Los 12 integrantes del jurado de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, que resolverán respecto a la culpabilidad o inocencia de Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, solicitaron, el 17 de febrero de 2023, al menos 13 evidencias testimoniales para revisión, con lo que se alargó el proceso de deliberación para tener un veredicto.
Según lo narraron diversos corresponsales de diversas agencias y medios mexicanos y estadounidenses presentes en la Corte neoyorquina, la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York y la defensa del ex funcionario mexicano, deben acordar la entrega de la información. Mientras que el juez Brian M. Cogan explicó que aún no había “nada crucial, damas y caballeros”.
En materia del caso, los miembros del jurado realizaron 13 peticiones respecto de los testimonios de colaboradores del Gobierno estadounidense, entre ellos, los testimonios del Francisco Cañedo Zavaleta, ex agente de la Agencia Federal de Investigación (AFI) -dependiente de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR)-, y del narcotraficante colombiano Harold Mauricio Poveda Ortega, alias “El Conejo”, uno de los líderes del Cártel del Norte del Valle, respecto a que supuestamente Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”, secuestró a García Luna, cuando el entonces funcionario federal mexicano dejó de apoyarlo.
Así como lo dicho por a Jesús Reynaldo Zambada García, mejor conocido como “El Rey Zambada” -hermano de “El Mayo”, respecto a la supuesta entrega de sobornos a un sobrino de García Luna, Víctor Hugo García, para que Edgar Enrique Bayardo García -alias “El Tigre” y ex inspector de Operaciones de la Policía Federal Preventiva (PFP)- pudiera entrar a la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR, y quedar a disposición del Cártel de Sinaloa.
Los miembros del jurado también pidieron el testimonio de Édgar Veytia Cambero, “El Diablo”, ex titular de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, de enero del 2013 a febrero del 2017, respecto a un enfrentamiento con policías, así como un extracto de lo dicho por Sergio Villarreal Barragán, alias ‘El Grande’, ex policía federal y ex lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”.
Además del testimonio de Miguel Madrigal, agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), quien estuvo asignado a México de 2008 a 2015, respecto a las supuestas reuniones en el restaurante Champs Elysées -que se hallaba frente a la Embajada de Estados Unidos en México, en la avenida de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México-, en donde presuntamente funcionarios mexicanos se reunían con narcotraficantes para recibir sobornos.
Del mismo modo, los miembros del jurado solicitaron el testimonio de Héctor Javier Villarreal Hernández -director del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC) -durante el Gobierno de Humberto Moreira Valdés-, quien reveló que el ex titular de la SSP Federal ordenó el pago de 25 millones de pesos mensuales al diario mexicano El Universal, para que le “ayudara a limpiar su imagen”, y que en dicho dicho acuerdo, el entonces mandatario estatal fungió como intermediario con Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño del citado periódico.
“Ustedes son los únicos jueces” y deben “guiarse solo por la evidencia y lo que el gobierno ha probado más allá de la duda razonable”, señaló Cogan, el 16 de febrero de 2023, quien preside el juicio contra García Luna, quien está acusado por cinco cargos, cuatro de ellos relacionados con tráfico de drogas y un quinto de ofrecer información falsa a las autoridades migratorias estadounidenses, cuando solicitó la nacionalidad en 2018.
Aunque cada uno de los cargos se juzga por separado, el primero, “conspiración para distribución internacional de cocaína”, es el más complicado, según advirtió el juez federal. García Luna está acusado de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad.
Así como por conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.
El quinto delito que se le imputa es el de supuestamente prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad. Pero, además, los miembros del jurado tendrán que decidir, en caso de declararlo culpable, si García Luna abandonó, en 2012, la conspiración en la que supuestamente participaba.
En caso de determinar que en ese año dejó de conspirar y así se lo hizo saber a sus supuestos socios de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, entonces sus delitos habrían prescrito y solo sería condenado por el último de los cargos, el de no decir la verdad cuando se le preguntó si había cometido un delito por el que no había sido procesado.
Los 12 miembros del jurado tenían hasta las 16:30 horas del 17 de febrero de 2023, para llegar a un veredicto o, de lo contrario, volverían a deliberar hasta el día 21 del mismo mes y año, ya que el 20 es día feriado. No obstante, no tiene una fecha límite para tomar una decisión, que, tanto si es la de culpabilidad como la de no culpabilidad de García Luna, deberá ser unánime.
