Alrededor de 170 predios privados a lo largo de 3.5 kilómetros -de los más de 10- que abarcará el Viaducto Elevado Playas-Aeropuerto no han sido liberados, pese a que se ha anunciado que este febrero comenzará la obra en Tijuana, con una inversión de 8 mil 500 millones de pesos.
“Del gobierno nadie nos ha dado la cara”, denunció María de Jesús Orozco, una de las personas cuya vivienda resultará afectada por la nueva vialidad. Aseguró que no vio “ningún resultado positivo”, “ni nada nuevo” en la reunión entre una comitiva de residentes de la colonia Libertad parte baja y Catalino Zavala Márquez, secretario general de Gobierno del Estado.
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Si bien, se acordó que se irán conformando los expedientes por cada afectado, hay muchas preguntas sin respuesta, pese a que habitantes del Cañón de Zapata ya fueron a conocer el proyecto al Campamento Base de la obra que hará la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Lo que nos interesa saber es cuánto nos van a pagar el metro cuadrado de los terrenos. A la gente que no tiene documentos, a dónde la van a reubicar. Ése es el problema y el miedo de la gente, a dónde van a ir a parar. ¿Qué van a hacer con la gente que no tenga los documentos en regla, que no son dueños, nada más posesionarios? Más aún aquellos que van a perderlo todo”, expresaron.
En ausencia de algún servidor público del Poder Ejecutivo federal, personal de la firma O´Gorman&Hagerman ha ido a los domicilios de los residentes para colocar unas marcas con colores azules y rojos fosforescentes para identificar el espacio que se destinará al Viaducto. “¿Qué el gobierno no puede negociar directamente con nosotros?””, cuestionó la señora Orozco, quien manifestó temor de que comience a politizarse el tema.
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Otros colonos denunciaron que, de no aceptar, se les ha amenazado con despojarlos por parte de la Guardia Nacional y que un presunto abogado ya comenzó a pedir dinero para promover amparos. En un caso, a una señora de 79 años la defraudó con 3 mil pesos.
El miércoles 1 de febrero, un grupo de residentes del Cañón del Zapata, Cañón Otay y Cañadas (todas en la colonia Libertad parte alta) manifestaron estar en contra del proyecto. “Ahora resulta que le están metiendo más metros a una obra que se me hace tan tonta, porque si ustedes van a ver el aeropuerto, nunca se ha saturado esa vía (Bulevar Cuauhtémoc Norte) y quieren hacer una de dos puentes.
“Ustedes vienen del DF, donde en un metro ustedes pueden hacer milagros, entonces aquí también hagan un milagro y no nos pasen a chingar a nosotros nomás por un capricho de AMLO; después de que votamos por él y tanto que lo queríamos, ahorita ya lo tenemos en jaque al señor”, afirmó un residente.
Georgina Wilhelmy Woolfolk, directora general del Centro SICT Baja California -dependencia federal encargada de liberar el derecho de vía-, indicó que debido a que la obra es muy grande, de más de 10 kilómetros, hay tramos que el Ejército puede ir empezando. “Si no inician, no vamos a acabar esta obra si se esperan a tener todo el tramo liberado, hay que ir iniciando con la construcción”.
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La empresa está trabajando en la liberación, recabando información y están en ejecución los avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), para posteriormente negociar con los afectados y liberar el derecho de vía lo más pronto posible. Rechazó que la gente vaya a ser desalojada: “Que tengan la seguridad y tranquilidad que se les va a dar lo que corresponda, van a llegar a una negociación”.
Sobre una expropiación, la funcionaria federal indicó: “No sabría decirte porque eso no lo tenemos aquí. Lo manejan en el centro (del país), pero como se vaya desarrollando; creo que si hay la manera de negociar, no tendría que llegar a ese punto, a menos que hubiera un predio que no se encuentra el dueño, que no hay nadie, que nos pasa muchas veces”, pero la intención es que a nadie se le obligará a salir.
Kurt Honold, secretario de Economía e Innovación del Estado, consideró factible la expropiación, aunque tal vez se atrase la obra. “Pero de que se va a hacer, se va a hacer”, aseveró.
Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), refirió que hasta 800 millones de pesos se destinarán para el derecho de vía de alrededor de 170 predios privados; y dejó abierta la posibilidad que el Estado y/o el Ayuntamiento puedan ayudar a conseguirles una casa más económica a los afectados.
Dijo que la construcción del Viaducto Elevado podría arrancar en la segunda quincena de febrero, con el movimiento de infraestructura eléctrica, agua y drenaje. La nueva vialidad será construida en 18 meses para ser inaugurada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de que concluya su gestión en 2024.
A decir de Obed Silva, secretario de Movilidad de Tijuana, se están comenzando a revisar vías alternas para cuando se inicie la construcción del Viaducto. La parte “sensible” en materia vial será la Avenida Internacional y Garita de El Chaparral. “A lo mejor vamos a tener que regresar a lo que había hace 20 años, que era circular por la Calle Segunda” y tomar medidas para que se aproveche la amplitud total de la vía.
“Hay mucha desinformación, incertidumbre por parte de los habitantes de la (colonia) Libertad, que no se han acercado con ellos”, señaló Georgina Arana, regidora presidenta de la Comisión de Movilidad, quien consideró necesario que la autoridad federal se acerque a los colonos para que no se repita lo del Nido de las Águilas con el proyecto de la Garita Otay II, donde sólo se acercaron con algunas personas.
MEJORAS
El titular de la SIDURT comentó que entre las mejoras hechas al proyecto por parte de la Sedena se encuentra la incorporación de dos túneles, uno de ellos en la zona de El Soler. “Tiene la salida al aeropuerto en casi un doble piso, tiene el Puente del Cañón Zapata, tiene los puentes que irían por toda la zona elevada que va de San Ysidro, que va por la Internacional y los dos túneles, que uno es falso, y otro túnel en El Soler y Playas de Tijuana”.
17 POLÍGONOS DONADOS
El 1 de febrero, El XXIV Ayuntamiento de Tijuana entregó 17 polígonos (de uso vialidad) con superficie de 27 mil 496 metros cuadrados y un predio de mil 613 metros cuadrados a la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) para liberar 70% del derecho de vía del Viaducto.
Con ello, “pueden empezar a partir de ya a poner la primera piedra e iniciar” la construcción del Viaducto Elevado, dijo la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, quien negó que la donación afecte a ciudadanos.
CONTRATO DE 2.9 MDP, EN OPACIDAD TÉRMINOS
En septiembre de 2022, la SICT otorgó un contrato a OH Abogados, Sociedad Civil por 2 millones 996 mil 251 pesos (IVA incluido) para hacer trabajos previos de identificación de afectaciones para la construcción del Viaducto Elevado de Tijuana.
Según los datos relevantes del contrato número 2022-09-CE-A-165-Y-00-2022, publicados en Compranet como descripción general del documento, la SICT señala que se trata de una compra consolidada. “Es una estrategia de contratación pública que tiene como propósito obtener las mejores condiciones para el Estado, partiendo de la agregación de la demanda de los bienes y servicios que requiere”.
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OH Abogados, SC fue constituida el 8 de febrero de 2013, con domicilio en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México y conocida comercialmente por su marca O´Gorman&Hagerman; sin embargo, el acta constitutiva no fue hallada en el Registro Público de Comercio (SIGER) de la Secretaría de Economía federal.
En su página oficial, O´Gorman&Hagerman se describe como “un despacho especializado en derecho agrario, inmobiliario y de proyectos de infraestructura dedicado a prestar servicios legales, técnicos y de gestión social de altísima calidad”.
De 2020 a 2022, la firma obtuvo tres contratos: dos por adjudicación directa de la Secretaría de Economía por un monto total de un millón 44 mil pesos, según Plataforma Nacional de Transparencia. En ninguna de las dos plataformas fue publicado el contrato con la SICT.
