Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, dictó, el 1 de febrero de 2023, la no vinculación a proceso en favor de Ramón Sosamontes HerreraMoro, ex jefe de oficina de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la titularidad de María del Rosario Robles Berlanga, al estimar que no había elementos para acreditar el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al ex funcionario federal de haber sido parte del convenio que firmaron Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) y la SEDESOL, el 20 de enero de 2015, para los spots de la campaña publicitaria “Dos años cumpliendo”, de la Cruzada contra el Hambre, acuerdo QUE en realidad ascendió a 601.6 millones de pesos, pero el político guerrerense supuestamente participó en un apartado, cuyos costos fueron de 203.7 millones de pesos.
Los conceptos de pago fueron el diseño, edición de audio, video y gráfico para piezas de comunicación, evaluación de hábitos de consumo de medios y aplicación de sondeos de opinión, para medir el alcance de la campaña, entre otros. A diferencia de otros convenios de la “Estafa Maestra”, en este asunto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que una parte de dichos recursos, un total de 40.6 millones de pesos, fueron transferidos al extranjero, triangulados a través de factureras, a China, Ecuador, Bélgica, Israel, Corea del Sur, Estados Unidos y Paquistán.
Sin embargo, Aquiles Villaseñor estableció que, contrario a lo sostenido por la Fiscalía General de la República, en este caso no era aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, porque el convenio de la SEDESOL Federal se hizo con un ente público descentralizado y la legislación referida aclaraba que en dicho supuesto no podría ser aplicada. El juez también puntualizó que la subcontratación con factureras, que llevó a cabo RTH, tampoco podía ser atribuida a Sosamontes HerreraMoro.
Por el mismo asunto, el político guerrerense -de 70 años de edad- fue citado a una audiencia de imputación, el 14 de octubre de 2021, pero por razones diversas, su comparecencia se fue difiriendo. No obstante, dicha determinación puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República, ante un tribunal colegiado de apelación.
El 17 de noviembre de 2020, Julio Veredín Sena Velázquez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó una suspensión provisional que impedía a la FGR detener a Sosamontes HerreraMoro, la cual protegía al ex funcionario federal contra la aprehensión por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.
En su demanda de garantías, el político guerrerense solicitó al juez federal la suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión, “reaprehensión”, citación o comparecencia, así como su ejecución, por parte de la Fiscalía General de la República.
El 29 de agosto del 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Sosamontes HerreraMoro, no obstante que el ex funcionario federal había solicitado un amparo contra ello. Sin embargo, Francisco Javier Rebolledo Peña, juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, aún no admite a trámite la demanda de garantías del político guerrerense, además de que solicitó aclarar el recurso jurídico.
Sosamontes HerreraMoroa promovió el 8 de agosto de 2020, el amparo 621/2019, contra cualquier orden de captura, el mismo día en que se realizó la primera audiencia de imputación contra Robles Berlanga, quien fue vinculada a proceso y permaneció en la cárcel casi 3 años, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, relacionado con el desvío de más de 5 mil millones de pesos.
El 13 de agosto de 2020, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, procesó a Robles Berlanga por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público y le decretó la prisión preventiva justificada por dos meses, al existir el riesgo de fuga, por lo que la ex funcionaria federal fue ingresada al Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.
El mismo 2 de febrero de 2023, la FGR informó que iniciaría una carpeta de investigación y presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), contra el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, quien no vinculó a proceso a Sosamontes HerreraMoro, por el caso de la “Estafa Maestra”, porque consideró que su fallo “ofende el Derecho y la recta impartición de justicia”.
A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República -cuyo titular es Alejandro Gertz Manero- anunció que abrirá una investigación contra el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, por delitos contra la administración de la justicia.
La institución de procuración de justicia dijo que, durante la audiencia del 1 de febrero de 2023, cuestionó el razonamiento empleado por el juez para librar de la imputación a Sosamontes HerreraMoro y que, en respuesta, Aquiles Villaseñor sólo manifestó estar a la espera de que los tribunales de alzada establecieron criterios que orientaran a los juzgadores.
“Ante tal respuesta, y ante el acuerdo de referencia, que ofende el Derecho y la recta impartición de justicia, esta Institución dará vista al CJF, para los aspectos administrativos que correspondan; también apelará el auto de referencia; e iniciará de inmediato una Carpeta de Investigación, con base en el artículo 225 del Código Penal Federal, respecto a delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos, fundamentalmente, en lo que se refiere a las fracciones VI, VII y VIII de dicho ordenamiento, que señalan las responsabilidades específicas de carácter penal aplicables al caso”, advirtió la Fiscalía General de la República.
“La FGR manifiesta su absoluto respeto al Poder Judicial Federal y a todos sus miembros, así como también reitera su obligación indeclinable de aclarar ante la opinión pública, cualquier información que así lo requiera, buscando la justicia pronta y expedita, actuando con estricto apego a la ley”, agregó..
Pese a lo anterior, la Fiscalía expresó su preocupación por lo que considera una “indebida interpretación” de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, en el fallo en favor del ex jefe de la Oficina de la SEDATU y la SEDESOL Federal.
“Sí le era aplicable al investigado en el procedimiento de contratación de servicios, ya que Radio y Televisión de Hidalgo ‘RTH’ no tenía la capacidad técnica, material y humana para que fuera ella misma la que prestara el servicio, en virtud de que subcontrató con 17 personas físicas y morales en un porcentaje del 94.6 por ciento del importe del contrato original, lo que la obligaba a someterse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como lo señala el artículo 1 de dicho ordenamiento”, señaló la FGR.
El citado apartado establece que la norma no se aplica a contratos de dependencias con entidades estatales, salvo en los casos que éstas no tengan la capacidad para prestar los servicios y subcontraten a terceros, como ocurrió en este asunto. Los fiscales federales hicieron ésta y otras manifestaciones durante la audiencia, pero no fueron atendidas por Aquiles Villaseñor, según señaló la FGR en el comunicado.
“También, el agente del Ministerio Público le comunicó al Juez la preocupación de la Fiscalía respecto de su indebida interpretación a la citada Ley de Adquisiciones, que impide el esclarecimiento de los hechos denunciados, misma que era contraria a las múltiples determinaciones emitidas por sus homólogos en casos similares en donde sí se vinculó a proceso a los imputados”, dijo la FGR.
“A todo ello, no hubo una respuesta fundada y motivada del juez, de conformidad con el criterio de esta Representación Social, manifestando únicamente al término de la audiencia, que ojalá y pronto la superioridad y los magistrados de Circuito emitieran criterios orientadores que le dieran luz para determinaciones futuras”, finalizó la Fiscalía.
¿QUIÉN ES RAMÓN SOSAMONTES HERRERAMORO?
Ramón Sosamontes Herreramoro, originario de Chilpancingo de los Bravo, capital del estado de Guerrero, es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestro en Administración Pública por la misma institución educativa.
En 1968 ingresó al Partido Comunista Mexicano (PCM), instituto político en el que militó hasta 1981. Durante ese periodo participó en la campaña presidencial de Valentín Campa Salazar, en 1976, y en la de Arnoldo Martínez Verdugo, en 1982.
En 1979 fue candidato del PCM a diputado federal por el V Distrito Electoral Federal de Guerrero. Después, Sosamontes HerreraMoro fue cofundador del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), en 1981. De 1997 a 1999 fue Jefe delegacional de Venustiano Carranza, y de ese mismo año hasta el 2000 lo fue en Iztapalapa, en el entonces Distrito Federal.
Asimismo, fungió como Secretario General del PSUM en el Distrito Federal, en 1985. Además, fue el primer coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en 1988.
De 1994 a 1997 fue diputado por la primera circunscripción en la LVI legislatura de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, donde fungió como vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, así como miembro de la Comisión Especial del Seguimiento a las investigaciones en torno a los atentados en contra de Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu.
Fue director de la policía auxiliar del Gobierno del Distrito Federal. Luego, de 2000 a 2002, fungió como subsecretario de Seguridad Pública en el GDF, cuya titular era la ex secretaria de la Sedesol y Sedatu con Peña Nieto. Sin embargo, en el año 2002 renunció a su cargo y se convirtió en el nuevo vocero durante la campaña de Robles Berlanga a la presidencia del PRD nacional, misma que ganó.
Robles Berlanga asumió la presidencia del PRD nacional de 2002 a 2003 y Sosamontes HerreraMoro se convirtió en el secretario de Asuntos Electorales de dicho instituto político a lo largo de un año. El político guerrerense renunció al PRD en marzo del 2004.
Sosamontes HerreraMoro fue uno de los personajes que supuestamente recibió dinero del empresario de origen argentino Carlos Agustín Ahumada Kurtz -ex pareja sentimental de Robles Berlanga, primera era Jefa de Gobierno del DF-, patrocinador de campañas, y después, desde las administraciones públicas, sus patrocinados le asignaban obras y contratos.
El 3 de marzo de 2004, fueron exhibidos una serie de videos -grabados en abril del 2003-, en los cuales Ahumada Kurtz reclamaba que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el DF había incumplido con otorgar dichos contratos. En ese entonces Robles Berlanga era presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática.
Ahumada Kurtz se dio a conocer en marzo de 2004, a raíz de la difusión de una serie de videos donde se le observaba sobornando a servidores públicos, que supuestamente era dinero para el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.
En los llamados “Videoescándalos”, se observaba a Kurtz Ahumada entregando maletínes o bolsas con fajos de billetes a René Juvenal Bejarano Martínez, entonces coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Además, entregó fajos de billetes a Carlos Ímaz Gispert, ex esposo de la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como ex presidente local del PRD en el Distrito Federal, y en ese momento titular de la Delegación Tlalpan, cargo al que tuvo que renunciar.
Años después, Ahumada Kurtz confesó que las grabaciones hechas en su oficina particular, fueron planeadas cuando llegó a un acuerdo con el entonces senador Diego Fernández de Cevallos y con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, para que se dieran a conocer los videos por televisión y conseguir protección por la acusación que tenía en su contra por un fraude por 31 millones de dólares.
El empresario de origen argentino fue detenido el 30 de marzo de 2004, en La Habana, por las autoridades cubanas, tras un pedido de extradición del Gobierno de México, siendo luego deportado a territorio mexicano, donde estuvo encarcelado por un presunto fraude cometido contra el GDF. Sin embargo, recuperó su libertad el 8 de mayo de 2007.
En octubre de 2012, como miembro del grupo Concertación Mexicana -que aspiraba a constituirse como partido político- Sosamontes HerreraMoro firmó un acuerdo con Enrique Peña Nieto, entonces candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
