias empresas” que sí les “taponeó y cortó” el drenaje.
